El pasado 27 de julio, en su debut ante la prensa, el cuestionado jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, dijo que la fuerza ya posee 850 efectivos “con experiencia”, 50 patrulleros, 50 móviles de investigación y 35 motos. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, participó del desfile de policías y autos que entrarán en acción el 1º de octubre. Un mes antes de aquellas declaraciones, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, había autorizado en una primera etapa la compra directa de 15 patrulleros a la firma Roycan S.A. En la misma época, el comisario Palacios se dio un gusto: adquirió un Mercedes-Benz C-200 Kompressor Avantgarde al módico precio de 176.700 pesos en una concesionaria que comparte algunos de sus socios con la proveedora de los primeros autos policiales.

La resolución 634, fechada el 19 de junio, firmada por Montenegro, apela al decreto que “faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado” para habilitar la operación sorteando el llamado a licitación. En los considerandos se detalla que se invitó a cotizar a Roycan SA, Megui SA y Autoteam SA, y que la primera ofreció los precios más convenientes. La parte resolutiva “aprueba la adquisición de vehículos patrulleros para su utilización en la capacitación prevista por el Instituto Superior de Seguridad Pública a la empresa Roycan SA por un importe de pesos novecientos noventa y cinco mil setecientos ($ 995.700)”. El mismo día, mediante la resolución 633, se dio luz verde a la compra de quince motocicletas policiales, marca Honda 700, por un total de 992.243,85 pesos.

Los casi dos millones de pesos de estas adjudicaciones directas son apenas la entrada de un banquete que supone en dos años la compra de tres mil patrulleros. El macrismo, con Fino Palacios a la cabeza, dice apostar a una policía “bien equipada, con todos los avances tecnológicos”. Teniendo en cuenta que los procesos licitatorios requieren un plazo mínimo de seis meses, el jefe de la nueva policía debe estar ocupado en esos menesteres y hace caso omiso de la campaña de firmas convocada por la oposición porteña y los organismos de derechos humanos para que Macri lo remueva del cargo. Se supone que las compras directas fundadas en “imprescindibles necesidades” no serán el mecanismo que signará el armado de la policía porteña.

Al volante

Antes de que le asignaran oficinas en el Ministerio de Seguridad y se hiciera pública su designación, Palacios se ocupaba del diseño de la nueva policía desde la consultora Strategic Security Consultancy S A. La empresa dedicada a “la actividad de consultoría de alcance nacional e internacional y de asesoramiento empresarial y personal sobre soluciones de seguridad global e investigaciones” fue creada por Palacios y su esposa el 14 de agosto de 2006. Hace dos semanas, cuando el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó su informe a la Legislatura, Gabriela Cerruti le preguntó sobre la incompatiblidad que suponía tener un jefe de policía que hace negocios con la seguridad privada. “Es del suegro”, dijo el funcionario. Palacios había transferido oportunamente las acciones. Un cambio de manos semejante hizo con otra de sus consultoras, ARPA Organización de Seguridad, que creó en 1996 mientras se desempeñaba en la Policía Federal. Palacios fue pasado a retiro en 2004 cuando se difundieron escuchas telefónicas en las que aparecía hablando con uno de los involucrados en el secuestro de Axel Blumberg.

Los habitués de los negocios que abre la seguridad comentan que Palacios se ocupó personalmente de entrevistarse con los potenciales proveedores de móviles y equipos para su fuerza. En la primera compra de patrulleros llamó la atención que las firmas convocadas sean todas de la provincia de Buenos Aires, dado que por la magnitud de la operación la comuna porteña perdería así importantes ingresos por impuestos. Roycam, la elegida, se encuentra en el partido de San Martín, Megui en San Miguel y Autoteam en Cañuelas.

Los socios de Roycam son Rubén Alfredo Loiácono e Isabel Margarita Ciglutti Seijo, quien a su vez tiene participación societaria en la firma Megui, otra de las convocadas para compulsar precios de patrulleros. Palacios adquirió su Mercedes-Benz C-200 en la concesionaria Ciglutti-Guerini, en la que según el acta de asamblea del 28 de julio pasado aparece como directora también Isabel Margarita Ciglutti Seijo. El juego de coincidencias no termina ahí: el vicepresidente de Ciglutti-Guerini es Leonardo Ciglutti quien, a su vez, es socio de Loiácono (Roycam) en la concesionaria oficial Hyundai, WinCar Motors S.A., de Olivos.

La base de datos del Registro Automotor muestra que a Palacios le gustan los “fierros” de todo tipo. Figuran a su nombre desde mayo de 2008 una camioneta Hyundai, modelo Santa Fe 22 4WD CRDI (todo terreno). Un Chevrolet modelo Spark LT desde enero de 2009 y un Mercedes-Benz C-200 Kompressor Avantgarde, cuatro puertas. Palacios arma también su propio parque automotor.

Macri conoció a Palacios después de haber sido secuestrado, cuando el entonces oficial de la Policía Federal participó en el esclarecimiento del caso que llevó a una banda de comisarios. El Estado argentino fue condenado a pagar una indemnización a uno de los policías involucrados en la causa por las torturas a las que había sido sometido. La confianza entre ambos creció y llevó luego al Fino como jefe de seguridad de Boca Juniors. Su pedido de procesamiento por encubrimiento en la causa por el atentado a la AMIA parecía un impedimento para que Palacios llegara a la cúspide de la nueva policía. Sin embargo, tras las elecciones saltó de las sombras al nombramiento oficial. Tiene piedra libre para armar una policía a su imagen y semejanza.