Italia avanzó ayer en el procesamiento del genocida Emilio Eduardo Massera y comenzará a enjuiciarlo “en rebeldía” el 30 de septiembre por el asesinato de tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la dictadura. “Es un momento de gran satisfacción que parecía que nunca llegaría, que nunca íbamos a poder juzgar a Massera, pero gracias a la determinación de los jueces italianos ahora será posible llevar a los estrados este caso”, dijo Giancarlo Maniga, abogado de los familiares de las víctimas sobre la decisión de un tribunal de Roma que vio indicios de una “corresponsabilidad más que fundada” de Massera en los homicidios de Angela María Aieta, madre del dirigente de la JP Dante Gullo, secuestrada el 5 de agosto de 1976; así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977, y de su nieta nacida en cautiverio. Mientras tanto, la Justicia argentina revisa la determinación de que el anciano ex almirante es inimputable, algo que frena los procesos locales en los que está acusado.

La decisión de la Justicia italiana llega después de que el fiscal Francesco Caporale pidiera sentar a Massera en el banquillo, y luego de que el 4 de marzo el juez del Tribunal de Roma Marco Mancinetti acogiera el peritaje médico que certificaba que Massera, de 83 años, está en “plenas facultades” para afrontar un proceso por la muerte de Aieta Gullo y los Pegoraro. Massera “debe ser considerado una persona con plenas facultades para ser juzgado, a pesar de los intentos de manipulación más o menos conscientes, con exagerados síntomas psíquicos ficticios”, indicó el estudio médico de 28 páginas (ver aparte). El sumario sobre Massera, que fue separado del proceso principal por la muerte y desaparición de los italianos, quedó suspendido en 2005, después de que un anterior informe pericial médico determinara que el acusado padecía una “involución mental” tras haber sufrido un derrame cerebral en 2002.

Durante este largo proceso la Justicia argentina fue remisa en su colaboración con Italia para determinar el estado de salud de Massera. Los funcionarios judiciales italianos pusieron en duda que el Almirante Cero no estuviera en condiciones de ser juzgado. El primer perito médico enviado en 2007 fue interrogado por el ex juez Guillermo Montenegro como si fuese él quien tuviera que dar explicaciones. Como ese profesional determinó, luego de varias trabas, que Massera no podía afrontar un juicio, el juez Mancinetti estipuló una revisión periódica para evaluar posibles cambios en su salud. Pero ni Montenegro ni su sucesor Sergio Torres enviaron a Italia informe alguno. Finalmente, en diciembre el neurólogo Piero Rocchini destrabó la situación al evaluarlo y asegurar que el dictador “simula” su enfermedad y “que está en condiciones de afrontar un juicio”.

El Código Penal italiano establece que deben ser perseguidos aquellos que cometen graves crímenes en el exterior contra ciudadanos peninsulares, y para ellos tiene prevista la posibilidad de que esto suceda en ausencia o “en rebeldía”. En este caso ya fueron condenados al ergastolo (prisión perpetua) los represores Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Vildoza y Antonio Vañek. También estaba acusado el prefecto Héctor Febres, pero su dudosa muerte por envenenamiento con cianuro le trajo la absolución, en diciembre de 2007. A fines de febrero la Casación italiana había confirmado la condena de Astiz, el “intocable” ex capitán de la Marina, como lo definió ayer la prensa italiana.

Susana Pegoraro era una joven de 22 años, originaria del Véneto. Estaba embarazada cuando la secuestraron mientras tomaba un café con su padre en un bar porteño. Giovanni Pegoraro trató de anotar la patente del auto que se estaba llevando a su hija y por eso también fue secuestrado. Ambos llegaron poco después al centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Angela María Aieta, que había emigrado de la provincia de Cosenza, fue secuestrada de su casa en Buenos Aires en tanto madre del entonces dirigente de la Juventud Peronista y actual diputado nacional, Juan Carlos Dante Gullo. La mujer –militante peronista que luchaba por la libertad de Dante, que desde 1975 estuvo preso ocho años en el penal de Sierra Chica– fue llevada a la ESMA, torturada allí, y podría haber sido arrojada en uno de los “vuelos de la muerte”.

“Quiero expresar mi satisfacción, por la ESMA pasaron más de cinco mil prisioneros y Massera era uno de los responsables, hubo maternidades clandestinas, muchos niños fueron encontrados, otros no”, dijo Claudia Carlotto, presidenta de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), luego de presenciar la audiencia en Roma.

Los abogados Maniga y Marcello Gentili –que representan a Dante, Ernesto, Emiliano y Carlos Gullo, y a la viuda y madre de Pegoraro– impulsan desde hace tres décadas los procesos en Italia contra represores argentinos.