Mañana a las 10.30, en el subsuelo de Comodoro Py, comenzará el mayor juicio por crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado desde el proceso a los ex comandantes en 1985. Seis militares octogenarios, que están libres y de ser condenados seguirán en sus casas, rendirán cuentas por cuatro homicidios y 242 privaciones ilegales de la libertad de personas, en su mayoría desaparecidas. El principal imputado es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, jefe de la subzona militar Capital y autor mediato de todos los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la ciudad en 1976 por Fuerzas Armadas y de seguridad. Durante medio año, como mínimo, declararán más de 400 testigos que los imputados no deberán oír y la sociedad no podrá escuchar ni ver por medios audiovisuales por decisión del Tribunal Oral Federal 5. La agrupación Hijos convocó a un “camarazo” para repudiar las restricciones al trabajo de la prensa por parte de los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, y para exigirle a la Corte Suprema que garantice el cumplimiento de sus acordadas.

Olivera Róvere secundaba al general Carlos Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo. Carlos Menem lo indultó en 1990 y el juez Rodolfo Canicoba Corral lo procesó en abril de 2004. Durante su indagatoria dijo que sólo retransmitió órdenes sobre patrullajes y ceremonial, y que supo de “unas diez o quince personas” detenidas por sus subordinados. La Cámara de Casación Penal lo excarceló hace dos años. Será juzgado por 120 secuestros, incluido el del escritor Haroldo Conti, y por el homicidio de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Su defensa estará a cargo del ex juez de la dictadura Norberto Giletta y de su hijo homónimo.

Cuatro secuestros de personas vistas en centros clandestinos de la jurisdicción de Olivera Róvere, de 82 años, bastarían para condenarlo en dos meses a la pena más alta que prevé el Código Penal y comenzar a juzgar a Astiz, Acosta & Cía. Ante la ausencia de una planificación eficaz de los procesos a ejecutores del terrorismo de Estado, cientos de testigos deberán declarar durante meses para lograr otra condena aislada mientras más genocidas morirán sin castigo (veinte fallecieron en 2008) y otros seguirán reclamando la liberación de quienes llevan años procesados.

Los otros cinco acusados, por 154 secuestros en total, ocupaban eslabones intermedios en la cadena de mandos del Primer Cuerpo y no estarán presentes mañana. Como sólo se les imputan 32 secuestros en común con Olivera Róvere, el tribunal resolvió que primero declaren testigos de casos que involucran sólo al ex jefe de subzona. Quienes se sumarían en abril son:

- General Rodolfo Enrique Wehner (80 años), ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” y por ende del área militar III desde el golpe hasta fines de 1977. Se le imputan 51 privaciones ilegales.

- Coronel Humberto José Lobaiza (79) y general Teófilo Saá (78), ex jefes del Regimiento de Infantería “Patricios” en 1976/7 y 1978/9, procesados por 83 y 28 secuestros respectivamente.

- Coronel Felipe Jorge Alespeiti (77), ex segundo jefe de “Patricios” y jefe del área militar II durante 1976. Será juzgado por 34 secuestros.

- Coronel Bernardo José Menéndez (76), ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978. Es abogado y se defenderá a sí mismo. Está acusado de 41 secuestros.

La megacausa Primer Cuerpo se reabrió en septiembre de 2003. Por abundancia de pruebas sobre responsabilidades mediatas los imputados fueron procesados pocos meses después. En febrero de 2007 se elevó el caso Olivera Róvere y en octubre “jefes de áreas”, como se conoce la causa. Por el abarrotamiento de juicios en el TOF-5, recién dos años después el primer imputado se sentará en el banquillo.

Las audiencias testimoniales comenzaron en marzo pasado. Ante el riesgo de que los testigos que rondan los 80 años no llegaran a declarar, todos los viernes de los últimos once meses el tribunal escuchó sus relatos. Las audiencias futuras se desarrollarán de martes a jueves y durarán entre seis y nueve meses. La acusación estará a cargo del fiscal federal Félix Crous y encabezarán las querellas abogados del CELS y la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.

Juicio para pocos

El proceso a Olivera Róvere & Cía. es el mayor en términos de cantidad de víctimas desde el juicio a los nueve ex comandantes. Una ínfima porción sobrevivió para dar testimonio. Otra aún menor fue identificada por el Equipo de Antropología Forense. Algunas fueron vistas en los centros Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio u Orletti. A la mayoría se le perdió el rastro tras el secuestro. Para los seres queridos de cada una de esas 246 personas, por primera vez desde 1985 la justicia puede condenar a alguien por los padecimientos sufridos. Paradójicamente, si sólo un allegado por víctima se acreditara para presenciar la audiencia, más de 150 quedarían afuera de la sala. La posibilidad de que puedan seguirla por los medios fue reducida al máximo por los propios jueces. El tribunal que hasta 2008 presidió Guillermo Gordo y ahora encabeza Daniel Obligado es el único que instruye juicios por crímenes de lesa humanidad y prohíbe trabajar a fotógrafos y camarógrafos. También es el único que prohíbe a las Madres de Plaza de Mayo ingresar con sus pañuelos.

Las restricciones a la prensa fueron cuestionadas por querellantes, víctimas, organizaciones de prensa, académicos, fiscales y jueces. La propia Corte dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva”, no de las declaraciones testimoniales, que otros tribunales permiten transmitir, sino sólo de actos iniciales, alegatos y sentencia. Días después, Gordo y los demás jueces prohibieron a los reporteros cubrir la condena a los ex jefes de Mansión Seré. Ante la ratificación del criterio restrictivo, la Asociación de Reporteros Gráficos le reclamó a la Corte que garantice el cumplimiento de su acordada. Hijos decidió convocar a los fotógrafos a las 9 en Comodoro Py para exigir que el tribunal permita a la sociedad conocer el rostro del ex dueño de vidas y muertes en la ciudad durante el año más sangriento de la última dictadura.