El lobby reaccionario logró sus frutos en la Cámara de Diputados: consiguió que se suspendiera una reunión conjunta de dos comisiones, convocada para hoy a las 16, donde estaba acordada la firma de un dictamen favorable del proyecto de reforma al Código Penal, impulsado por legisladoras y legisladores oficialistas, que apunta a aclarar la redacción del artículo 86, donde se contemplan los abortos no punibles. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de diputados y diputadas del Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo, iba a quedar así a un paso de llegar al recinto. De hecho, la suspensión implica que el proyecto recién podría tratarse en las sesiones ordinarias de 2009. La semana pasada el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, hizo gestiones para que la reunión se postergara. Según señalaron a este diario fuentes del oficialismo, el pedido para cajonear la firma del dictamen se fundó en un reclamo de un sector del bloque, dominado por las posiciones más conservadoras, que planteó que el tema primero debía debatirse en el interior de la bancada.

El proyecto en cuestión busca reformar el Código Penal para evitar trabas en el acceso a los abortos no punibles, por interpretaciones restrictivas tanto en el sector médico como en la Justicia. La propuesta fue presentada el 17 de septiembre, tal como reveló en exclusiva PáginaI12. Su autora es la kirchnerista Nora César y lleva las firmas, además, de sus compañeros de bancada Juan Héctor Sylvestre Begnis y de Juliana Di Tulio, presidentes de las comisiones de Salud y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, respectivamente.

Hace más de diez días, César, como titular de la Comisión de Legislación Penal, había convocado a la reunión conjunta con la comisión que encabeza Di Tulio para sacar un dictamen que permitiera tratarlo en el recinto antes de que finalizara el período de sesiones extraordinarias. En un primer momento, Rossi le había hecho un guiño al proyecto y dado vía libre a sus impulsores para que avanzaran con el tratamiento. Pero el jueves último –casi en coincidencia con la noticia del veto de Tabaré Vázquez a la despenalización del aborto en Uruguay–, desde la Comisión de Legislación Penal salió el anuncio de la sorpresiva suspensión.

El dictamen ya estaba acordado, dado que el proyecto tiene amplio apoyo en las dos comisiones. Los asesores de diputados y diputadas de distintas fuerzas que las integran habían redactado un borrador, que incorporaba algunas modificaciones al texto original, varias de ellas propuestas por Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica. La única voz disidente contra la iniciativa fue la de Cynthia Hotton, del PRO, quien sostiene –y lo hizo en los últimos días en algunos medios de comunicación escritos y radiales– que se trataría de una ampliación de las causales de despenalización del aborto y no de una aclaración de sus alcances en los casos ya previstos en el Código Penal vigente. Sectores vinculados con la jerarquía católica expresaron también sus críticas frente a algunos legisladores.

El proyecto busca evitar la recurrente intervención judicial en los casos de aborto no punible y establece sin ambigüedades que no puede ser castigada la interrupción de un embarazo cuando la gestación proviene de una violación –a cualquier mujer–, o en caso de que esté en peligro la salud o la vida de la gestante o si un tratamiento médico fuera necesario y tuviera contraindicaciones en caso de embarazo. Se había acordado agregar, además, los casos de anencefalia y otras malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. Ho-tton y los sectores más conservadores postulan que, en los casos de violación, el aborto no es punible sólo cuando se trata de una mujer “idiota o demente”, es decir, defienden un fundamento eugenésico.

Fuentes cercanas a César confirmaron ayer la información a PáginaI12 y aseguraron que la escucharon decir que si el tema queda pendiente para tratarse el año próximo, ella seguirá defendiéndolo dentro y fuera de su bloque.

La propuesta llegó al Congreso cuando todavía resonaba el drama de la nena mendocina de 12 años, embarazada, víctima de una violación, a quien un hospital y un juez de esa provincia le pusieron obstáculos para abortar y finalmente decidió proseguir con la gestación, después de recibir fuertes presiones de grupos denominados “pro vida” para que desistiera. Después de ese caso, se conoció otro similar, en Bahía Blanca, de una adolescente con discapacidad mental embarazada al ser abusada sexualmente: otro magistrado quiso impedir que se le practicara el aborto solicitado por su representante legal y acordado en un hospital público, pero finalmente la intervención se realizó. Por esa actitud, fuera de la ley, ese juez enfrenta un pedido de juicio político.