Frente a las primeras señales del impacto de la crisis financiera global sobre la economía doméstica, el Gobierno reaccionó tratando de “administrar” un probable escenario de mayor conflictividad social. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibió ayer durante una hora y media al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y al presidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain. El encuentro se repetirá la próxima semana y se sumarán otros funcionarios para “monitorear” la situación del empleo, la actividad fabril y el ritmo de importaciones. El industrial advirtió que la desaceleración de la producción ya es evidente, y eso lleva a empresas de distintos rubros a recortar horas extras, adelantar vacaciones y, en algunos casos, aplicar suspensiones. Moyano reclamó cuidar los puestos de trabajo, pero también insistió en que el salario real no debe quedar retrasado. Tomada valoró que esta vez las cámaras patronales y los sindicatos “reman para el mismo lado”.

El diagnóstico común fue que el panorama es preocupante y que el crecimiento económico inevitablemente se resentirá. También destacaron que en comparación con otros shocks externos, la Argentina se encuentra “mejor parada” para afrontar la crisis. Sin embargo, tanto el Gobierno como empresarios y gremialistas advierten que en los próximos meses la tensión podría ir en aumento. El Ejecutivo busca anticiparse y contener a las partes fijando de antemano algunas reglas o parámetros para amortiguar los efectos. La prioridad es preservar el empleo. Fuente gremiales dijeron a este diario que, llegado el caso, reclamarán la vuelta de la doble indemnización, que se aplicó desde 2002 y mientras la tasa de desocupación se ubicó en los dos dígitos.

“La reunión se hizo para proteger el trabajo y la producción”, planteó la cartera laboral a través de un comunicado. “Se compartió el diagnóstico de una Argentina mejor parada que en situaciones internacionales adversas anteriores, con recursos para hacer frente al contexto financiero que hoy vive el mundo”, agregó. Luego sostuvo que la CGT y la UIA se comprometieron “a trabajar junto con el Gobierno para unificar esfuerzos que impliquen conservar la política de empleo, mantener la actividad productiva y comprar insumos argentinos para potenciar la actividad económica del país”.

Lascurain negó que en la reunión se haya discutido la posibilidad de un plus salarial de 500 pesos antes de fin de año. “El sector industrial no está en condiciones de pagar 500 pesos y éste no es el contexto para esa discusión. Hay que proteger la producción. El tema pasa por ahí. Además, cerramos la paritaria hace cuatro meses con fuertes recomposiciones salariales; así que esperaremos al año que viene”, descartó el presidente de la UIA. Desde la CGT se negaron a dar por caído el reclamo, aunque reconocieron que la negociación quedará para más adelante, cuando los mercados se calmen.

“La desaceleración del nivel de actividad es más importante de lo que se creía”, afirmaron a PáginaI12 desde la central fabril. “Hay una retracción de la demanda que afecta a distintos sectores, como el textil, el metalúrgico, el automotor y las autopartes, la madera y el papel”, ejemplificó Lascurain a este diario. “Lo primero que se reducen son las horas extras, después se adelantan vacaciones, puede haber suspensiones y si los problemas siguen aparecen los despidos, que es el punto al que nadie quiere llegar”, indicó. Por ahora, los dos primeros recursos son los más usados por industrias de distintos sectores, mientras que las suspensiones también existen, pero en menor proporción.

Lascurain comentó que le entregó a Tomada el documento de la UIA sobre la cuestión cambiaria. “La relación entre el peso y el real nos ubica en un nivel de competitividad similar al que teníamos en 2001. No nos alcanza”, enfatizó. La CGT, a su vez, le dio al ministro de Trabajo el documento que aprobó anteayer en el Comité Central Confederal, en el que plantea la necesidad de cuidar los puestos de trabajo, pero también los salarios. El otro tema que trataron en la reunión fue el proyecto de ley de riesgos del trabajo, que las partes buscan dejar listo antes de fin de año.

Una de las muestras del impacto de la crisis en el nivel de actividad la dio el presidente de la fábrica de hilados TN Platex, Teddy Karagozian. Reveló a este diario que hace tres semanas sus clientes brasileños cancelaron pedidos por 500 toneladas, que ya estaban en viaje hacia ese país. “Los camiones estaban esperando en la frontera y nos llamaron para anular los contratos. Nosotros exportamos el 20 por ciento de nuestra producción a Brasil”, precisó. El empresario, también dirigente de la Fundación ProTejer, reconoció que en el sector textil existe un número importante de empresas que recortaron horas extras y adelantaron vacaciones a su personal. “La demanda interna ya venía cayendo y nosotros tratamos de compensarlo aumentando las exportaciones a Brasil. Ahora no sólo les vamos a vender menos, sino que tenemos que cuidarnos de que no ocasionen un descalabro con sus exportaciones”, afirmó, aunque sostuvo que confía en que el Gobierno tome medidas para evitarlo. La próxima semana, además de Tomada se reunirán con Lascurain y Moyano el secretario de Industria, Fernando Fraguío, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía.