En el año 2004, la Cámara de Senadores de Buenos Aires aprobaba la primera y única ley que otorga a los adolescentes imputados de cometer delitos los mismos derechos y garantías que a los adultos. Así se constituía en la primera provincia que ajustaba su legislación a los compromisos internacionales de derechos humanos y al artículo 75 inc. 22 de la Constitución nacional.

De la mano de la iniciativa del actual embajador ante el Vaticano se avanzaba no sólo en la derogación del decreto ley de la última dictadura militar, sino en algo mucho más importante: intentar impedir que los menores queden alojados en comisarías. Vale la pena recordar el caso de Walter Bulacio.

Durante esta semana, diversos sectores realizaron marchas, supuestamente en contra de bajar la edad de la imputabilidad, desconociendo que el proyecto de ley que presenta el gobernador Scioli está basado en el diseño del diputado del SI Emilio García Méndez, que respeta el debido proceso legal y diferencia situaciones asistenciales de las que no lo son. Sectores políticos muy diversos, como los que representan Marita Perceval, Jorge Vanossi, Vilma Ibarra o Gerardo Morales, basaron sus proyectos en aquél.

Mientras el ministro de Desarrollo Social de la provincia iniciaba una implementación del sistema que asegure protección, asistencia, educación y las mismas garantías que se le reconocen a un adulto, otros funcionarios de la misma provincia remitían información falsa que mostraba que la inseguridad es un adolescente, oscuro, pobre, sin educación, que cometía delitos de homicidios y estaba drogado. Las cárceles están saturadas y aparecen miembros del SFP provincial y de la policía con jóvenes de treinta años con gran poder adquisitivo vinculados con el tráfico de drogas, sin que cambie la inseguridad.

A algunos políticos se les debe hacer carne que en temas como menores o drogas, la solución pasa por estudiar la situación y en base a ello diseñar planes de corto, mediano y largo alcance en los que se invierta lo que no se invirtió desde hace años.

Para lograr avances se necesita una planificación que sea gradual, proporcional y exceda un período de gobierno, con monitoreos que aseguren transparencia y consensos duraderos. Es decir, hacer política en serio, y lo primero pasa por darle a cada menor la expectativa de que es posible cambiar su vida. Para ello deben ser incluidos, porque son nuestros menores. Hay una ley pendiente a sancionar. Es necesario que las carteras de Justicia y de Desarrollo coordinen una política común al respecto. Walter Bulacio y todos los chicos que fueron detenidos sólo por bailar, no tener entradas, o estar sentados en la vereda, esperan justicia.

* Fiscal del caso Bulacio, directora de política criminal de Fundejus.