Desde el Gobierno comenzaron gestiones subterráneas con los dirigentes de las cámaras agropecuarias para llegar a algunos consensos básicos que posibiliten el encuentro con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes del Gobierno confirmaron ayer, como informó Página/12, que la Presidenta va a recibir a los ruralistas, pero busca evitar que el encuentro termine en fracaso.

“Si la Presidenta los convocara hoy y las entidades plantearan cosas imposibles de cumplir para el Gobierno, sería inútil, el campo volvería al lockout y todo iría para atrás. La reunión se va a hacer, pero hay que prepararla, por eso todavía no tiene fecha”, le comentaba ayer a este diario un alto funcionario de la Casa Rosada.

Esa prevención a no volver para atrás que planteaba el funcionario lleva implícito, aunque parezca una perogrullada, que hubo un avance. ¿Es así? Responde otro funcionario, uno de los que mantiene negociaciones con los ruralistas: “Es indudable que el clima mejoró. Creemos que hay vocación de diálogo y de abandonar las chicanas de siempre”.

Otra pregunta que cae de aquella declaración es qué cosas imposibles de cumplir podrían plantear los empresarios del campo. En el Gobierno afirman que “todo lo que implica sacarles a los pobres para solucionar los problemas de los ruralistas es moralmente y políticamente inviable”. Por ejemplo, si los ruralistas llevan el mismo pedido que le hizo a la Presidenta el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, el jueves por la noche, respecto de suspender las retenciones, se llevarían la misma respuesta que el jefe socialista: “Es imposible asumir ese costo fiscal sin dañar las políticas sociales”.

La misma contestación obtendrían si el reclamo es liberar las exportaciones. “Implicaría no poder abastecer adecuadamente el mercado interno y que los precios se eleven a precios inaccesibles para los bolsillos de la mayoría de los consumidores”, afirman cerca de Cristina Kirchner. Cuando los ruralistas pedían la libertad total para exportar carne, el dirigente de la Federación Agraria, Alfredo De Angeli, lo justificaba así: “El que quiere comer lomo que lo pague a 80 pesos el kilo”. El axioma de De Angeli es un buen ejemplo de lo que el Gobierno dice que quiere evitar. En la Casa Rosada dicen que sin esos temas como condicionamiento para el diálogo, hay que muchas cuestiones sobre las que se puede avanzar, aunque por ahora no precisan en qué puntos están pensando. Hay varios funcionarios que están trabajando en el tema, entre ellos el propio jefe de Gabinete, Sergio Massa; el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y, por supuesto, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi.

Al parecer la primera premisa es empezar a desmoronar la montaña de desconfianza que fue creciendo día a día desde marzo del año pasado. Una de las primeras señales que les dio el Gobierno a los dirigentes de las cuatro cámaras agropecuarias fue el de volver a tenerlos en cuenta como potenciales interlocutores. Hasta ahora, los beneficios que les dieron a los productores fueron consensuados sólo con filiales regionales, provinciales e incluso locales. El ejemplo más visible de esto fue cuando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, visitó la Sociedad Rural de Morteros en Córdoba y luego fue incendiada. La semana que viene será clave y los funcionarios más optimistas confían en que van a lograr las condiciones para que la Presidenta los reciba antes del próximo fin de semana.