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Por L.V.

Después de haber pasado un año y medio con prisión domiciliaria, Raúl Castells fue absuelto en el juicio por la toma de la Municipalidad de Lomas de Zamora. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 consideró que durante la protesta que los desocupados realizaron en junio del 2001 en reclamo de comida no había habido violencia ni amenazas. La absolución fue dada a conocer a las 5 de la mañana del domingo, tras lo cual Castells recuperó la libertad. En la puerta de los tribunales hubo, mientras duró el proceso, un campamento de protesta piquetero.
Castells estaba acusado de los delitos de coacción agravada, privación ilegal de la libertad, usurpación e incitación a la violencia. La toma de la municipalidad por la que fue juzgado se realizó como respuesta ante la interrupción de los envíos de comida a treinta asentamientos. El miércoles 13 de junio del año pasado, a las nueve y media de la mañana, más de 600 personas se reunieron en la puerta de entrada del edificio comunal, para pedir 8500 kilos de alimentos y 150 planes de empleo. Un grupo ingresó al patio de la intendencia y otro rodeó los ingresos de la sede, para exigir ser atendidos por el (ex) intendente Edgardo Di Dío. La municipalidad estaba de paro debido a que los empleados no habían cobrado sus sueldos.
La policía llegó una hora después de la toma, con tropas de infantería y caballería. Desde el exterior del edificio, seis fiscales siguieron la situación.
Los desocupados fueron atendidos por el intendente y otras autoridades, quienes reconocieron que, efectivamente, “por algún error” la comida permanecía en los depósitos sin ser enviada a los barrios. Admitida tal situación, se firmó un acta acuerdo, tras lo cual Raúl Castells, quien había encabezado las negociaciones, fue detenido.
El juicio oral se extendió desde el viernes hasta la madrugada del domingo. Los funcionarios municipales se convirtieron en testigos clave del caso, ya que aseguraron que no habían sido amenazados, incluido el intendente Di Dío, quien declaró el sábado. En el expediente judicial, dos empleados de seguridad habían declarado que Castells amenazó con quemar el lugar si los reprimían. Di Dío sostuvo en cambio que Castells no lo intimidó ni lo obligó a entregar los bolsones de comida durante la toma.
Mirta Quiroga, ex subsecretaria de Acción Social, reconoció asimismo que Castells tenía razón al reclamar por la comida, ya que había un acuerdo que no se estaba cumpliendo sin que ella lo supiera. Ambos testimonios ya habían sido prestados durante la instrucción, pese a lo cual el dirigente siguió acusado de coacción agravada, delito no excarcelable.
El sábado, el fiscal Jorge Michelini desistió finalmente de mantener ese cargo, aunque solicitó que se condenara al dirigente con una pena de 2 años y 4 meses de prisión.
Los alegatos terminaron a las once de la noche del sábado. Mientras en la puerta de los tribunales los manifestantes esperaban la resolución del tribunal, desde un Ford Falcon dispararon contra los desocupados. Uno de ellos fue herido en la espalda, con un roce sin gravedad.
Castells fue liberado a las cinco de la mañana. Dijo que mañana estará marchando nuevamente con el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, y otras organizaciones sociales. “Tengo una alegría por la liberación, pero la bronca después de tanto encierro: recuerdo los días de celdas mugrientas, de comisarías, cárceles de máxima seguridad y arresto domiciliario y la impotencia de ver los compañeros marchar”, expresó.
Los abogados defensores Ivana Dal Bianco, Rubén Tripi (del Ceprodh) y Jorge Ceballos informaron que el tribunal dará a conocer en el curso de la semana los fundamentos de la absolución. Dal Bianco calificó al proceso como “una causa política, tanto desde el origen de las figuras penales por las que se lo acusó como de la estructura de la acusación, ya que en las audiencias orales la fiscalía no pudo probar nada”.
Uno de los puntos de debate fue el de la legitimidad de las tomas de edificios públicos como método de protesta. Los defensores sostuvieroncomo argumento la idea de que la propiedad “corresponde a los vecinos, quienes tienen derecho a utilizarlo para reclamar”. Los jueces prefirieron poner el acento en que el día de la toma había paro, con lo cual no hubo entorpecimiento del funcionamiento municipal.
El titular del MIJD reclamó 5 millones de kilos de alimentos y 100 mil planes trabajar como indemnización por los 1214 días que pasó bajo arresto.
Castells recibió el apoyo de distintas figuras políticas el viernes, en una movilización desde el Puente de La Noria hasta la sede judicial, en cuya cabecera marchó el precandidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá.
Los piqueteros del Polo Obrero, que participaron del acampe frente a los tribunales, tomaron distancia de la presencia del puntano y festejaron con un acto junto a Castells el fallo judicial.
Castells ya había afrontado otros procesos por encabezar reclamos sociales. En el 2000 fue enjuiciado por pedir alimentos en el hipermercado Wal Mart, de Avellaneda, y el año pasado por haber escrito en una pared del PAMI “Cavallo ladrón de los jubilados”.