Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.