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El Gobierno esperaba un “viernes negro”, anticipado por una ola de rumores que hizo pensar en maniobras de acción psicológica. Y se preparó para enfrentar la jornada como si fuera a suceder un hecho extraordinario. Desde muy temprano, varios funcionarios advirtieron que la protesta de las cacerolas podría desembocar en actos de violencia. “Nuestra obligación es controlar que no haya desbordes en términos de la vida y la propiedad de las personas”, reconocía el vocero Eduardo Amadeo. “Existen personas que todos hemos visto en televisión que tienen otro interés, que es la violencia”, prevenía el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli. Cuando comenzó a sonar el ruido de las ollas, Eduardo Duhalde se encontraba en Olivos. Todo empezó tranquilo, con una multitud avanzando a la Plaza de Mayo. Pero pasadas las 24, cuando la gente se deconcentraba, la Federal empezó a tirar gases y balas de goma, se iniciaron las corridas y algunos jóvenes lanzaron sus piedras. La represión era injustificada, pero no sorprendía. Tantos anuncios hacían pensar en una profecía autocumplida.
Después de los primeros disparos de goma, el responsable del operativo policial, Juan José Alvarez, intentó explicar la represión argumentando que “un detenido estaba construyendo una bomba molotov” y que había “cinco policías heridos de distinta consideración” por “objetos contundentes”. “Hasta ahora es una protesta absolutamente pacífica, excepto estos episodios que hemos visto. La desconcentración fue, en un 99 por ciento, pacífica. Algunos grupos están siendo seguidos de cerca por la policía”, dijo anoche el secretario de Seguridad Interior. Luego de que Alvarez hablara por televisión, la represión continuaba con motos y Peugeot 207 de la policía persiguiendo gente por las calles. Era el final de una jornada que el Gobierno supo prever pero no supo prevenir.
A la tarde, antes de que empezara la movilización, una sensación extraña ganó las calles, como un presagio de violencia. Los consejos de las fuerzas de seguridad parecían reforzar el temor. El comandante de Gendarmería, Hugo Miranda, pedía a los ciudadanos que “aíslen” a quienes quisieran romper vidrieras o arrojar piedras. Solicitó que no se dé “cobertura con el número”, y que la gente se “retire para facilitar a la policía poder accionar contra los verdaderamente violentos”. Además de dar consejos, el jefe de los gendarmes se preparaba para una eventual intervención de su fuerza, que había sido convocada para sumarse como reserva del operativo de seguridad.
El Gobierno organizó el plan de seguridad con anticipación. El jueves, Alvarez recibió en su oficina a los jefes de la Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería, Prefectura, y también al ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud. Y ayer monitoreó la movilización desde la Secretaría. Desde allí se comunicó varias veces con el Presidente, quien decidió pasar la jornada en Olivos. En la Casa Rosada estaban el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. “Tenemos un operativo preventivo muy poderoso, con efectivos de la Policía Federal, con apoyo de las brigadas antidisturbios de Gendarmería y Prefectura Naval”, informó Alvarez a Página/12 cerca de las 20, cuando menos de trescientas personas ocupaban la plaza de Mayo.
Los rumores que circulaban ayer estaban centrados en el carapintada Mohamed Alí Seineldín. En el Gobierno les restaban importancia y admitían que su principal preocupación era, indudablemente, el cacerolazo. “Lo del domingo y el lunes lo vamos a ordenar”, especuló un funcionario sobre la marcha de piqueteros que saldrá de La Matanza. Pero la confianza se esfumó al hablar de las ollas. “Lo de hoy es distinto –explicó– porque tiene un fuerte componente inorgánico.”
Precisamente, la composición de los “caceroleros” y la ausencia de interlocutores claros es el tema que más preocupa al Gobierno. Ayer un secretario de Estado contó a Página/12 que mantiene contactos con todos los sectores organizados que participan de la protesta. Esta apuesta dell oficialismo se percibe en la disposición a conversar que tienen los hombres de Duhalde. Gabrielli recibió en la Rosada a los piqueteros de la Coordinadora Aníbal Verón, que al mediodía habían cortado el Puente Pueyrredón. Los desocupados exigieron planes Trabajar, una solución para la cooperativa Carlos Mugica y se quejaron por el intento de secuestro de la esposa de Raúl Castells.
Sin embargo, la apuesta al diálogo como vía para atenuar los conflictos se diluye cuando no hay con quien dialogar. Consciente de la dificultad, el Ejecutivo apela a dos tácticas para sufrir el menor desgaste político posible. Por un lado, destaca cada vez que puede los reclamos contradictorios que se escuchan en los cacerolazos. Por ejemplo, el vocero presidencial remarcaba ayer que esas marchas “representan muchísimas demandas, muchas de ellas contradictorias, difíciles de solucionar todas juntas”. Y un diputado con mucha incidencia dentro del bloque del PJ evaluaba que en las protestas se mezclan “cuatro o cinco elementos que no son compatibles”. “Acá se mezclan los muchachos del corralito, la clase media y media alta, los hambrientos, que son millones, y los desocupados.”
Debajo de esta idea subyace un objetivo político de la administración duhaldista: obtener el respaldo de los sectores que fueron beneficiados con las medidas que dispuso Jorge Remes Lenicov. Ese apoyo, creen, se conseguirá “trabajando para que desaparezca el descontento”. Pero algunos legisladores peronistas creen que ese sostén no llega por un error de la comunicación oficial. “En la comunicación del Gobierno falta un elemento –argumentaba un diputado–: alguien debe hablar claro para los que fueron favorecidos con la pesificación de los créditos. Debemos explicar que la batalla contra el poder financiero no es chica, y que pretendemos que nos cuiden las espaldas.”