Los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional deberán remitir “en forma inmediata” a la Justicia la documentación que posean sobre el copamiento de 1989 al Regimiento de La Tablada. Así lo señala un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, publicado en el Boletín Oficial. El material incluye expedientes, documentos, fotos y grabaciones del operativo de recuperación del cuartel en el que hubo 39 muertos, entre ellos ejecuciones ilegales y tres de-saparecidos. La medida es una respuesta al informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997. Los querellantes aseguran que es la primera vez que la Justicia y el Ejecutivo avalan ese informe y encolumnan el trabajo detrás de esa resolución.

Según los querellantes, los jueces que tuvieron la causa desoyeron las recomendaciones de la CIDH, que apuntaban a garantizar una investigación sobre las torturas y ejecuciones que se cometieron durante la recuperación del cuartel. Uno de los casos más simbólicos es el del juez Gerardo Larrambebere: le dio a la policía la documentación que tenían los militantes del MTP que participaron de la toma. Sobre esos documentos se elaboró la sentencia. Otro de los ejemplos es lo que sucedió con los cuerpos. Las fuerzas de seguridad los destrozaron. Con el tiempo, algunos cadáveres que estaban en una fosa común pudieron reconocerse, pero cuando empezaban a estudiarlos volvieron a mezclarlos.

Roberto Felicetti entró en el regimiento, estuvo preso y es un sobreviviente. “Hasta ahora nadie daba respuesta al reclamo –dice–. Esto es un punto de partida, muy positivo pero un punto de partida; ahora hay que determinar la responsabilidad de las torturas y desaparecidos como también indicó el informe de la CIDH.”

En los hechos, por el Decreto 1578, el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional 1 de Morón a cargo del caso tendrá “el acceso irrestricto a los documentos relacionados con la causa”. Lo mismo sucederá con “cualquier otro magistrado a cargo de la causa”. La norma también “releva de la obligación de guardar secreto a los agentes o ex agentes de organismos del Sistema de Inteligencia Nacional” que presten declaración indagatoria o testimonial, excluida la “información de inteligencia estratégica militar”.

El decreto cita el informe de la CIDH y un pedido del 14 de febrero pasado del juzgado para que el Poder Ejecutivo “dispusiera la autorización” para que los organismos de inteligencia remitan “en forma inmediata” la información disponible. Allí no aparece, sin embargo, una de las razones que dispararon el reclamo sobre los archivos de la SIDE. Según el abogado Rodolfo Yanzón, se trata del testimonio de un integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, que dijo que vio cómo se ordenó el traslado de Carlos Samojedny, hoy desaparecido, desde el Regimiento hasta el Comando Radioeléctrico de Lanús.

En septiembre de este año, el general Alfredo Arrillaga fue detenido por su actuación en Mar del Plata durante la última dictadura. El 23 de enero de 1989 fue el encargado de recuperar el cuartel. Los familiares piden que se avance con su condena.