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Por CELS *

El CELS expresa su enérgico repudio a las expresiones del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien afirmó que si la Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “se crearía un escenario de incertidumbre para la sociedad”.
Esas leyes y los decretos de indulto no son “leyes del perdón”, son leyes de Impunidad. La afirmación del ministro apela a la lógica perversa –ya utilizada al momento de justificar la sanción de estas leyes– de que la impunidad de los culpables implica tranquilidad institucional y la justicia y la memoria, en cambio, “abren heridas” o “amenazan la paz de los argentinos”. En estos tiempos, convulsionados de por sí en una crisis sin precedentes en nuestro país, agitar el fantasma de la intranquilidad militar resulta doblemente ofensivo, provocativo y peligroso.
Respecto del posible fallo de la Corte, existen ya muchas declaraciones judiciales que resolvieron la inconstitucionalidad de estas leyes. La Sala II de la Cámara Federal afirmó que “en el contexto actual de nuestro derecho interno la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una alternativa. Es una obligación”. El procurador general consideró que “...hay que salvar el decoro de una sociedad que debe sobrevivir con dignidad y cuyos intereses la Constitución nos manda defender”.
Estas declaraciones judiciales afirmaron que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto la humanidad en su conjunto afirma su carácter criminal, y que estos delitos son inamnistiables, imprescriptibles y excluyen a la obediencia debida como causal de exclusión de la responsabilidad penal.
Asimismo, concluyeron que, con las leyes de impunidad, Argentina incumplió su obligación de investigar y sancionar penalmente estas violaciones. La invalidez de las leyes mencionadas se deriva de su oposición a normas positivas incluidas en tratados internacionales de los que Argentina forma parte.
Tras 19 años de democracia, sigue vigente el enigma de la desaparición. Pero tenemos certeza sobre los responsables. Y la ley es nuestro instrumento para poder sancionarlos y lograr una explicación colectiva de lo sucedido.
La verdadera “incertidumbre” no es la que anuncia el ministro. La verdadera “incertidumbre” es la de los familiares, las víctimas y la sociedad civil en su conjunto, que en su larga lucha por el camino de la Verdad y la Justicia, siguen hoy sin encontrar eco en las instituciones del Estado y sus representantes.

* Centro de Estudios Legales y Sociales.