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La Corte Suprema de Justicia admitió que las investigaciones sobre las causas por delitos de lesa humanidad en el país sufren “demoras permanentes”. En un Informe de la Comisión de Monitoreo de las causas de la dictadura –base de la última acordada–, señala entre las razones una “congestión” de las causas en los seis tribunales federales de Capital Federal y “defectos” en la elevación de las causas. Pero también carga las tintas sobre las querellas y las víctimas, porque pretenden esclarecer “la suerte corrida por miles de personas desaparecidas” y que se investigue “la totalidad de los hechos” y a la “totalidad de los responsables”.

A pesar del largo listado de fallas que enumeró el equipo de diagnosticadores y de las críticas de las últimas semanas a la Cámara de Casación Penal por la decisión de liberar a los represores, las conclusiones del Informe de la Comisión de Monitoreo de las causas de la última dictadura militar arranca ponderando el rol de la Justicia argentina.

“Para una correcta evaluación de todos estos procesos –dice– es necesario considerar que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad.” E indica: “En nuestro país se abrió una investigación exclusivamente a través del Poder Judicial, sin una legislación previa que organice o delimite la investigación o establezca pautas, sin la creación de tribunales con competencia específica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas y con una enorme amplitud en la investigación. No es habitual, ya que en muchos países se restringió la investigación a algunos casos o se hizo a través de organismos especiales que luego sometieron a la Justicia solamente el dictado de la sentencia o bien se crearon tribunales específicos, todo lo cual permite una rápida y mejor resolución.”

Aunque para los especialistas el Informe no está proponiendo crear tribunales especiales u organismos especiales ni es una crítica al resto de los poderes, sino sólo una descripción del inédito caso argentino, las conclusiones parecen ir más allá. Detrás de la enumeración de los problemas de forma, la Comisión también planteó problemas de fondo.

A la “insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias y de recursos adecuados” agregaron otros aspectos que demoran las causas. Mencionan “problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales, como por ejemplo en Formosa y Rosario”, e inconvenientes de un juez sustituto para la realización del juicio del Primer Cuerpo de Ejército en febrero de 2009.