Con la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y del titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, comenzaron en el Senado las audiencias para analizar el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales aprobado por la Cámara de Diputados. Durante el extenso debate, que duró alrededor de ocho horas, los legisladores de la oposición protagonizaron varios cruces con el interventor del Comfer, quien defendió los temas más discutidos de la iniciativa oficial, como la composición de la autoridad de aplicación y los plazos de desinversión para aquellas empresas de medios en posición dominante. Hubo, además, reclamos para incluir la regulación de la publicidad oficial y varios cuestionamientos al decreto firmado por Néstor Kirchner en 2005, que prorrogó por diez años las licencias de distintos medios de comunicación.

Finalmente y tal como exigió la oposición, a las 10 de la mañana el Salón Azul del Senado estaba poblado por los 60 miembros del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Industria y Comercio; y Asuntos Constitucionales. Minutos más tarde, Mariotto comenzó con un breve repaso del espíritu del proyecto aprobado en Diputados y luego el conductor del encuentro, el senador Guillermo Jenefes, abrió el juego a las preguntas de la oposición. El plenario arrancó frío hasta que los ocho senadores radicales empezaron a cuestionar al interventor del Comfer. Ante la avanzada, además de Mariotto, salieron a respaldar la postura del oficialismo los kirchneristas al frente de las distintas comisiones.

“Aun con los cambios que se han hecho tenemos la certeza de que va a terminar copado por el kirchnerismo”, disparó el titular de la UCR, Gerardo Morales, con relación al directorio de la autoridad de aplicación. Los radicales reclamaron que se “garantice la independencia” del órgano, para lo cual exigieron que sus miembros sean aprobados por dos tercios de las Cámaras del Congreso Nacional, tal como sucede con el defensor del Pueblo, y que, además, sean previamente sometidos a la consideración pública, como sucede con los integrantes de la Corte Suprema. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, le retrucó que su propuesta era “medianamente descabellada”. Además, Mariotto repitió en varias oportunidades que el Poder Ejecutivo designará sólo a dos de los miembros del directorio; la Comisión Bicameral designará a otros tres –uno en representación de la primera minoría, uno por la segunda minoría, y el último por la tercera– y el Consejo Federal los otros dos, uno de ellos miembro de las facultades de Comunicación del país.

El senador Juan Carlos Marino cuestionó que el proyecto de ley no prohibiera explícitamente el ingreso de empresas contratistas del Estado en la prestación de servicios audiovisuales y puso como ejemplo a evitar la adquisición de Radio Del Plata por parte de Electroingeniería, cercana al gobierno nacional. Si bien Mariotto admitió que no existe tal prohibición de manera taxativa, subrayó que sólo podrán obtener una licencia aquellas empresas que tengan como “objeto único” la prestación de servicios audiovisuales. Exaltados, en la bancada radical agregaron que el empresario del juego, Lázaro Báez, también podría ser propietario de un medio. Mariotto replicó que la ley “no tiene casos particulares” y pidió que “quede en claro que ninguna persona con fines de lucro puede tener posición dominante en el mercado”.

Prácticamente todos los senadores opositores coincidieron en cuestionar el artículo 161, que fija el plazo de un año para que aquellas empresas en posición dominante se desprendan de sus medios. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso fue una de las más enfáticas defensoras de “los derechos adquiridos”, “el derecho a la propiedad” y “la afectación patrimonial” de las empresas monopólicas. Mariotto contrapuso el ejemplo de “experiencias internacionales” como Microsoft e insistió en que “un año es un plazo razonable, teniendo en cuenta que la libertad de expresión no puede convivir con monopolios y oligopolios”.

En el marco de ese debate, senadores como Morales o el socialista Rubén Giustiniani cuestionaron la prórroga de las licencias firmada por el ex presidente en 2005. Mariotto enmarcó aquel decreto en la crisis económica de 2001 y reveló que “se atendió el reclamo de los empresarios para que pudieran regularizar sus deudas”.

Otro punto de discordia giró en torno del artículo 32, que diferencia la adjudicación de licencias en las ciudades con más o menos de 500 mil habitantes. Según el proyecto, cuando supera esa cantidad, quien otorga la licencia es el Poder Ejecutivo y en caso contrario lo hace la autoridad de aplicación. El titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, consideró que se trata de una cuestión “discrecional” y Morales agregó que eso “le otorga poder de veto al Gobierno”. El interventor del Comfer les respondió que sólo se trata de una “diferencia de jerarquía del acto administrativo” y aclaró que en todos los casos el que lleva adelante el proceso de adjudicación es la autoridad de aplicación, quien debe llamar a concurso previo.

El presidente del Sistema de Medios Públicos no apareció sino hasta después del receso realizado a las 14. Bauer casi no polemizó con los legisladores y elogió el proyecto, acusó a los medios comerciales de televisión de “estupidizar a los seres humanos” y destacó la acción del canal Encuentro y el traslado de su sede a la ex ESMA.