La incipiente recuperación de la injerencia político-económica del Estado, en el país y en el mundo, tiene una oportunidad ante la crisis financiera internacional: “Ahora está probado que el mercado libre global destruye sociedades y saquea sin saciarse”, dice el economista José Luis Coraggio. Sin embargo, para el director de la maestría en Economía Social de la Universidad de General Sarmiento, esa oportunidad está condicionada en la Argentina: “Si el modo de hacer política no cambia, las buenas medidas de hoy no serán irreversibles, ni garantizan un uso legítimo de los recursos”. ¿La alternativa? “Asumir la política como acción transformadora, buscando una dirección para la sociedad, articulando un proyecto social, nacional, y construyendo acuerdos o coaliciones que sostengan con legitimidad políticas de Estado progresivas.”

–¿Cómo analiza la relativa reactivación del Estado que parece darse en el país –por ejemplo, con la nacionalización de las AFJP o las fallidas retenciones a las exportaciones– y también en el mundo, con las intervenciones estatales ante la crisis financiera?

–Las economías modernas no prescinden del Estado. Son economías mixtas, que combinan un sector de empresas de capital, un sector muy amplio y heterogéneo de economía popular y la economía pública, que redistribuye, regula y debe planificar y controlar los efectos indeseados del mercado. Incluso el proyecto neoliberal –el de Bush, el FMI, el Banco Mundial y Menem– instrumentó ilegítimamente al Estado para construir una economía de mercado con menos Estado social y pretendidamente eficiente. La crisis del sistema financiero global, y por tanto del capitalismo, y el caos social que puede generar, convocan nuevamente al Estado como redistribuidor y regulador, si es que no como actor económico directo que asume funciones que había abandonado, como es aquí en el caso de Aerolíneas y las AFJP. Un Estado que, aun dentro de la lógica capitalista, en ocasiones tiene que contradecir intereses inmediatos de capitales particulares pensando en el funcionamiento de conjunto del sistema, como en el caso de las retenciones.

–¿Qué oportunidades y qué riesgos plantea esta virtual recuperación de la centralidad de las políticas públicas?

–Lo central no es la ubicación geométrica de la política sino su contenido. Porque se puede tener más protagonismo público, pero los gobernantes y los opositores pueden continuar ejerciendo la política en el vacío. Y esto no cambia si el estilo es más vanguardista-autista o dialoguista. La alternativa es asumir la política como acción transformadora, buscando una dirección para la sociedad, articulando un proyecto social nacional, y construyendo acuerdos o coaliciones que sostengan con legitimidad políticas de Estado progresivas. Si el modo de hacer política no cambia, las buenas medidas de hoy no serán irreversibles –de hecho, ¡ya hay fuerzas opositoras que incluyen en su programa revertirlas!–, ni garantizan un uso legítimo de los recursos. La oportunidad es que ahora está probado que el mercado libre global destruye sociedades y saquea recursos naturales y humanos sin saciarse. Hay ideólogos y medios de comunicación que impunemente siguen blandiendo la utopía del mercado libre, pero el gran problema es que los treinta horrorosos años neoliberales han dejado una marca profunda en el sentido común –el imposibilismo y la desafección política, como señala Alfredo Pucciarelli– y para superarlo van a hacer falta años de otra coherencia estatal y nuevas experiencias de la sociedad con sus gobiernos.

–¿Por qué, pese a las tasas de crecimiento experimentadas en los últimos años en la Argentina y otros países de la región, el núcleo de la desigualdad social permanece?

–Porque el sistema hegemónico no asume la desigualdad como su problema sino que la justifica en base al éxito diferencial en el mercado, o en nombre de una acumulación que, en realidad, puede ir a cualquier parte del globo. Porque confunde ingreso con ganancia y porque define la riqueza como un balance monetario –la “Caja” con mayúscula–, aunque esa riqueza se la lleve apenas el 10 por ciento de la sociedad. En un mundo globalizado, la reducción de la desigualdad interna no es negocio, como lo fue con el fordismo. El salvaje mercado liberado de la ética va a seguir impulsando sustitución de mano de obra por máquinas, autómatas, sistemas informatizados, polarizando el mercado laboral entre una elite de científicos, técnicos y gerentes, y una masa que oscila entre el empleo ocasional y el desempleo. Estas tendencias son estructurales y no variarán si no se actúa para cambiar no sólo el modelo coyuntural, sino la estructura de la economía. La fórmula de una macro amigable para el capital, que garantice estabilidad de la moneda y los precios, y que dé predictibilidad para atraer inversiones es más de lo mismo... llevado al extremo cuando se piensa en inversiones tan irracionales como un tren bala, en un país que con esos recursos puede recuperar y expandir sus ferrocarriles y encarar realmente la cuestión de su fragmentación regional y el uso irracional de la energía.

–¿Hay alternativas al modelo productivo dominante de extracción y exportación de recursos naturales?

–La Argentina puede especializarse en actividades de conocimiento científico intensivas y agregar valor a las materias primas que exporta. Pero la tecnología no es neutra. Mal aplicada, buscando “productividad”, produce el caso aberrante de la minería a cielo abierto o la sojización del país. Hay que impulsar otras actividades, basadas en el conocimiento y la información como medio de producción e insumo principal, y encuadradas en principios de racionalidad reproductiva antes que de ganancia privada a cualquier costo social. Para que el uso racional del conocimiento sea característica dominante de la economía se requieren otros tiempos, una sociedad capaz de defenderse y defender la biodiversidad para sus hijos, y una política educativa y científica que ni se está pensando. La diversificación e integración de la estructura productiva sigue siendo un criterio guía. Como la autarquía estratégica: tener asegurada la subsistencia de todos, sin pobres estructurales. Esto requiere producir más y mejores bienes públicos, que están en la base de las cadenas de producción y reproducción: alimentos y hábitat sanos, conocimiento y educación en todos los niveles y formas, remedios genéricos, transporte, energía, agua, seguridad social, política tecnológica, regulaciones de los principales precios de la economía... Con un mejor sistema de redistribución –entre ramas de producción, entre sectores sociales, entre regiones–, legitimado por la sociedad, la Argentina tiene recursos propios con los cuales puede mantenerse parcialmente desconectada del vendaval especulativo. Las propuestas de Aldo Ferrer o del profesor Julio Olivera al respecto han sido claras. La pequeña cuestión es cuál será el sujeto político que las lleve a cabo.

–¿Qué opciones ofrece la economía social y solidaria ante la crisis global?

–La economía social es una práctica de construcción consciente de otras formas económicas, más solidarias, eficientes socialmente, que administran y producen no solo riqueza e ingresos, sino que generan otra sociabilidad, otros valores, y resuelven necesidades de manera directa o a través de mercados en los que se reclaman precios justos. Es más, se considera riqueza a la capacidad material y subjetiva de resolver directa o indirectamente las necesidades de todos. Los valores de solidaridad suponen la mutualidad, el hacernos cargo de las necesidades y derechos de otros porque otros se hacen cargo de los nuestros. Las AFJP son la antisolidaridad. La economía social implica otro uso de los recursos, más cooperación, más democracia. Ejemplos son el presupuesto participativo, la autoconstrucción colectiva de vivienda, la producción para el autoconsumo de las comunidades y la pequeña agricultura rural y urbana, la construcción comunitaria de infraestructura en campo y ciudad, las empresas recuperadas, las cooperativas consecuentes con su ideario, la prestación de servicios donde el mercado excluye, las finanzas y las redes de comercio solidarias. Es una economía con sujetos morales, no un mecanismo ciego que justifica la irresponsabilidad por los otros. Y puede producir alta tecnología, como en el caso del software libre. Su característica es que supera la producción individual, motivada por obtener ingresos a como dé lugar, y se desarrolla un compromiso con los demás, mediante el trabajo, la asociación, la participación, el encuentro cara a cara de productores y consumidores. En la Argentina se está malgastando un concepto poderoso asociándolo a políticas de asistencia focalizada en los más pobres, que afirma que “en lugar de dar el pescado se da la caña de pescar” –pero la dieta sigue siendo pescado, y escaso–, donde “social” quiere decir “para los pobres”. En los países que la vienen promoviendo y reconociendo desde hace más de un siglo, la economía social atraviesa la sociedad –como es el caso de Québec–, puede producir múltiples productos con tecnología de punta –como el Complejo Cooperativo de Mondragón, en el País Vasco– y hasta tener sus propias escuelas y universidades. Países como Ecuador, Bolivia y Venezuela ya han tenido Constituyentes que reconocen a la economía social, a la economía popular, comunitaria como parte fundamental de la economía.

–¿Es posible construir otro modelo económico y productivo sin una transformación de las prácticas y condiciones sociales y políticas?

–Una cosa requiere la otra. No se pueden cambiar actitudes, disposiciones, la cultura misma, si no se transforma al mismo tiempo la base material de oportunidades para todos. Para encarnar otra economía están surgiendo sujetos de las múltiples experiencias que se vienen dando en nuestro país y que están invisibilizadas por los medios que responden a las grandes corporaciones económicas. Un indicador de que se está avanzando es que se multiplican los programas de formación para atender a la demanda en todo el territorio: el Ministerio de Educación y varias provincias han impulsado decenas de tecnicaturas en Economía Social. En nuestra maestría ya hemos formado más de noventa profesionales y prácticamente todos están trabajando en esa dirección. Pero el sistema educativo público en su conjunto debería tener una visión transgeneracional, y trabajar sobre el desarrollo completo de las capacidades de personas y grupos para construir otra economía. Si se quieren tener otra economía y otra sociedad en veinte años, es crítico actuar ahora sobre esos procesos de inversión social. El momento está siendo desperdiciado en tanto el sistema educativo vive en la administración de la coyuntura, el corporativismo y la gestión de conflictos que mantiene el statu quo y las malas prácticas.