El único ex funcionario que hasta ahora aparecía implicado en la causa de la valija, Claudio Uberti, fue beneficiado por un fallo de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, que confirmó su falta de mérito. El tribunal sostuvo que hasta ahora no hay pruebas suficientes para relacionarlo con los 800 mil dólares que intentó ingresar sin declarar el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, a pesar de que dio por confirmado que se conocían desde antes. El juez del caso, Daniel Petrone, tendrá que seguir investigándolo. A su vez, los camaristas le indicaron al magistrado que agrave la calificación de los hechos como “contrabando” sin dejar de lado la de “lavado de dinero”. Esto sólo será un problema para Uberti si aparecen evidencias que lo comprometan. En cambio, eleva las chances de detención para el valijero y los venezolanos prófugos Diego y Daniel Uzcátegui, si algún día la Justicia logra traerlos para indagarlos. Según la mayoría de la Cámara, es claro que existió un intento de contrabando, una calificación que Petrone había suprimido. Ese delito, dijeron los jueces Marcos Grabivker y Carlos Pizzatelli, puede quedar plasmado cuando quien intenta ingresar mercadería sin declarar, despliega mentiras y engaños para dificultar el control aduanero. El dinero, afirmaron, es equiparable a mercancía. En el caso de Antonini recordaron que, tras reconocer la valija con billetes como propia, dijo que tenía libros, luego papeles y al final habló de 60 mil dólares. El valijero sigue apareciendo como sospechoso central. Según la resolución, la investigación debería encaminarse también a de terminar si la plata provenía de Pdvsa. “No cabría descartar la hipótesis de que el dinero incautado haya resultado producto de actividades delictivas”, dice.

Uberti es el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y manejaba durante el gobierno de Néstor Kirchner las relaciones comerciales con Venezuela. Había viajado a Caracas por los preparativos de la firma de un acuerdo energético con el gobierno de Hugo Chávez, junto con su secretaria Victoria Bereziuk y el titular de Enarsa, Exequiel Espinosa. Para el vuelo de vuelta, Uberti autorizó que otras personas abordaran el jet alquilado por la empresa de estatal de energía. Subieron Antonini Wilson, con él Daniel Uzcátegui, hijo del ex vicepresidente de Pdvsa, y tres ejecutivos de la petrolera venezolana. Al llegar a Buenos Aires, en la madrugada del 4 de agosto de 2007, se produjo el hallazgo de los 800 mil dólares en una de las valijas que, en una revisación selectiva, pasaron por un escáner de la Policía Aeroportuaria (PSA).

Antonini tiene pedido de extradición, nunca resuelto por el gobierno norteamericano, que lo convirtió en testigo estrella del juicio que se hizo en Miami y todavía lo ampara. Diego Uzcátegui, ex directivo de Pdvsa en Venezuela y Argentina y su hijo, tienen pedido de captura y están prófugos, acusados como partícipes de lavado y (ahora) contrabando. En cuanto a Uberti, la Cámara señaló por unanimidad –con el voto de Roberto Hornos– que si bien está probado que el ex funcionario y El Gordo se conocían desde varios meses antes del entuerto en Aeroparque eso no alcanza para probar su participación en los delitos analizados. Tampoco influye que Uberti haya mentido en la indagatoria, cuando dijo que no se conocían y que lo dejó subir al jet por cortesía con Uzcátegui padre. Su situación en la causa difícilmente cambie si ningún imputado declara.

“Se podría considerar acreditado que Antonini Wilson habría sido recibido por Uberti en las oficinas del Occovi con fecha 30 de mayo de 2007”, señala el fallo. Ese mismo día se concretó una llamada entre un celular que usaba Bereziuk y uno que Antonini dejó registrado en una reserva en American Airlines y en el hotel Sofitel. En la agenda de Uberti, además, figuraba la cita, y está anotado el ingreso de un “Antonini” al Occovi. El 27 de julio también habría existido una comunicación. A lo que se suman varios llamados posteriores a la incautación de los dólares. Los camaristas insisten en que el permiso de Uberti para que el empresario venezolano viajara con él no iba incluido otro “para que las divisas existentes en la valija que Antonini Wilson reconoció como de su pertenencia ingresaran al país”.

La resolución no alude a las llamadas de Uberti a la Quinta de Olivos esa misma mañana. Ni tiene en cuenta los dichos de Antonini en Miami que salpican a otros funcionarios como el ministro Julio De Vido. Llama la atención, sí, sobre circunstancias que aumentan las dudas y sugieren profundizar: la empresa Royal Class informó que los pasajeros que venían en el jet eran todos funcionarios de Presidencia; el vuelo llegó fuera del horario habitual, lo que se prestaba para que los controles fueran más laxos; no funcionaba el escáner de Migraciones ni el que se usa para chequear pasaportes; el de la PSA, que fue utilizado, no tenía claridad; no había cámaras; faltaban formularios de Aduana y las fichas migratorias eran llenadas por los pilotos, pese a que es un trámite personal.