Floreal Avellaneda tenía 15 años cuando un grupo de tareas del Ejército se lo llevó de su casa de Munro junto a su madre. Su cuerpo apareció flotando en la costa uruguaya del Río de la Plata dos meses después, atado de pies y manos, con una profunda herida en una pierna, junto a otros siete cadáveres. Era mayo del ’76 y la aparición de cuerpos en el río todavía era una novedad que la dictadura uruguaya no sabía cómo manejar; de hecho, los militares permitieron que los diarios los fotografiaran y publicaran la noticia, con la versión de que se trataba de muertos de una pelea con un pesquero coreano. Así, el padre de Floreal pudo identificar a su hijo y reconstruir la historia que ahora, treinta y tres años después, llegará a juicio oral. Las audiencias comenzarán el próximo lunes 27; entre los primeros testigos en declarar estarán Iris Avellaneda, la madre de Floreal, sobreviviente del centro clandestino de detención de Campo de Mayo, y Floreal padre.

Iris dio ayer una conferencia de prensa sobre las audiencias en las que serán juzgados el general Santiago Omar Riveros y otros cinco represores. La madre de Floreal, de 70 años, pidió “rodear el juicio de movilización popular” y dijo que se sentía “en un momento muy conmovedor, con una mezcla de alegría y tristeza”.

En el proceso, junto con Riveros, que era el responsable de Campo de Mayo cuando sucedieron los hechos, también será juzgado Alberto Angel Aneto, el ex principal de la comisaría de Villa Martelli que la secuestró junto con su hijo y luego la torturó. Los otros acusados son el general Fernando Exequiel Verplaetsen, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni.

Este es el primer caso que llega a juicio oral sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de Campo de Mayo; se realizará en los Tribunales de San Martín, ubicados en Balbín 1753, los días lunes, miércoles y viernes desde las 9. La primera audiencia está prevista para el lunes 27 de abril, a las 9.30. El domingo previo habrá una vigilia organizada por las juventudes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la CTA, Libres del Sur, la Federación Juvenil Comunista y el Partido por la Democracia y la Equidad.

En la conferencia de prensa se denunció que continúa sin protección María Soledad Larugga, quien fue amenazada hace quince días tras participar en un acto por Floreal Avellaneda; los organismos presentes se quejaron de que “ni el juez federal de Morón ni el Ministerio de Justicia de la Nación dispusieran medidas para protegerla”.

La abogada Liliana Mazzea, de Justicia Ya, valoró que el caso sea el primero en llegar a juicio oral de la megacausa de Campo de Mayo, pero señaló que la fragmentación que implica abrir causas por víctimas y no por centro clandestino “es la causa principal del atraso en lograr justicia y además dificulta la visión de lo verdaderamente ocurrido”. También acompañaron a Iris en la rueda de prensa Jorge Brioso (abogado de la querella), Patricio Echegaray (PC), Graciela Rosenblum y José Schulman (de la Liga). Carlos Zamorano, abogado del Partido Comunista, destacó que esta es la primera vez que un partido político es reconocido como querellante en un juicio por terrorismo de estado; “ese derecho le corresponde al Partido Comunista, no sólo porque entre sus afiliados se encuentran victimas de la dictadura, sino porque es un deber y un derecho de todo partido político defender los derechos humanos”.