A menos de un mes de haber detectado fraude en un examen para juez federal de Paraná, el Consejo de la Magistratura puso ahora bajo sospecha el concurso para cuatro juzgados en el fuero federal porteño, donde tramitan los grandes casos de corrupción y derechos humanos. La presunción es, igual que en el caso de Entre Ríos, que algún o algunos concursantes hayan accedido con anticipación a la prueba que les iban a tomar sobre un caso penal concreto. El presidente del organismo, Luis María Bunge Campos, le ordenó ayer al cuerpo de auditores que inicie una investigación. El proceso para cubrir estas vacantes, que se inició allá por 2005, va camino a sufrir nuevas demoras.

El concurso para los juzgados federales ya fue anulado el año pasado por el Consejo, a raíz de las bajas notas de los aspirantes y a pesar de que un grupo de notables avaló la corrección. En marzo último, los postulantes volvieron a rendir la prueba. Debían resolver un robo de monedas antiguas en el Banco Nación, como si fueran el juez. Un expediente casi igual tramitaba en el juzgado de Daniel Rafecas. Es habitual que se tomen casos reales.

El senador radical Ernesto Sanz, consejero, recibió denuncias anónimas que señalaban irregularidades –que no quiso precisar– en el concurso, según confirmó a este diario. La Nación publicó que doce días antes del examen, desde el juzgado de instrucción de Luis Osvaldo Rodríguez, uno de los concursantes, le pidieron al de Rafecas copias del fallo de Cámara sobre la causa de las monedas. Fue una funcionaria de la Cámara del Crimen quien se contactó. Rafecas dijo que envió su respuesta tanto al tribunal de alzada como al juzgado. Ayer le notificó lo sucedido al Consejo. Rodríguez niega haber pedido el fallo.

Pero tanto o más que esa situación, a algunos consejeros les llamó la atención que el examen de uno de los concursantes que obtuvo las mejores notas tenía citas casi exactas de jurisprudencia y fallos de la Corte Suprema. No se pueden llevar fallos al examen, sólo leyes.

“Esto es preocupante y por eso ordené una auditoría”, le dijo Bunge Campos a Página/12. “Por ahora –aclaró–, el concurso seguirá adelante, aunque es evidente que sufrirá alguna demora. En principio , en las impugnaciones nada de esto se planteó. Vamos a investigarlo.”

Las pruebas de los concursos las confeccionan los cuatro miembros del jurado, que eligen cuatro casos, de los cuales se sortea uno. Se supone que sólo ellos conocen el contenido, que entregan a la comisión de Selección del Consejo, que los guarda en sobres lacrados. En el concurso para los juzgados federales, los miembros del jurado son tres magistrados del propio fuero –los jueces Sergio Torres, Julián Ercolini y el camarista Eduardo Farah– y el profesor Juan Carlos Gemignani (h). “Es un jurado prestigioso, esto hay que aclararlo”, dicen por lo bajo en el Consejo.

El proceso para cubrir las vacantes en el fuero federal –el más inquietante para el poder político– fue problemático casi desde sus inicios, cuatro años atrás: la mayoría sacó menos de cuatro en el examen. Pero había algunos en condiciones de ser ternados. No era el caso de Octavio Aráoz de Lamadrid, quien sonaba como preferido del oficialismo, y había sacado 1. A pesar de que la corrección fue avalada, el Consejo anuló el año pasado el concurso. En el examen de este año, la mejor nota la obtuvo Marcelo Martínez de Giorgi, quien subroga uno de los juzgados vacantes; en segundo puesto quedó el abogado Carlos Ferrari; luego Juan Pablo Salas, quien subroga un juzgado de Morón; en cuarto lugar, el juez de garantías Marcelo Goldber, y quinto, Luis Rodríguez. Aráoz quedó sin posibilidades de ser ternado. Ayer, la Cámara lo apartó de una causa contra el secretario de Medios, Enrique Albistur.