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Resulta inaceptable y agresivo para nuestra ciudadanía que después del latrocinio sufrido por la aplicación de recetas neoliberales y planes del FMI, nos pretendan dar consejos y que el Gobierno quiera insistir con otros ajustes sociales en el Presupuesto 2002. Para ser respetados como Nación, debemos salir de la crisis a partir de nuestras propias fuerzas y recursos. Y la solución nacional no es otra que la recuperación de nuestras riquezas, sin que la ley perdone impuestos y gravámenes a quienes se enriquecieron con las prebendas, la destrucción de la industria, la desocupación, el vaciamiento y la extracción a precio vil de los recursos naturales. Además de las medidas que el país viene reclamando –restitución de los aportes patronales, estatización de las AFJP y el gravamen a las transferencias financieras– hay otra medida de plena legitimidad que se elude: la revisión y modificación de las concesiones energéticas y de las regalías petroleras que constituyen, junto con el vaciamiento financiero y la deuda externa, el otro gran latrocinio sin precedentes en la historia argentina.
La Ley 17.319 fijó regalías con un tope del 12 por ciento porque era la empresa estatal YPF la que le pagaba al mismo Estado. Pero a partir de la privatización, las petroleras pagan a las provincias regalías aún más bajas por la aplicación de descuentos que las reducen a un 6 o un 8 por ciento. En el resto del continente, esas mismas empresas aportan varias veces más: Repsol-YPF paga en Bolivia un 35 y distintas corporaciones llegan a pagar en Venezuela hasta el 37. Ello se agrava en tanto la mayor parte de las regalías se cobran en la Argentina a simple declaración jurada de las empresas. Si nuestra factura global de hidrocarburos ronda los 22 mil millones de dólares anuales, sería posible obtener buena parte de los recursos que hoy les faltan a la Nación y a las provincias, aumentando las regalías y el canon de explotación, eliminando los injustos beneficios impositivos, gravando las exportaciones de crudo y gas, y reimplantando el impuesto al crudo procesado. La seguridad jurídica no puede invocarse para legitimar ilícitos sino para denunciarlos ante la Justicia y corregirlos. Vale recordar que las leyes privatizadoras de YPF y Gas del Estado fueron aprobadas en sesiones bochornosas y avaladas por la Corte Suprema de Justicia.
El impuesto a las exportaciones petroleras es solamente una de las medidas que deberían tomarse, porque estas corporaciones ya lograron ganancias superlativas a expensas de los consumidores: los precios internos netos que seguimos pagando son un 30 por ciento más altos que sus similares en otras naciones. Al retirarse el Estado como regulador de los precios, nos dejó en manos de un poder oligopólico que detenta el 55 por ciento del mercado. Hagamos memoria: mientras México, Brasil y Venezuela mantuvieron sus compañías petroleras estatales, Menem y Cavallo vendieron nuestros yacimientos en plena producción, tasando las reservas a 5 dólares el barril –menos de la mitad del precio más bajo en esos años– y tomando como base las reservas de 1990, fraudulentamente subvaluadas. Aunque cueste creerlo, YPF fue vendida sin el inventario actualizado de sus bienes y los yacimientos estratégicos –los de mayor producción y mejores crudos con reservas comprobadas para más de 35 años– se cedieron por 25 años con opción a diez más. El Estado recibió 5600 millones de dólares, pagados con bonos de deuda externa cotizados al ciento por ciento de su valor, cuando en realidad se compraban por menos de la mitad.
Para avanzar en la construcción de un proyecto nacional democrático e independiente, es preciso recuperar las riquezas que nos quitaron. Si los dos recursos básicos de la cadena productiva son la energía y la inteligencia, estas dos fuentes son nuestro bien más valioso, que debe ser protegido, recuperado y democratizado. Nuestro país puede y debe salir de la crisis, ya que cuenta con la fortuna de tener grandes recursos naturales y un pueblo talentoso, que en la última década fue desinformado y saqueado: un pueblo que ignora lo que tiene, y su real valor, mal puede defenderse y proyectarse hacia el futuro.

* Ex diputado, miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; autor de numerosos proyectos sobre temas energéticos y del libro Yacyretá, crónica de un despojo.