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Desde la primera semana de mayo, los usuarios del transporte público del área metropolitana podrán pagar sus pasajes con una tarjeta magnética, que será única para colectivos, trenes y subtes. Así lo prometió ayer el gobierno nacional, al anunciar la puesta en marcha en 90 días del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE), para lo cual invertirá unos 200 millones de pesos. La tarjeta, en principio, será gratuita para los usuarios, que podrán cargar en las terminales pero también en comercios adheridos con montos variables. De esa manera, se pretende terminar con la traumática falta de monedas que aflige a los usuarios y con el negocio especulativo de empresas de transporte y recaudadoras de caudales. El anuncio sorprendió a las cámaras del transporte automotor, que planeaban quedarse con el negocio de la administración de las tarjetas que, en principio, quedará en manos del Banco Nación.

En los primeros tres meses, es decir, hasta agosto, el nuevo sistema convivirá con los actuales: la máquina lectora de monedas, en los colectivos, y las tarjetas magnéticas de los subtes. Después, según lo anunciado, la tarjeta electrónica será de uso exclusivo.

Los empresarios del autotransporte se mostraron de acuerdo con la iniciativa, ya que, de hecho, tenían un proyecto avanzado para impulsar una tarjeta propia, unificada con las empresas ferroviarias. “Sabíamos que el Nación estaba armando un proyecto, pero nos tomó por sorpresa que ellos administren los fondos, que pertenecen a las empresas”, dijo a Página/12 Daniel Millacci, titular de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la mayor de las cuatro centrales patronales del sector.

El Nación promete acreditar diariamente, por clearing bancario, el monto de los pasajes vendidos. Sin embargo, los empresarios aseguran que insistirán con la puesta en marcha de su tarjeta y la administración del sistema. La disputa no es menor: el pago adelantado por parte de los usuarios de viajes que se descuentan día a día por goteo genera masas importantes de dinero y un potencial negocio financiero (ver nota aparte).

El Gobierno anunció que invertirá 200 millones de pesos en la implementación del sistema, pero no aclaró qué rubros comprende esa erogación. De hecho, se supone que se utilizarán para financiar la emisión de unos 4 millones de tarjetas –cantidad estimada para el arranque–; la instalación de las lectoras de tarjetas en cada uno de los 17.100 colectivos que circulan en el área metropolitana, la instalación de molinetes en las terminales ferroviarias y de máquinas de cargar tarjetas en los puntos de venta. Según fuentes empresarias, el costo de cada lectora es de mil a cuatro mil dólares, según el proveedor.

El anuncio del SUBE fue hecho por la presidenta Cristina Fernández y el director del Banco Nación, Angel de Dios. Este sistema “va a terminar con estos negociados que especulaban con las monedas, y siempre terminaban pagando los más vulnerables, que nunca tienen las estrategias defensivas frente a la especulación y los negociados”, argumentó la Presidenta. El decreto 84/09 establece que la autoridad de aplicación del sistema es la Secretaría de Transporte.

Las tarjetas electrónicas podrán recargarse en las terminales de colectivos, trenes y subtes y en comercios adheridos, y la carga podrá ser abonada en efectivo, débito automático o tarjeta de crédito. Las lectoras instaladas en los medios de transporte descontarán el valor del viaje, y cuando haya sobrante se podrán utilizar monedas para completar el valor o realizar una nueva recarga. El sistema, además, permitirá la discriminación de tarifas para estudiantes o personas discapacitadas, dado que contará con un chip que permitirá hacer esa distinción, a diferencia del sistema de banda magnética que hoy se utiliza en el subte y en algunas líneas de colectivos (ver notas aparte).

El sistema permitirá viajar en Capital y Gran Buenos Aires, donde conviven siete líneas de ferrocarril, seis líneas de subterráneos y un sistema de colectivos compuesto por más de 170 empresas operadoras, 342 líneas, más de mil ramales y 17.100 vehículos.

Las empresas se benefician porque no manejan efectivo, lo que disminuye las posibilidades de robos, pero quedarían sometidas a un mayor control fiscal sobre la cantidad de boletos vendidos. Pero el principal favorecido, en principio, sería el usuario, quien quedaría liberado de peregrinar en busca de monedas.