Rechazo e indiferencia. Esos fueron los sentimientos que generaron entre organismos de derechos humanos, funcionarios y querellantes en causas de lesa humanidad las declaraciones de Graciela Fernández Meijide durante una entrevista para publicitar su libro. La ex ministra de la Alianza y ex integrante de la Conadep propuso rebajar las condenas de represores a cambio de información sobre menores apropiados y sobre el destino de desaparecidos, tildó de “mito” la cifra de 30 mil víctimas fatales de la dictadura, sugirió que “nadie sabe el número” de bebés robados y, finalmente, dijo que, “así como están, los juicios no van a ninguna parte”.

“De ninguna manera acepto negociar a mi nieta, un horror”, dijo María Isabel Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que según Fernández Meijide compartía su idea. “Rechazamos la propuesta de plano. Rebajar condenas es denigrante, es entrar en un trueque histórico”, explicó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. Y agregó que “tenemos metodologías y experiencia para asegurar que hay alrededor de quinientos chicos apropiados”.

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos calificó los dichos como “una infamia” y sostuvo que “quienes quieran negociar con los genocidas su impunidad serán sus cómplices”. Otros organismos les quitaron entidad a los dichos de la ex dirigente de 78 años, retirada de la actividad política. “Es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable”, respondió en una carta el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien calificó como “despropósito” minimizar el valor de los juicios. Elena Mariani, coordinadora del programa Verdad y Justicia, sostuvo que “haber integrado la Conadep no autoriza a decir estupideces”.

Ex dirigente de la APDH, Fernández Meijide acaba de publicar Historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, dedicado a su hijo Pablo, desaparecido en 1976. Entrevistada por diversos medios de comunicación, calificó de “mentira” la cifra de 30 mil desaparecidos y de “chiquitaje” el cambio de prólogo del Nunca Más, reeditado por la Secretaría de Derechos Humanos para cuestionar la teoría de los dos demonios. También propuso aminorar condenas a cambio de datos y evaluó que no serían “los dinosaurios” quienes los entregarían, pues “no deben tener la más mínima idea”, sino “los más jóvenes, los que secuestraron y mataron”.

La idea no es nueva. El año pasado el general Martín Balza cuestionó la falta de políticas para quebrar el pacto de silencio y Claudio Tamburrini, sobreviviente de Mansión Seré, planteó la alternativa de reducir penas a cambio de confesiones: sostuvo que “al inducir a denunciarse mutuamente se quiebra el pacto de silencio”, “se reduce la intensidad del castigo pero se incrementa el número de delincuentes penalizados, extendiendo las penas a los cómplices civiles”.

“Quiero recuperar a mi nieta por sobre todas las cosas, pero eso no significa que vaya a negociar”, explicó Chicha Mariani, que con 80 años aún busca a Clara Anahí. “Nos agrede al decir que usamos cifras falsas. Es doloroso tener que condenar estas expresiones, que no son novedosas”, admitió Carlotto, quien recordó el rechazo que generó Fernández Meijide al cuestionar la cifra de desaparecidos cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón.

Duhalde recordó que “el único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas está en poder de los asesinos”, que las denuncias continúan en el presente y que “es falaz” tomar los registros parciales del Estado como registros totales. Le recordó que la teoría de los dos demonios, “en la medida en que sostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de Estado, se convierte en teoría de un solo demonio, el de los sectores populares” y reivindicó el valor de los juicios, que “han servido para que la condena al terrorismo de Estado sea irreversible”.