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A diferencia del resto de los tribunales orales federales del país, donde fue posible seguir en vivo el alegato de Luciano Menéndez, el llanto de Antonio Bussi y las amenazas de muerte de Cecilia Pando, y a contramano de la acordada de la Corte Suprema de Justicia que ordenó “garantizar el derecho a la información” en juicios que generan “gran interés en la ciudadanía”, el Tribunal Oral Federal 5 porteño confirmó que impedirá una vez más el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a las audiencias del juicio al ex dueño de vidas y muertes en Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, que comienza el martes.

Las restricciones al trabajo de la prensa ya se aplicaron en los juicios al policía Julio Simón, al prefecto Héctor Febres, a los responsables de la Masacre de Fátima, a los apropiadores de Eugenia Sampallo y a los ex jefes de Mansión Seré. Ante el rechazo a los reclamos que formularon querellantes, organizaciones de prensa y el fiscal Félix Crous, en octubre la Corte dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y sentencia. La Corte encomendó al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles”. “El tribunal requerirá a un medio televisivo, preferentemente público, la toma de imágenes” para los medios “que no pudieran ingresar a la sala por insuficiencia de espacio”, agregó.

Cinco días después, durante la sentencia de Mansión Seré, el tribunal impidió el ingreso de reporteros, prohibió difundir imágenes de las últimas palabras de los imputados y sólo permitió a los canales tomar la señal de circuito cerrado que mostró al juez leyendo la sentencia. Ayer, ante la consulta de Página/12, el tribunal confirmó que se mantendrá el criterio restrictivo y que aún no se resolvió si el camarógrafo contratado podrá filmar o no a Olivera Róvere cuando responda si piensa declarar o callar.

Tanto el CELS como el fiscal Crous, a cargo de la acusación, repudiaron la decisión. “La acordada ordena garantizar el acceso de los reporteros, no que el tribunal decida qué filmar. Es una interpretación restringida e irrazonable”, consideró Gastón Chiller, director del CELS. “El TOF ya incumplió la acordada, pero esa discrecionalidad no puede repetirse. La Corte debería adoptar una medida categórica para garantizar la publicidad”, agregó. “Hay un fuerte resabio inquisitivo de juicios de catacumba en la cultura judicial, en la que conviven normas modernas con mentalidades retrógadas”, reflexionó el fiscal. El año pasado Crous denunció por “arbitrariedad manifiesta” al tribunal por negarse a transmitir las audiencias sobre las que luego se pronunció la Corte. La Sala IV de Casación rechazó su apelación y consideró que el tribunal “aseguró la participación del público en la medida de lo posible”. Como si la acordada no hubiera entrado en vigencia, invitó a los colegas del TOF 5 a considerar la orden “en el futuro”. El futuro ya llegó.