“Los diputados hemos sido engañados y los que firmaron (el dictamen), más aún.” Fue la frase que utilizó la diputada radical Silvana Giúdici para denunciar “irregularidades” del kirchnerismo en la sanción del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como haber leído modificaciones a la propuesta oficialista en el plenario de las comisiones legislativas que “luego tuvieron cambios sustanciales” en el texto del dictamen que finalmente se llevó al recinto. Su única acompañante, Patricia Bullrich –que no contó con el aval de la Coalición Cívica–, sostuvo que uno de esos “engaños” convierte al proyecto en “confiscatorio”. La secretaria del bloque K en la Cámara baja, Patricia Fadel, refutó los argumentos de la denuncia opositora y afirmó que “sólo buscan poner todo bajo sospecha para evitar que se desmonopolicen los medios, que es el principal objetivo de la ley” que ya tiene media sanción del Congreso.

La convocatoria a la conferencia de prensa fue rápida. En el tercer piso del anexo de la Cámara de Diputados, Giúdici y Bullrich recibieron a los periodistas con una “denuncia de irregularidades” que calificaron de “falsedad ideológica”. Aunque los argumentos fueron técnicos, no faltaron las apreciaciones políticas: “Exigimos que esto pase urgente al Senado, hoy mismo, para que corrija estas barbaridades”. Las diputadas querían que fuera Julio Cobos quien decidiera a cuántas comisiones sería girado el proyecto para el debate en el Senado.

Los cuestionamientos fueron sobre las diferencias en 3 de los 166 artículos del proyecto, entre lo que habría leído el secretario de la comisión de Comunicación, Gonzalo Ottone, en el plenario legislativo, y el texto del dictamen de mayoría que se llevó al recinto. A continuación, los argumentos de uno y otro lado sobre cada uno de los puntos.

El primero se refería a “cambios” en la composición de la autoridad de aplicación. Los tres representantes parlamentarios (del total de siete miembros) habían sido establecidos para la primera, segunda y tercera minoría legislativa. La modificación en el texto aclara que uno de ellos será para “la mayoría o primera minoría”. Giúdici y Bullrich consideraron que este cambio significa un “avance para el control” del gobierno de turno sobre la autoridad de aplicación.

“El texto especificaba el reparto sobre las minorías, pero quisimos dejar claro que si alguien tuviera mayoría en las Cámaras, quedara explícito y no fuera marginado: uno es para la mayoría o primera minoría, y los otros dos se asignan en forma descendente para la segunda y tercera minoría. No veo ninguna arbitrariedad. Si la oposición se juntara ahora en un solo bloque, pasaría a ser la mayoría”, sostuvo Fadel ante Página/12.

La segunda observación fue sobre el artículo 47, que reemplazó al polémico ex artículo 40. Allí, según las diputadas opositoras, se establecía que “la autoridad de aplicación, deberá proponer al Congreso en forma bianual” la revisión técnica de las licencias para adecuarlas a las nuevas normas, y que la modificación dice que la autoridad de aplicación “sólo deberá enviar un informe al Ejecutivo y a la comisión bicameral”. Para Giúdici, esto significa “ausencia de control parlamentario”.

Fadel insistió en que se modificó el texto que llegó desde el Ejecutivo para despejar cualquier duda sobre que la revisión es sólo técnica y no sobre la adjudicación de las licencias: “Se incorporó claramente que se preservan los derechos de los titulares de las licencias. Pero es una locura pensar que el Congreso debe hacer una ley cada dos años para una cuestión técnica que debe estar en manos de la autoridad de aplicación. Aunque ésta debe ser informada a la comisión bicameral para su control”, sostuvo la diputada mendocina.

El tercero fue el punto más áspero de la disputa. Las legisladoras opositoras la presentaron como “cláusula de aprisionamiento” y se refiere al artículo 161, que establece un año de plazo para que los licenciatarios se adecuen a la futura normativa. La referencia que allí se hace al artículo 41 –que establece que “las licencias son intransferibles”– haría inaplicable la desinversión empresaria, es decir el proceso de venta de los grupos concentrados para cumplir con la nueva ley. “Este artículo significa que es un proceso confiscatorio para los medios que tienen más licencias que las que permite esta ley, no las van a poder vender, no las van a poder transferir y por lo tanto la autoridad de aplicación va a poder dictar la caducidad”, afirmó Giúdici.

Sin embargo, Giúdici y Bullrich omitieron referencia alguna a la incorporación que se hizo en el recinto y que sí estaba incluido en un cuadro comparativo que repartieron a la prensa. Sobre ese punto se refirió Fadel: “Para subsanar esto, se agregó en el debate permitir que las empresas que tengan que vender activos para adecuarse a la nueva ley, lo puedan hacer. Aunque esto deberá ser revisado por la autoridad de aplicación para que el comprador también cumpla con todas las exigencias que impone la normativa. En realidad, quienes plantean esto quieren suprimir los controles que puedan evitar la formación de nuevos monopolios”.