Con el decreto 1713 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner concluyó el trámite de “permuta” solicitado por dos jueces de Tribunales Orales Federales (TOF), ambos disgustados con sus pares. Uno es Guillermo Gordo, miembro hasta ayer del TOF-5, donde instruyó siete juicios por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. El otro es Oscar Hergott, del TOF-3, quien mantenía serias diferencias con Miguel Pons y Gerardo Larrambebere, e integrará ahora el tribunal que juzgará a los represores de la ESMA. Gordo, en tanto, podrá tomar distancia de la actuación de las Fuerzas Armadas que lo acecha desde 1977, año del secuestro de su prima, vista por última vez en La Perla, y año en el que su suegra Martha Delia Pons, titular de un tribunal de familia de Lomas de Zamora en el que el propio Gordo trabajó hasta septiembre de 1976, se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés.

Los magistrados no hicieron públicos los motivos por los que desean abandonar sus tribunales. Sólo dejaron constancia de que sus pares aceptan el trueque, que el Consejo de la Magistratura aprobó en su plenario del jueves pasado. Según el decreto, el traslado apunta a “lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia”. La “situación traumática en el seno” del TOF-3 fue denunciada en mayo por el abogado Rodolfo Yanzón. Tras recibir la causa “Hospital Posadas”, Pons se excusó por su parentesco con el capitán Luis Alberto Pons, imputado por secuestros en la base naval Puerto Belgrano. Hergott rechazó la pretensión salvo que Pons admitiera “un conocimiento previo de los hechos imputados a su primo”, y mediante una acordada (léase jueces en oficinas contiguas que se comunican por escrito) lo exhortó a que “culmine con la práctica de reuniones bilaterales con el restante magistrado para organizar el tribunal a su antojo”.

El principal motivo de Gordo para alejarse del TOF-5 pasaría por sus diferencias con Daniel Obligado: en general sobre la visión del proceso penal y la necesidad de fundar las respuestas a las partes; en particular sobre la obligación de garantizar la publicidad de los juicios. Gordo es partidario de prohibir el ingreso de reporteros gráficos, posición que derivó en reclamos de fiscales y organismos de derechos humanos, en una acordada de la Corte Suprema de Justicia y, días atrás, en un pedido de once organizaciones civiles para que el alto tribunal garantice que el TOF-5 no vuelva a burlar su directiva.

Con su traslado voluntario, el magistrado concluye un ciclo de 16 años en el TOF-5, donde condenó a dos parejas de apropiadores, al policía Julio Simón, al general Jorge Olivera Róvere y a los ex jefes de Mansión Seré, entre otros; absolvió a Miguel Angel Timarchi por la Masacre de Fátima y a tres ex jefes de áreas militares porteños; y no llegó a dictar sentencia al prefecto Héctor Febres, envenenado días antes del fallo.

El pase al TOF-3, que tras las excusaciones en “Hospital Posadas” no tiene causas por delitos de lesa humanidad, también le permitirá a Gordo tomar distancia de la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, que sobrevolaron su entorno desde el comienzo de su carrera. En abril de 1976, su padre, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por decreto del dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó años atrás de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.

Hasta septiembre de 1976, el propio Gordo, con 25 años, fue oficial segundo del Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora. Su titular Martha Delia Pons tuvo un rol activo durante 1977 en el reparto de criaturas nacidas en cautiverio o secuestradas junto a sus padres, como se probó en los casos de Emiliano Ginés Scotto, Sebastián Juárez, Jorgelina Molina Planas, Carlos, María Esther y Mariano Ramírez, entre otros que aún investiga la Justicia y las Abuelas de Plaza de Mayo. En 1978 Pons le dijo a una abuela que “sus hijos eran terroristas” y le advirtió que no pensaba devolverle a los nietos porque “no tienen derecho a criarlos”. Luego le informó que “están en manos de familias decentes”, como las que treinta años después condenaría su yerno: Gordo está casado con Alejandra Inés Sánchez Pons, actual vicepresidenta de la Cámara Civil y Comercial de San Martín y hasta el año pasado jueza de familia igual que su mamá, que murió en 1999 y no llegó a estar imputada por el plan sistemático de robo de bebés.

También las víctimas rozaron de cerca a la familia Gordo en su juventud. Su prima María Irene Gavalda y su yerno Juan Mogilner fueron vistos por última vez en La Perla. La mujer fue secuestrada el 5 de diciembre de 1977 junto con sus cuatro hijos, incluidas mellizas de 22 meses. Olga Gordo de Gavalda, hermana del general, relató durante el Juicio a las Juntas que supo del operativo once días después por una carta de un vecino de su hija. Al día siguiente, ya en Córdoba, se reencontró con tres de sus nietos y comenzó la búsqueda de María Cecilia, una de las mellizas. La investigación la condujo a “un teniente de apellido Echevez o Etchevez”, destinado en el Liceo General Paz, quien le dijo que la niña estaba al cuidado de su esposa y la llevó a su casa para entregársela.

–Usted debe de ser muy cristiano –le dijo la mujer al ver el rosario del militar.

–Sí señora.

–Lo único que quisiera es que mi hija sepa que los chicos están con nosotros –le pidió.

–Yo le voy a hacer llegar a su hija noticias de que los chicos están con ustedes –se comprometió el militar. (El único oficial del Ejército con un apellido similar es el coronel retirado Roberto Horacio Etchebest, que en 1977 tenía 37 años).

La tía del magistrado también declaró que “durante tres meses, todos los días”, se comunicó con su hermano, el general, pero que “le resultó imposible averiguar nada” sobre su hija y su yerno, de quienes volvió a tener noticias en 1978 por sobrevivientes de La Perla blanqueados en la cárcel de La Plata.

La última historia vinculada al terrorismo de Estado que merodeó el despacho de Gordo es la de su ex colega Guillermo Madueño, con quien llegó al TOF-5 en 1993 y compartió once años de labor. Ex juez federal de Bahía Blanca durante la dictadura, denunciado por Página/12 en 2004 por su complicidad con los crímenes del Ejército, Madueño fue detenido el jueves luego de medio año prófugo. Entre quienes lo ayudaron a burlar al Estado está su novia Ana Delia Vargas González, quien aún sirve mate y café en el tribunal que hasta ayer integró Gordo.