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El empresario dueño de una de las dos distribuidoras de energía eléctrica de la Capital Federal exhibió la factura de luz de uno de sus principales ejecutivos. El saldo eran monedas en relación con sus ingresos. Era el argumento más impactante para justificar la necesidad de un aumento de las tarifas. Una persona con un patrimonio abultado pagaba poco y nada por un servicio básico. La propuesta, que fue presentada en forma insistente ante el Ministerio de Planificación informó, era subir mucho la tarifa para ese segmento de usuarios y nada para los de bajo y medio consumo. Esa estrategia, que se denomina subsidio cruzado, que se presenta en teoría equitativa presenta algunos problemas. Por caso, una familia que habita en un barrio periférico del área metropolitana, con la mujer trabajando en el hogar y con hijos tiene un elevado consumo por las tareas diarias de planchar, cocinar, lavar y calefaccionar la vivienda con estufa o aire acondicionado, según la estación. La mejora de los ingresos de los últimos años junto a la reducción en términos relativos de los precios de los aires acondicionados derivó que la utilización de esos aparatos se extendiera en forma masiva, modificando la pauta de consumo eléctrico, entre otros factores. Ese usuario de ingresos bajos o medios está registrando un consumo elevado y será castigado por un ajuste brutal de la tarifa. Además del consumo racional, los abanderados del nuevo esquema tarifario pueden invitarlo a desprenderse de aparatos eléctricos que mejoraron su confort para ahorrar. En tanto, ese u otro ejecutivo, con departamento en la avenida Libertador, con escasa presencia de la familia en el hogar durante el día por las múltiples actividades de sus integrantes, puede registrar un consumo bajo, quedando exceptuado del alza en el precio de la luz y el gas. “¿Qué porcentaje de usuarios estiman que se encuentran en esa situación de medianos ingresos y alto consumo?”, se le preguntó a ese empresario eléctrico. “El 10 por ciento”, contestó el dueño de esa compañía que posee un universo de clientes de 2,2 millones. Esto implica que ya se sabía que esa controvertida estrategia de subsidio cruzado iba afectar en forma negativa a 220.000 hogares de una de las dos distribuidoras. Estaba previsto en esa propuesta que ese número elevado de clientes recibirían la boleta de luz con un extraordinario aumento pese a que sus ingresos no se correspondían con ese nivel de tarifas. “¿Cómo piensa solucionar esa injusticia, con las consecuencias políticas que derivarán de las previsibles protestas?”, se provocó al empresario. “Se analizará caso por caso”, respondió, sin precisar cuánto tiempo llevaría semejante tarea.

El desproporcionado aumento de tarifas de luz y gas tranquilizará las almas de progresistas sensibles que durante años estuvieron indignados por lo poco que pagaban los clientes por el gas utilizado para climatizar sus piletas en invierno. También satisfará con creces el corazón de bolsillos de los grupos privados que controlan la cadena privatizada de producción, transporte y distribución de servicios públicos básicos para la población. A la vez, analistas del pensamiento económico ortodoxo recibirán como una reivindicación esa fortísima alteración del cuadro tarifario. Y por último aliviará a los funcionarios con convicciones frágiles sobre el papel que cumplen los subsidios en la economía como herramienta de distribución de ingresos.

La insistente prédica fiscalista sobre el destino de los subsidios, con un doble estándar de evaluación si están destinados a grupos concentrados o si benefician a la mayoría de la población, ha tenido éxito: se recortaron en el segundo grupo. El momento para realizar el ajuste no podía ser menos inoportuno, como si lo hubiera elegido el enemigo. Se aplicó cuando comienzan a verificarse signos de reversión del ciclo económico, instancia que requiere preservar el dinero disponible para sostener la demanda vía consumo en lugar de reducirlo con aumentos de tarifas.

No es una labor sencilla eludir el bombardeo reduccionista de realidades complejas, más aún en un escenario donde se juega con pasiones inusitadas. Debido a que una reforma tributaria con sesgo progresista no ha sido considerada por la administración kirchnerista, el modo de intervención que ha privilegiado para esa redistribución ha sido la de los subsidios por varios mecanismos, con las limitaciones que ofrece esa política. Con una calificación arbitraria, que tiene que ver con los factores de poder económico involucrados, se consideran subsidios distorsivos algunos y razonables otros. El rubro Energía sumó 17.875 millones de pesos el año pasado, en un período donde el barril de crudo alcanzó el record de 150 dólares, y hoy cotiza cerca de 40, lo que derivaría en un ritmo de crecimiento de esas transferencias mucho más suave. En la categoría Transporte el dinero involucrado fue de 9990 millones de pesos. A valores de hoy, ambas cuentas totalizaron unos 8000 millones de dólares en 2008. Dinero que ha beneficiado a millones de personas, seguramente algunas sin necesidad. Pero así funcionan las asignaciones (subsidios) universales, política que entusiasma al arco progresista cuando propone una suma de dinero por hijo para todas las familias argentinas sin discriminar por ingresos para supuestamente terminar con la indigencia.

El sector público también destina millonarios recursos a otros sectores sin despertar tantas pasiones por el ajuste. Promoción industrial, desgravaciones impositivas para inversiones, programas específicos para el rentable sector de hidrocarburos, entre otros planes, involucran millonarios recursos que se concentran en pocos y poderosos grupos económicos. Esos fondos no reciben observaciones tan contundentes como los destinados a servicios públicos masivos. Por caso, el sector agroalimentario tuvo la fortuna de que en el año de la más violenta protesta del campo privilegiado recibiera 3337 millones de pesos en subsidios-compensaciones, 183 por ciento más que en 2007.

La aplicación de subsidios es una medida que genera controversias porque el sector público determina en forma arbitraria, en base a ciertos objetivos, los favorecidos de esa política. Discutirlos permite mejorar la transparencia de su asignación y, en especial, su eficacia para evitar el despilfarro y la captura de ese dinero por grupos económicos que no lo merecen. Por ejemplo, ¿el Estado debería pagar una de las tres semanas del sueldo de los trabajadores con suspensiones rotativas del poderoso y de rentabilidad fabulosa grupo Techint, conglomerado que quería despedirlos al frenar su plan de inversiones?

Frente a los complejos escenarios que se presentan, el debate sobre subsidios resulta más enriquecedor cuando es amplio y general, y no recortado según quien sea el beneficiario. Sin embargo, en el doble estándar dominante se destaca en forma crítica solamente los subsidios destinados a la mayoría de la población, ocultando otros millonarios que reciben unos pocos. Resulta a la vez una pícara hipocresía observar a los analistas que durante años reclamaron un descongelamiento de las tarifas de luz y gas criticarlo ahora con la convocante consigna de tarifazo.

Ahora bien, entendiendo la prioridad de contar con una política de subsidios en sectores sensibles como contribución al presupuesto del trabajador vía salario indirecto, se requiere precisar el marco de funcionamiento de esa administración de recursos públicos. Detenerse solamente en el cuadro tarifario, o sea en el monto de los subsidios girado al sector privado, como eje principal para abordar el complejo sistema de transporte y energético desvía la atención sobre lo fundamental: la subordinación de la política pública a la lógica de mercado, debilitando así la imprescindible gestión estatal en áreas estratégicas. A la privatización de los noventa se le sumó millonarios subsidios estatales durante la administración kirchnerista, lo que ha terminado creado un híbrido poco transparente régimen de servicios públicos. Esto ha colaborado a la confusión que se refleja en la coincidencia de dar la bienvenida al extraordinario ajuste de las tarifas de luz y gas, y también a las del transporte público de pasajeros, por parte de una previsible ortodoxia así como también por una peculiar heterodoxia que ya no tendrá que preocuparse por las piletas climatizadas en invierno.

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