Si no media ninguna maniobra dilatoria, el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart será el primer funcionario civil de la dictadura en ir preso por delitos de lesa humanidad. Así lo decidió la Cámara Federal de La Plata al confirmar su procesamiento por el secuestro y torturas del periodista Jacobo Timerman y de otros detenidos de los centros clandestinos Puesto Vasco y COT1 Martínez. Los camaristas avalaron lo actuado por el juez federal Arnaldo Corazza, pero revocaron la prisión domiciliaria que les había concedido a Smart y al ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint Jean. “Es un hecho histórico en este país donde las cárceles no resisten que haya alguien con poder, lograr que un miembro de la llamada familia judicial, defendido por las corporaciones de abogados, vaya preso por su responsabilidad en los más graves delitos que afectaron a la Argentina es un logro sin precedentes”, destacó el abogado Alejo Ramos Padilla ante Página/12.

La sala tercera de la Cámara Federal de La Plata, integrada por Carlos Vallefín, Carlos Alberto Nogueira y Antonio Pacilio, adoptó esa decisión, con el voto favorable de los primeros, ante un reclamo del abogado Alejo Ramos Padilla, que patrocina a Héctor Timerman en la demanda por secuestro y torturas de su padre, Jacobo Timerman, fallecido en 1999. “Cuando la Justicia trata delitos de lesa humanidad no puede consagrarse ningún grado de impunidad para quienes cometieron los más grandes delitos a través de figuras como la prisión domiciliaria”, dijo Ramos Padilla. “No demos vueltas –agregó el abogado–; ¿alguien piensa que estar en una casa es lo mismo que estar en prisión? Y eso sin tener en cuenta casos como el de Emilio Massera o Pascual Guerrieri, que incluso violaron la prisión domiciliaria en su momento, o el de Miguel Etchecolatz, que tenía una pistola en su casa estando en condiciones de supuesta prisión.”

Los camaristas confirmaron el procesamiento de Saint Jean y de Smart por privación ilegítima de la libertad y torturas en los campos de concentración de Puesto Vasco y Cot1 Martínez, los dos sitios donde fue torturado Timerman tras ser secuestrado en 1977 mientras dirigía el diario La Opinión. Su hijo, actual embajador en los Estados Unidos, realizó el pedido para que se denegara la prisión domiciliaria de Smart al mismo tiempo que declaró como testigo en el juicio al sacerdote católico Christian von Wernich, el capellán de la Policía Bonaerense que fue condenado al igual que Etchecolatz.

Ramos Padilla había pedido la detención de Smart y también la de otros cinco civiles: el abogado de Juan Carlos Blumberg, Roberto Durrieu, ex viceministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y fiscal de Estado bonaerense durante la dictadura; el ex subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense Edgardo Frola; el ex fiscal bonaerense Alberto Rodríguez Varela; el ex presidente del Banco Provincia Roberto Bullrich y el ex subsecretario de Gobierno Juan María Torino Olivieri. El juez federal Corazza había dictado la prisión preventiva y el embargo contra Smart y Saint Jean, pero no había aceptado que el primero cumpliera el arresto fuera de su casa. Uno de los antecedentes del caso es la demanda interpuesta por Ramos Padilla como patrocinante de María Isabel “Chicha” Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.

Smart también está acusado por la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez en 1978, en San Isidro. En 1968 el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía lo ascendió de secretario de juzgado a fiscal. Tres años después, el gobierno militar de Roberto Levingston lo promovió como juez del tristemente célebre “Camarón”, la Cámara Federal porteña creada para perseguir opositores políticos y guerrilleros. A partir del golpe de 1976 pasó a la provincia de Buenos Aires, y con la llegada de la democracia se retiró de la función pública. Fue defensor del ex policía Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, y del represor Albano Harguindeguy. En mayo cuando fue procesado, Smart recibió la solidaridad de la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires y de la Corporación de Abogados Católicos, que protestaron por la medida judicial con enérgicas solicitadas en los diarios. “Acá no se persigue a quienes tengan gorra, sino a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, tengan sotana como Von Wernich, uniforme policial como Etchecolatz, uniforme militar como Saint Jean o corbata como Smart”, dijo Ramos Padilla.

La decisión de la Cámara platense los coloca a un paso del juicio oral y público. En el caso de Saint Jean, de 87 años, será la segunda vez que pise un tribunal. Su debut había sido en agosto de 2007 en el Juicio por la Verdad que se lleva adelante en La Plata para que respondiera por la desaparición de parte de la familia Bettini.

En el marco de la represión ilegal, Jaime Lamont Smart e Ibérico Manuel Saint Jean fueron los jefes de quien ejecutó dicho plan de persecución y exterminio: el entonces jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires Ramón Camps.