El jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, general Jorge Enrique Altieri, pidió el pase a retiro porque la ministra de Defensa, Nilda Garré, no lo autorizó a velar con honores al general retirado Rodolfo Wehner, procesado por 154 secuestros. Altieri había sido ascendido en diciembre pasado y le había ofrecido a la familia de Wehner realizar el velorio en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”. Una resolución firmada por Garré establece que ese privilegio está vedado para los imputados en causas por delitos de lesa humanidad. Los allegados a Altieri hicieron trascender que estaba “harto de ser funcional a la destrucción de las Fuerzas Armadas”. En el Edificio Libertador evaluaron como “exagerada e impropia” la reacción del general. Un camarada interpretó que “es evidente que es una muestra de rechazo a la política de derechos humanos del Gobierno”. Garré dijo que “por suerte la gran mayoría de las Fuerzas Armadas cree que éste es un capítulo vergonzoso que hay que cerrar con justicia” (ver aparte).

Altieri fue uno de los coroneles propuestos para ser ascendidos a general por el ex jefe del Ejército Roberto Bendini y por su sucesor, Luis Pozzi. “Es un hombre poco flexible, pero hasta ahora podíamos decir que ideológicamente no estaba en ningún lado”, comentó un alto oficial que creía conocerlo. Altieri le pidió autorización al comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Carlos Pedro Artuso, para realizar el velatorio con honores. La respuesta fue que se comunicara directamente con el Estado Mayor Conjunto. En un par de horas, Altieri recibió la orden de no avanzar en esa ceremonia.

Guillermo Wehner, el hijo de uno de los jefes de las siete áreas en que se dividió la represión ilegal en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, calificó como “una gran injusticia” la decisión de Garré. En diálogo con Radio 10, Wehner dijo que “es un orgullo” contar con generales como Altieri pero que le causó “dolor perder hoy a un general”.

La esposa de Wehner, Lucrecia Milagro Grande, fue quien pidió la ceremonia con honores. Reina de Belleza en su juventud y perteneciente a una de las familias tradicionales de Salta, daba por descontado el beneplácito de las autoridades. El apoyo de los militares retirados y el acompañamiento de la prensa local tornaban inconcebible un rechazo. Para entender lo que estaba pasando, su hijo recomendó un artículo de El Tribuno, titulado “La montonera que se hizo jefa”, en alusión a Garré.

Prontuario

Wehner es uno de los seis acusados por 154 secuestros en la causa a cargo del Tribunal Oral Federal 5 en la que el principal imputado es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del I Cuerpo y jefe de la subzona Capital de la represión ilegal durante la última dictadura.

Como ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” y del área militar III desde el golpe de marzo de 1976 hasta fines de 1977, a Wehner se le imputaban 51 privaciones ilegales de la libertad. Bajo esa jurisdicción represiva funcionaron centros clandestinos de detención, torturas y exterminio como los denominados Club Atlético, El Banco y Olimpo.

El 24 de marzo de 1976, Wehner estaba al frente de los Granaderos que custodiaban a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. No intervino en su detención porque la sacaron de la Casa Rosada directamente en helicóptero y la recluyeron en la residencia de descanso oficial El Mecidor, en Villa La Angostura.

El proceso contra Wehner estaba suspendido por razones de salud. En realidad, había sido recluido con prisión domiciliaria, pero a raíz de su tratamiento de diálisis había sido beneficiado. Altieri habría discutido con su superior directo, el jefe del III Cuerpo, porque alegó que tiene que primar la presunción de inocencia. “No tuvo en cuenta que estaba procesado por más de cincuenta secuestros”, señaló un abogado que recordó la responsabilidad como responsable de área de Wehner.

El protocolo castrense sigue vigente aunque ha sido restringido en los últimos años. En 2003, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue velado con honores y despedido por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien lo definió como “un soldado disciplinado”. Murió mientras cumplía prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, pero como mantenía el grado y no tenía una condena firme cumplieron con el ritual vigente. Desde la asunción de Garré se prohibió el reconocimiento a los imputados en causas por violaciones a los derechos humanos. Hasta el planteo de Altieri no habían aparecido reclamos de familiares que querían despedir con honores a los represores pese a que fueron varios los que fallecieron en los últimos años.

La inhumación de los restos de Wehner en el cementerio privado Virgen de la Misericordia fue acompañado por unas 160 personas, entre ellos cinco oficiales en actividad y varios retirados. Todos vestían uniforme, tal como lo estipula el reglamento vigente. El general Altieri asistió junto a un grupo de camaradas.

El desenlace del caso Wehner puso en evidencia que todavía quedan pendientes privilegios que sólo se justifican como una rémora del pasado. Garré repite que los militares son ciudadanos que visten uniforme. Ningún otro empleado público recibe honores por el sólo hecho de morirse.