El petit hotel de María Julia Alsogaray está cada vez más cerca de ser rematado. Cuando esto ocurra, quien gane la subasta deberá iniciar un juicio para desalojar a la ex polifuncionaria menemista porque aún vive en esos tres pisos de la calle Junín 1435. Ayer la Justicia la intimó para que entregue el título de propiedad, aunque en caso de no hacerlo el trámite sigue requiriendo el documento en el Registro Inmueble. En cualquier caso, Alsogaray tendrá que ir pensando en mudarse del señorial edificio ubicado en la Recoleta porque al haberse negado a pagar el decomiso correspondiente a su condena por enriquecimiento ilícito, que quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema, la Justicia la obligará a responder con sus bienes: el famoso petit hotel y dos departamentos.

Esos inmuebles pasarán a remate judicial para cubrir la suma de 3.179.207 pesos que le debe al Estado por el “enriquecimiento injustificado” que hizo durante sus años de funcionaria del gobierno de Carlos Menem. Los bienes fueron embargados por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) luego de que la ex secretaria de Medio Ambiente y privatizadora de ENTel y otras empresas públicas adujera no tener fondos suficientes para responder y ofreciera sólo la mitad, 1.700.000 pesos, para saldar la sentencia. En el famoso petit hotel, al que Alsogaray volvió a vivir luego de haber estado presa en la sede de la Policía Montada de la calle Cavia, se casó, con ceremonia religiosa incluida y fiesta íntima, Alvarito Erize, su hijo mayor. Ahora tendrá que ir empacando sus cosas, las de su tía abuela y las de su hijo y su nuera, todos habitantes del edificio de Junín al 1400. Los otros dos departamentos embargados también están en la Recoleta, uno en calle Basavilbaso 1396 y otro en Rodríguez Peña 1882.

Pero los Alsogaray no irán bajo un puente ni mucho menos, aunque la mater familias haya sido condenada por enriquecerse en forma ilegal y tenga que devolver algo de lo que robó. Como alternativa quedan las propiedades que no fueron embargadas: dos departamentos que la ex polifuncionaria compró en 59 street 160 W, del condominio Essex House, frente al Central Park de Nueva York, Estados Unidos. Ambos estaban a nombre de la empresa “Purple Cross”, cuya mayoría de acciones en 1994 pertenecían a la ex funcionaria. Y también quedó fuera de la medida la bóveda de la familia Alsogaray en el cementerio de Recoleta.

El tribunal, que integran Leopoldo Bruglia, María Cristina San Martino y Jorge Luciano Gorini, intimó a Alsogaray y le dio tiempo hasta mañana para que entregue al TOF4 los títulos de propiedad para cumplir la sentencia de casi cinco años. Simultáneamente pidieron a las inmobiliarias Bullrich, D’Odorico, y Cornejo Achával tasaciones de las propiedades para ponerle precio de base a la subasta. El monto exacto de 3.179.207,05 de pesos que Alsogaray tenía que devolver fue resuelto por el TOF4 luego de la pericia hecha por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, en la cual la ex secretaria de Medio Ambiente contó con un perito de parte. La Justicia también solicitó la lista de rematadores de la Capital Federal así como el estado de deudas a la Dirección de Rentas porteña y a los consorcios.

Los jueces recordaron en su fallo que “a la fecha de la comisión del ilícito, el enriquecimiento injustificado (de Alsogaray) ascendía a la suma de 1.122.000 dólares”. El TOF4 condenó en mayo de 2004 a María Julia a tres años de prisión, de los cuales estuvo 19 meses detenida, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo recién quedó firme a fines de 2008 por decisión de la Corte Suprema, lo que habilitó al TOF a exigir la devolución del producto del delito a las arcas públicas.

Alsogaray afronta otras veinte causas penales, varios procesamientos y tiene pendientes al menos seis juicios orales y públicos, que aún no tienen fecha de realización. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la procesó por supuesto “peculado”, o sea hurto de caudales del Tesoro en provecho propio, por el cobro de sobresueldos durante la década que ejerció como funcionaria, y ordenó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes.