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Primero dijo que la denuncia de un grupo de laboratorios, sobre la inminente falta de analgésicos y antibióticos en los hospitales públicos, es “una mentira cruel”. Luego los acusó de practicar el “terrorismo sanitario”. Y la misma categoría le endilgó a los anestesistas -actualmente en conflicto salarial–, a quienes consideró lisa y llanamente un “cártel”. Ginés González García, ministro de Salud, salió así a enfrentar la denuncia que realizó la Cámara de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario (Capgen), 25 laboratorios que proveen el 80 por ciento de lo que compra el Estado para los hospitales públicos y la huelga en algunos hospitales de los profesionales que evitan el dolor durante las cirugías. Tras sostener que la denuncia de los laboratorios es una presión de quienes mantenían colonizado al Estado”, González García anunció que las dos grandes cámaras de la industria farmacéutica, Cilfa y Caeme, garantizaron al gobierno la existencia de un stock suficiente, y que a cambio de una compra inminente por parte del Estado, donarán cada una alrededor de un millón de unidades de los medicamentos que están en riesgo de escasear.
“Esto es una mentira cruel. Terminé de hablar con Cilfa y con Caeme -las cámaras que nuclean a los laboratorios nacionales y a los extranjeros, respectivamente–, que no tienen ningún problema importante. He estado hablando esta mañana con ellos (por ayer)”, dijo el ministro a Página/12. Dedicado a despejar las dudas sobre la existencia de analgésicos y antibióticos, garantizados ahora por la industria, el ministro descalificó las proyecciones que hizo el presidente de la Capgen, Fernando Brustein. El empresario había asegurado que por la falta de frascos y ampollas, ahora fabricados en Brasil, y por los adelantos imposibles de pagar a sus proveedores de insumos importados, los hospitales públicos se quedarían sin stock en veinte días.
“Ellos están enojados porque la gran industria está por hacer una gran donación de medicamentos. Ellos se quedarían afuera de un negocio que monopolizaron durante años porque de alguna manera mantuvieron colonizado el Estado para proveerlos”, atacó González García.
–O sea que el gobierno quiere cambiar de proveedores y ya decidió comprarles a las grandes industrias en lugar de a las Pymes.
–Nosotros vamos a hacer una gran compra, pero como demoran mucho tiempo los pasos que se dan en el Estado y además estamos en emergencia, les pedimos que hagan una donación.
Un vocero de Cilfa, la cámara que nuclea a los grandes laboratorios nacionales, admitió ayer que en la industria farmacéutica existe un “plan carenciados”, que nunca se llevó a la práctica por razones burocráticas. “Siempre hubo problemas para implementarlo. El que tiene que hacer una buena selección administrativa es el Estado para que lleguen a la gente que los necesita. A De la Rúa se lo ofrecimos varias veces y siempre había un problema burocrático”, dijo a este diario el vocero.
Los empresarios del sector estarían dispuestos a concretar la “donación” de la que habla el ministro y luego, bajo el compromiso oficial de inyectar cien millones de pesos al sistema de salud, concretar una provisión de bajo costo. Pero ellos también advierten, aunque con plazos no tan perentorios y alarmantes, lo que ya dijo la Cámara de las pymes que venden genéricos e insumos al Estado.
Desde ese sector, el presidente de Capgen le dijo ayer a Página/12 que debería “revisar en todos los entes públicos las órdenes de compra de los últimos cinco años y comparar los precios a que compró el Estado con los del mercado general y verán que sólo por el esfuerzo de nuestros laboratorios pudo el Estado cubrir la necesidad de la gente que va a los hospitales públicos”.
Estos 25 laboratorios, la mayoría Pymes, proveen el 80 por ciento de los genéricos (drogas básicas de los principales medicamentos) que compra el Estado nacional y las provincias para sus hospitales públicos. Al debate que estalló entre los proveedores de medicamentos al Estado, el ministro le sumó ayer un ataque directo a los anestesistas, algunos de los cuales están haciendo huelga en hospitales públicos por un atraso en el pago de salarios. “No todos, pero son un cártel que hace años que vienen imponiendo precios distintos para su labor, muchas veces cobrando más que el propio cirujano. Nosotros vamos a romper esa situación de privilegio y la vamos a castigar con toda dureza”, dijo. El gobierno estudia incluso cómo enmarcar jurídicamente la cuestión para denunciarlos ante la Justicia y abrir masivamente este año el ingreso en las prácticas de la especialidad para quebrar el “monopolio de los anestesistas”.