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Si se suprimiesen los tres cargos que explican los últimos aumentos de tarifas de gas por redes, el Gobierno debería buscar una nueva fuente de recursos para seguir importando combustible, para subsidiar la garrafa social y, básicamente, para mejorar la remuneración a las productoras locales, que gracias a esa mejora en el precio prometieron no despedir personal y realizar inversiones. Las alternativas sustitutas que se avizoran se presentan igualmente antipáticas.

Para los usuarios de más de 1000 metros cúbicos al año se impusieron tres cargos diferentes y sucesivos. 1. A partir del 1º de septiembre se impuso uno para mejorar el precio a los productores de gas. 2. Como el 65 por ciento de esa recaudación se derivó a subsidiar la garrafa social, las petroleras consiguieron como compensación un segundo cargo, vigente a partir del 1º de noviembre. 3. Antes de fin de año llegó otro, destinado a costear la importación de combustible que hace el Estado a precio internacional. Según se dispuso hace un par de semanas, también serviría para brindar otra mejora a las empresas productoras.

El Estado importa combustible a valores muy altos y luego lo aporta al sistema a un precio mucho menor, asumiendo la diferencia. Ese subsidio implica varios cientos de millones de dólares por año. Si se suprimen aquellos cargos, el fisco enfrenta el dilema de buscar una fuente sustituta de recursos para mantener este esquema de subvención o tendría que permitir que esas compras al exterior las hagan las empresas privadas del sector que, previsiblemente, trasladarían luego ese sobrecosto al precio de su servicio. Esto implica boletas de gas y de luz más caras (parte del carburante importado va a las usinas generadoras).

Tal como señaló ayer Cameron, los usuarios industriales ya vienen afrontando subas importantes en el precio del servicio y cargos muy onerosos para financiar obras de infraestructura, como las costosas ampliaciones de los gasoductos. Difícilmente admitan soportar otros aumentos en este insumo sin trasladarlos directamente a los precios finales de sus productos, menos en un momento en que la actividad industrial está enfrentando un escenario complicado.

Si se mantuviese la voluntad de seguir costeando esas operaciones con un aporte de los usuarios domiciliarios, pero se quisiera atenuar el impacto de la última suba, habría otro camino, igualmente incómodo. Eventualmente, podría aplicarse un cargo más bajo a todo el universo de usuarios y no sólo a los categorizados en R3 hacia arriba. Opción políticamente muy costosa e impensable en este contexto de tanta irritación por las subas.

Tampoco parece muy viable para el Gobierno dar marcha atrás con su decisión de mejorar el precio del gas en boca de pozo, que en Argentina es muy inferior al internacional. Invocando este último dato, las productoras disminuyeron drásticamente el ritmo inversor, con la consecuente caída de las reservas de gas y petróleo, y una consecuencia más inmediata, como la suspensión de personal por la parálisis de equipos.