Hombres, mujeres y, sobre todo, niños pequeños, todos habitantes del ex banco que se incendió el sábado pasado en La Boca, esperaron ayer durante más de tres horas en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social porteño una respuesta de las autoridades a su situación habitacional. “¿Cuándo vamos a poder vivir en una casa que sea nuestra? Antes del incendio, hicimos muchos reclamos para conseguir un plan. Parece que el gobierno quiere que volvamos a tomar otro edificio y ocurra una nueva tragedia”, lamentó Javier, un vecino de la vivienda familiar. Las familias viven en condiciones de total desamparo: por el momento están alojados en hoteles, pero perdieron todas sus pertenencias, no tienen dinero para comprar comida y muchos de sus hijos están enfermos. Para obtener una respuesta, las familias cortaron la avenida Entre Ríos durante media hora: luego, la administración PRO les aseguró a los damnificados que el gobierno les pagará hospedaje “por tiempo indeterminado”, según les dijeron, y les dará un subsidio de 600 pesos por dos meses a cada familia.

Cerca de las 12, una camioneta del BAP –un grupo de trabajadores sociales y psicólogos del gobierno porteño que asisten a personas en situación de calle– llegó a Entre Ríos y Pavón con ocho de las nueve familias que habitaban la ex sucursal que se incendió. “Desde el domingo, estamos en dos hoteles –uno en la calle Vieytes y el otro en Virrey Ceballos–. Pero es peor el remedio que la enfermedad: vivimos todos apretados en habitaciones de dos por dos. Por lo menos antes teníamos nuestras cosas y los chicos podían jugar en un lugar más grande”, aseguró Marcela, con uno de sus hijos en brazos y otro en camino, poco antes de iniciarse la odisea de reclamos para que los vecinos pudieran cobrar el subsidio.

Según Javier, el problema fundamental “es que el hotel donde nos alojaron está pago hasta hoy (por ayer), si no pagamos nos desalojan”. Militantes del comedor Los Pibes y del colectivo cultural Cruz del Sur acompañaron el reclamo de la familias en todo momento: habilitaron un lugar –Martín Rodríguez 1190– para recibir donaciones para las familias.

A las 12.30 empezaron las negociaciones entre los vecinos y los funcionarios porteños. “Nos ofrecieron 700 pesos por 10 meses a cada familia, cuando la habitación donde estamos cuesta 900”, se quejó Edgardo, uno de los que más trabajó en el rescate de sobrevivientes, la madrugada del sábado, con su brazo derecho vendado por las quemaduras.

Para poder cobrar el subsidio, los vecinos debían presentar fotocopia de todos los documentos de identidad de los integrantes de su familia, certificados de vacunas y de escolaridad y una acreditación de dos años de residencia en la ciudad de Buenos Aires. “Se ve que los funcionarios no se enteraron que en el incendio se quemó toda nuestra documentación”, dijo Marcela a Página/12. Ante la falta de soluciones concretas, las familias (cada una por separado) empezaron a reclamar que, además del subsidio, el gobierno porteño debía incluirlas en un plan de viviendas.

Entonces, una sorpresiva amenaza de bomba en el edificio derivó en un imprevisto desalojo, pero los únicos en salir fueron los vecinos de La Boca y otras personas que estaban tramitando otros reclamos. El personal administrativo continuó trabajando dentro del edificio, inmune a la amenaza. Fue entonces cuando las familias cortaron tres carriles de la avenida Entre Ríos. “Vivimos de mentira en mentira”, se escuchó gritar a Javier mientras hacía señas para que sus antiguos compañeros de vivienda se unieran al reclamo. Para Javier y su mujer, la situación a esa altura era clara: “El gobierno sabe que nosotros no queremos tomar otra casa porque tenemos miedo y, además, porque queremos pagar una vivienda que sea completamente nuestra –aseguró–. Por eso nos desalojan hasta del lugar donde deberían defendernos.”

Cerca de las 14, el corte ya era un hecho: miembros de la agrupación política Barrios de Pie se acercaron a la secretaría para reclamar con los vecinos de La Boca. Para Marcela, “la solución del gobierno debe ser total. Mi hija tiene asma en un grado muy avanzado y después del incendio nos quedamos sin el nebulizador y los remedios”.

Minutos después, una veintena de agentes del BAP aparecieron y retomaron las negociaciones con los vecinos. “El hotel lo pagamos nosotros, olvidate”, aseguró un funcionario. Sin embargo, los vecinos no se conformaron y las autoridades hicieron entrar nuevamente a las familias. “Nos aseguraron que pagarían el hotel por tiempo indeterminado y nos darían 600 pesos hasta marzo”, confirmó Edgardo con media sonrisa. Los padres de los seis chicos fallecidos estaban aparte. Ambos, con la única hija que sobrevivió a la tragedia, están viviendo en casa de familiares. Se sabe que recibirán un tratamiento diferente, que hasta el momento se desconoce.