Aprobada y promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Gobierno busca mantener la iniciativa política en su afán de seguir repechando la cuesta después de haber perdido pie y rosado hasta abajo en las elecciones del 28 de junio. Según pudo saber Página/12, los próximos dos pasos de importancia apuntan a sancionar una ley de Reforma Política y lograr financiamiento externo a través de un acuerdo razonable con el FMI que le permita, entre otras cosas, destrabar las negociaciones por la deuda con el Club de París y ponerse en línea para eventualmente acceder al crédito externo.

Una vez que el Congreso apruebe el Presupuesto 2010, que el jueves se trataría en el recinto en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo comenzará a enviar distintos proyectos de reforma política que apuntan a fortalecer a los partidos luego del lento deterioro sufrido a partir de los ‘90, con el desencanto de la militancia y el abandono de la formación de cuadros. Una de las iniciativas que el Gobierno impulsa con más fuerza es el que propone que las elecciones internas sean abiertas, simultáneas y de voto obligatorio cuando haya que dirimir cargos electivos nacionales.

Ese fue uno de los temas que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, trató de consensuar en la ronda de diálogo con los partidos políticos que mantuvo de julio a septiembre. Según fuentes cercanas al ministro, la idea no tuvo tantos reparos como los suponía el Gobierno que iba a tener. Uno de los puntos de controversia es que el Gobierno pretende que para las elecciones internas se tome el país como distrito único, un esquema que a algunos gobernadores o jefes territoriales no les cierra. En cambio, recibieron bien una propuesta del senador Adolfo Rodríguez Saá para que las internas sea obligatorias, abiertas y simultáneas, pero votando por provincias o regiones, dentro de un breve período, al modo de las primarias en los Estados Unidos. En principio, el Gobierno aceptaría introducir esta variante, o, al menos, la tendría como moneda de cambio.

Otro de los proyectos se refiere al financiamiento. La pretensión es que los partidos políticos, que normalmente guardan sus escasos recursos para volcarlos de lleno en las campañas electorales, puedan mantener una actividad permanente y acentúen la formación de cuadros, entre otras cosas. Por eso, la idea es que el financiamiento de las campañas electorales vaya por cuerda separada del cotidiano. Adherida a este último, existe otra propuesta para garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales. El Gobierno aspira a imponer límites a los montos que se invierten, sobre todo en la publicidad más costosa, que es la que se difunde por medios audiovisuales. Lo verdaderamente novedoso del proyecto oficial es que el Estado financiará esas publicidades para que todos los partidos tengan el mismo nivel de incidencia publicitaria en las campañas. Ahora sólo hay espacios de pocos segundos de publicidad cedidos a los partidos, pero los que tienen mayor poder económico tienen una presencia permanente en la pantalla y en las radios. El Gobierno también se propone achicar de dos a un mes la publicidad preelectoral y unificar el padrón, que ahora está dividido por sexos.

Mientras estos proyectos se debatan en el Congreso, el ministro de Economía, Amado Boudou, tendrá la difícil tarea de llegar a un acuerdo con el FMI sin que esto sea visto como una contradicción del Gobierno que siempre despotricó contra las políticas de ajuste que exige el organismo a los países deudores. En la Casa Rosada admiten que es muy complicado evitar el pago del costo político de la movida, ya que sin requerir demasiada agudeza, la oposición puede correrlo tanto por izquierda como por derecha. Suponen previsiblemente que parte de los partidos de izquierda lo acusarán de haber arriado banderas y desde la derecha le achacarán un supuesto regreso al redil con el rabo entre las piernas.

Por eso, los esfuerzos del Gobierno en las negociaciones que lleva adelante con el Fondo están centradas en obtener condiciones blandas de exigencia en su rol fiscalizador de las políticas públicas. Es decir, que el famoso artículo IV de la carta del FMI que obliga a los países miembros a abrir sus cuentas al organismo se limite a la observación y no al monitoreo u otros niveles de injerencia.

El ex presidente Néstor Kirchner, en sus habituales charlas con gobernadores, intendentes y legisladores, está dando a entender que este FMI no es exactamente el mismo del que Argentina se desprendió al saldar totalmente la deuda de 10.000 millones de dólares en 2005.

Esos cambios, explican en el Gobierno, operan a la luz de una presunta comprensión de los países poderosos del G-20 respecto de que las medidas a las que empujó el FMI a los países emergentes contribuyeron a mayor recesión y pobreza. Sin embargo, el FMI continúa poniendo condiciones traumáticas a la mayoría de los países que auxilió desde la crisis de 2008.

En vías paralelas, el Gobierno avanza con las negociaciones para refinanciar la deuda con el Club de París y para negociar con los “holdouts”, los tenedores de bonos que no ingresaron el megacanje de 2005. En los pasillos de la Casa Rosada se dice que los bancos que intervendrán en esa operatoria ya tienen todo listo y que se está esperando sólo el momento político y financiero más oportuno.

Kirchner, con el optimismo que suelen plantear los escenarios futuros, explica a sus interlocutores que el canje de Boden 2012 fue un éxito y que si Argentina llega a un acuerdo satisfactorio con el FMI, abrirá las puertas no sólo para un acuerdo con el Club de París, sino para un eventual financiamiento externo en caso de ser necesario. Completa su visión con el pronóstico de que en 2010 la economía nacional crecerá casi el 4 por ciento.