La causa por los homicidios, torturas y privación ilegítima de la libertad cometidos por una docena de agentes penitenciarios en la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura estaba a punto de ir a juicio oral. Pero los centenares de víctimas –la mayoría de ellas sobrevivientes– tendrán que esperar porque encontraron una alarmante sorpresa: nueve de los imputados fueron sobreseídos por el juez federal Manuel Blanco respecto de varios casos, entre ellos los de los ex presos políticos Jorge Taiana, Julio César Urien y Pablo Díaz.

La sobreviviente y querellante Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), apeló esta decisión ante la Cámara Federal platense porque “cada día, aun a treinta años de los hechos, surge un nuevo testimonio que permite reconstruir una historia o confirmar el paso de un compañero por algún centro clandestino de detención, del cual sólo se sabía su desaparición” y, sin embargo, el “acusador público (fiscal) asumió su inactividad y dio por sentado que no tendrá éxito en un posible intento de colectar nuevos testimonios”. Los acusados irán de todos modos al banquillo pero, de no prosperar esta apelación, unos cuarenta casos quedarán impunes en forma definitiva.

Cuando el juzgado de Blanco decidió que ya era hora de elevar a juicio oral la investigación de lo ocurrido en la tenebrosa Unidad 9, esa querella se opuso porque consideró que los agentes penitenciarios, que ya estaban procesados, debían ser acusados por otros 254 casos, de los cuales 173 eran sobrevivientes que, en su mayoría, no habían sido convocados y podían aportar su “contundente voz”. La paradoja consiste en que el caso de la Unidad 9 es uno de los que cuenta con más sobrevivientes, a diferencia de otros centros clandestinos, que podían haber sido llamados como testigos. Y sin embargo esto no ocurrió, según la apelación de Eloy, dado que el magistrado se limitó a incorporar testimonios de otras causas como el Juicio por la Verdad de La Plata.

El fiscal Sergio Franco determinó el 28 de octubre que “no existiendo nuevas pruebas a producir”, correspondía dictar el sobreseimiento de los imputados respecto de esos casos. Los camaristas de la sala II habían determinado que respecto de esas víctimas había que dictar la falta de mérito, pero no como un paso previo hacia el sobreseimiento, sino indicándole al juez que debía producir pruebas para sostener la acusación por esos casos. “En modo alguno (la Cámara) descartó de plano ninguna imputación y, lejos de eso, instó al tribunal de instrucción a proceder en la investigación y requerimiento respecto de médicos, civiles, funcionarios de la Justicia e incluso agravó las condiciones en que fuera calificado el hecho o el grado de autoría o participación”, dijo Eloy en su apelación. De hecho, la Cámara decidió en septiembre de 2007 que sean investigados el fiscal Antonio Raimundi y los jueces Pedro Luis Soria (hijo) y Héctor Decastelli por su actuación en la causa iniciada por la muerte de Marcos Ibáñez Gatica, que estuvo detenido en la Unidad 9. Y también ordenó investigar al ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean, a Carlos Sánchez Toranzo y a los genocidas Leopoldo Galtieri y Albano Harguindeguy.

En los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura es habitual que las Cámaras verifiquen la falta de pruebas y ordenen a los jueces producirlas. En la práctica, esos expedientes llegan a juicio sin los casos cuestionados por insuficiente evidencia, que quedan pendientes. Lo insólito, según marcaron desde la AEDD, es que en este caso el fiscal y el juez hayan coincidido en “la clausura total y definitiva de toda posibilidad de persecución penal” para esos casos.

Abel Dupuy, que era el jefe de esa cárcel, está procesado por siete privaciones ilegales de la libertad, 142 torturas y siete homicidios y fue sobreseído por 26 víctimas: Horacio García, Hugo Ruiz Díaz, Julio Machado, Carmelo Cipollone, Horacio Micucci, Eduardo Zavala, Ernesto Muller, Jorge Podolsky, Gabriel Marotta, Dardo Cabo, Roberto Pirles, Horacio Rapaport, Julio César Urien, Elías Musse, Rubén Romano, Jorge Taiana, Ricardo Rodríguez Saa, Eduardo Braicovich, Raúl Correa, José Zelaya, Eduardo Shaposnik, Eduardo Torres, Julio Machado, Javier Herrera, Pablo Díaz y Moisés Lintridis. Similar situación involucra a sus ex subordinados Isabelino Vega y Víctor Ríos. El agente Elvio Cosso fue sobreseído por once casos, Raúl Rebaynera y Ramón Fernández por siete, Jorge Peratta por seis, y Valentín Romero y Segundo Basualdo por dos.

El Servicio Penitenciario Federal no tiene nada que envidiarles a las Fuerzas Armadas y de seguridad en cuanto a su protagonismo como ejecutores del terrorismo de Estado. Cuando la APDH La Plata pidió la detención de Dupuy y del torturador Ramón “Manchado” Fernández, describió que “la Unidad Penal 9 de La Plata fue una de las cárceles que más presos políticos recibió durante la última dictadura cívico-militar. Gran parte de esa población provenía de los centros clandestinos”. E indicó: “Esos detenidos, que llegaban torturados, con hambre y, en muchos casos, en magras condiciones de salud e higiene, encontraban en la Unidad 9 –donde eran ‘blanqueados’ y puestos a disposición del Poder Ejecutivo– un trato similar al que recibían en los centros clandestinos”. En la U9, los homicidios y desapariciones eran encubiertos. Los presos que sufrían estos delitos eran liberados por la noche o de madrugada y en la misma puerta del penal eran secuestrados. De esa manera, su salida formal de la dependencia estaba asentada en los libros de la cárcel. También hubo casos de presos que fueron asesinados en un traslado, como los de Georgiadis, Rapaport, Dardo Cabo y Rufino Pirles. El organismo de derechos humanos señaló que en la U9 “la tortura se manifestó en sus facetas psicológica y psíquica. A las palizas y malos tratos se sumaba el nombre popular de uno de los pabellones: ‘Pabellón de la muerte’. Sólo quienes sufrieron el cautiverio en esas condiciones pueden expresar la sensación de desamparo frente a esa denominación y al conocimiento de que, en el penal o a la salida, podían ser asesinados o desaparecidos”.

Una de las más de doscientas víctimas fue Jorge Julio López, que llegó a la U9 en abril de 1977, luego de haber pasado por otros centros clandestinos, y fue liberado en septiembre de 1979, en coincidencia con la visita de la OEA. En este juicio faltará como testigo, ya no por la omisión de un juez o un fiscal, sino porque está desaparecido desde hace dos años y dos meses. Nunca llegó a declarar como les había prometido a sus compañeros.