El ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, admitió errores en el sistema de compras centralizadas de insumos, que implementó la gestión de Mauricio Macri y que derivó en una crisis de abastecimiento en la mayoría de los hospitales de la ciudad. Lo hizo en un informe que presentó ayer en la Legislatura porteña, donde fue cuestionado por el sistema de selección de nuevos directores, que los más altos representantes del gobierno presentan como “concurso” pero que para los diputados de la oposición no es más que “una selección poco trasparente, sin reglamentación”. También hubo críticas a un convenio que el Ministerio de Salud firmó con el Hospital Italiano para “asesoramiento y provisión de un software para la gestión hospitalaria”. El ministro concurrió con un grupo de colaboradores, que dejaron constancia de que el Ministerio de Hacienda aprobó el nombramiento de sólo nueve agentes –entre profesionales y empleados– de los 3400 que habían ganado concursos y que había prometido incorporar su cartera.

Lemus concurrió a la Legislatura en medio de la crisis que aflige al sistema de salud porteño y que desencadenó protestas, como las que se llevarán a cabo hoy en los hospitales Argerich y Alvarez (ver recuadro). Allí, ante la consulta de los legisladores de la oposición, defendió los convenios con universidades privadas para la realización de residencias en hospitales públicos, pero garantizó que se respetará “la totalidad de la demanda de la universidad pública”, con lo cual descartó la fijación de cupos.

Como si fueran pocos los pasos atrás que ha dado la gestión de Macri en distintos ámbitos, Lemus dio cuenta ayer de uno más: “Estamos discutiendo con la ministra (de salud de la Nación Graciela) Ocaña la incorporación de la ciudad al Programa Nacional de Producción Pública de Medicamentos”. El diputado Martín Hourest (Igualdad Social) le recordó que fue el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien en enero de este año vetó la ley que impulsaba la fabricación de productos farmacéuticos por parte del Estado porteño.

“Actualmente estamos haciendo en forma centralizada el 46 por ciento de las compras y esperamos llegar a fin de año con una reducción al 30 por ciento”, afirmó el subsecretario de Administración de Sistemas de Salud, Néstor Kirby. El funcionario admitió que el desabastecimiento en los hospitales se originó por “el atascamiento en la distribución” de los insumos, por lo cual se resolvió que “la entrega se haga en forma descentralizada directamente por el proveedor”. De esa manera, nadie controla si la entrega se corresponde con el pedido realizado en forma centralizada.

La crisis de los insumos estalló en julio, después de que los profesionales de distintos hospitales comenzaron a denunciar el desabastecimiento. “Actuaron en forma improvisada y ahora les tienen que devolver el 70 por ciento de las compras a los directores de quienes ellos mismos sospechaban por supuestos sobreprecios”, advirtió Diana Maffía, de la Coalición Cívica. “En todo lo que interviene el Ministerio de Hacienda está trabada la ejecución del presupuesto”, cuestionó.

Uno de los cuestionamientos más duros que tuvo que afrontar el ministro fue el referido al sistema implementado para designar a los nuevos directores de hospitales. El diputado Aníbal Ibarra le reprochó que tanto el jefe de Gobierno como el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, hablaran ante los medios de “designaciones por concurso” cuando en realidad el propio Lemus explicó que se trataba de “una elección a partir de una selección previa realizada por una junta asesora entre varios postulantes”.

El eje del conflicto fue el desplazamiento del director del Hospital Argerich, Donato Spaccavento, a quien el jefe de Gobierno le aceptó la renuncia y la “comisión asesora” lo excluyó de entre los postulados porque “no cumplía el requisito de haber ganado por concurso un cargo de conducción”. “Estos requisitos no han sido publicados, no se sabe quiénes son los postulantes. Se trata de una selección trucha disfrazada de concurso”, objetó Ibarra.

Lemus ratificó que no se cerrarán el Borda y el Moyano hasta que estén en funcionamiento las unidades que lo reemplazarán, y que “se reforzarán y extenderán” los talleres protegidos en el área de salud mental. Sobre ese tema dará más detalles el próximo 27 de octubre, en la Legislatura. Para la vicepresidenta de la comisión de Salud, la kirchnerista Alicia Bello, “las respuestas no fueron convincentes”. El titular de ese bloque, Diego Kravetz, fue más allá: volvió a pedir la renuncia del ministro.