Tres ex jefes de subzonas militares, responsables de los centros clandestinos Mansión Seré y La Cueva de Mar del Plata, fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 5 en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad que concluye durante 2008. El coronel retirado Alberto Pedro Barda, responsable máximo de la represión en Mar del Plata, recibió la pena de prisión perpetua, aunque gracias a sus 82 años seguirá detenido en su departamento de Libertador 4496. Los brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, primeros oficiales de la Fuerza Aérea condenados por secuestros y torturas desde la reapertura de las causas en 2003, deberán afrontar penas de 25 años de prisión, aunque continuarán excarcelados al menos hasta que la sentencia quede firme.

A pesar de la acordada de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada ordenó garantizar la publicidad de los juicios, el tribunal que preside Guillermo Andrés Gordo impidió el ingreso a camarógrafos y reporteros gráficos. Permitió a los canales de televisión tomar la señal de circuito cerrado para verlo a él leyendo la sentencia –que los represores siguieron desde sus casas–, pero prohibió por la mañana que la sociedad conozca y escuche las últimas palabras de los acusados.

Los querellantes se mostraron satisfechos con las penas, aunque esperan que al confirmarse las cumplan en una cárcel. “Son genocidas añosos, no ancianos. En base a lo que sembraron deben esperar la muerte en prisión”, explicó el abogado marplatense César Sivo. “Barda debió ser condenado a los 50 años, no a los 80. Es inaceptable que sólo se tome en cuenta la edad en personas que durante años se ocuparon de sortear a la justicia”, agregó. “Estamos conformes con los 25 años, pero pedimos la revocatoria de la excarcelación, tanto por la posibilidad de que se fuguen para no ir presos como de que entorpezcan el avance de las investigaciones en zona oeste, ya que les esperan varios juicios”, consideró Liliana Mazea, abogada de Justicia Ya! El fiscal federal Félix Crous, que también pidió cárcel común, prefirió esperar a conocer los fundamentos de la negativa.

A primera hora de la mañana los fotógrafos se encontraron con la mala nueva. Pese a la orden suprema para que el tribunal garantice la difusión de juicios “de trascendencia pública que generan gran interés en la sociedad”, los secretarios de Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, se vieron en el ingrato rol de tener que explicar la interpretación de Sus Señorías.

–No tienen problema en que ingreses, pero sin la cámara –fue la memorable explicación que recibió el fotógrafo de Páginai12.

Un día antes, la orden había sido ignorar la acordada. “No fuimos notificados”, explicaron a los primeros reporteros que intentaron acreditarse, conscientes de que nadie iba a notificarlos. Como el martes la resolución se publicó en el Boletín Oficial, apelaron a la lectura mezquina. “Dice ‘permitir la difusión radial y televisiva’, que se garantiza con el circuito cerrado”, sostuvieron. Cuando les recordaron que la acordada ordena decidir “la ubicación de cámaras de televisión y repoteros gráficos” no supieron qué responder. A instancias de la agrupación HIJOS, un escribano certificó el incumplimiento de los jueces, cuya conducta deberá analizar la Corte Suprema. La Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) repudió ayer “la postura obstruccionista” del tribunal, que “tergiversó su potestad de reglamentar el acceso a la prensa para transformarlo en lisa y llana prohibición de ejercer la tarea periodística”.

Tanto por la mañana, cuando dijeron sus últimas palabras (ver aparte), como a la hora de la sentencia, la sala estuvo repleta de víctimas, familiares y miembros de organismos. Apenas tres hombres mayores fueron a ver a los brigadieres. Luego de rechazar planteos de prescripciones e incompatencias, Gordo leyó la condena a Barda, la decimoprimera prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad de 2008.

–¡Bravo! –gritó una persona, y fue suficiente para que Gordo frunciera el seño y con esmerada voz grave amenazara con desalojar la sala.

Barda fue condenado por los homicidios agravados de Analía Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro más los secuestros y tormentos de ambos y de la mujer de Candeloro. “Pasaron 31 años, parece mentira”, confesó tras el fallo Marta García, que padeció a Barda en La Cueva y ya declaró 45 veces. “Es demasiado larga la espera para aceptar el privilegio de que siga en su casa. Y debe ser juzgado como jefe de subzona por todos los crímenes que cometió, no sólo por tres casos”, reclamó.

Mariani y Comes comandaron en 1977 y 1978 la Fuerza de Tareas 100, creada para cumplir “funciones antisubversivas” en zona oeste, donde funcionó Mansión Seré, y fueron condenados por ocho y seis secuestros y tormentos agravados respectivamente. La pena de 25 años de prisión surge de los votos de Obligado y Farías. El contenido de la disidencia parcial de Gordo se conocerá el miércoles cuando se lean los fundamentos. El tribunal también ordenó que se investigue al capitán Fortunato Valentín Rezett, que recibió a la secuestrada Magliaro en el Grupo de Artillería que comandaba Barda antes de que la asesinaran, y al brigadier mayor Miguel Angel Osses, superior de los aviadores que recibió la orden para que la Fuerza Aérea se encargara de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón. “Estamos contentos, ahora queremos cárcel común”, reclamó Martín Sabbatella, intendente de Morón, que convirtió Mansión Seré en una Casa de la Memoria y aportó su investigación a la causa. Destacó la importancia “de enfrentar al Estado terrorista desde el propio Estado” y de haber confirmado “la responsabilidad de la Fuerza Aérea en el plan sistemático en zona oeste”.