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Se sabía que el tema dividía transversalmente a la mayoría de los bloques. No por nada cuando se debatió en general la derogación de las jubilaciones de privilegio y estaba a punto de ser votada, el proyecto fue devuelto a la comisión parlamentaria. Después de mucho debate y otras tantas contradicciones, finalmente ayer, con el voto favorable de 33 senadores y la oposición de 24, el Senado derogó los denominados regímenes especiales. En consideración a la emergencia económica, para quienes actualmente las perciben fijaron un tope de 3100 pesos. Los únicos sistemas excepcionales que quedaron en vigencia son los de los docentes e investigadores científicos y tecnológicos. En ellos, el único rasgo diferenciador con el resto de las jubilaciones es la edad a la que se puede acceder al beneficio y no los haberes mensuales.
En el tiempo que transcurrió de la última vez que el tema llegó al recinto, hasta el día de ayer, los senadores recibieron todo tipo de insinuaciones y sugerencias. Antes de entrar a reunirse con el bloque del PJ, la ministra de Trabajo Graciela Camaño dijo frente a la prensa que “si la derogación era votada tal como había sido aprobada por Diputados le recomendaría al Presidente algunos vetos”. Por lo visto ni ese apriete, ni el que el propio Eduardo Duhalde les formuló a los senadores en el quincho de Olivos, funcionó. En esa ocasión, Duhalde repetía con todas las letras los dichos de su ministra. La promesa del probable veto presidencial o el riesgo de la declaración de inconstitucionalidad de la norma es uno de los temas que recurrentemente sobrevolaron ayer en el debate. No por casualidad uno de los sectores que mayor presión realizó sobre el Senado fueron los magistrados judiciales.
Quienes justificaron la continuidad de los beneficios pusieron de relieve “los derechos adquiridos” y “el alto grado de litigiosidad” que podría generar una definición como la que ayer tomó el Senado. Entre los que se alinearon con estos argumentos estuvieron el radical Raúl Baglini y el peronista Eduardo Menem, el liberal correntino Lázaro Chiape y renovador salteño Ricardo Gómez Diez. Incluso no faltaron quienes con el argumento de salvar un posible fallo de inconstitucionalidad que dé por tierra con la derogación, pretendieron incluir un artículo extra. Aquí el rionegrino Miguel Angel Picheto exhortó a “sincerar la discusión”. La modificación de la norma hubiera implicado que el proyecto volviera a Diputados. A esa altura el artículo que deroga las jubilaciones de privilegio ya había sido votado y la posibilidad de que el tema, lejos de convertirse en ley continuara debatiéndose en el Congreso, parecía un atajo para trabar la sanción de la norma. Además de la amenaza presidencial de un veto, estuvo el planteo concreto de la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, la camarista Luis María Cabral, que ayer le pidió a Duhalde que “ejerciendo las facultades co-legislativas vete la ley”. En el debate en general, Cristina Kirchner señaló que “el negocio jurídico” funcionaba con los abogados y su contraparte los jueces. Luego señaló que ese día un abanderado de la transparencia como Luis Moreno Ocampo había defendido los privilegios de los jueces en una carta de lectores del diario La Nación.