Juan José Zanola se declaró ayer inocente del cargo de jefe de una asociación ilícita dedicada principalmente a cobrarle al Estado, en concreto a la Administración de Programas Especiales (APE) de la Anses, tratamientos de elevado costo que nunca se hicieron y la provisión de medicamentos carísimos que tampoco se entregaron. El titular de La Bancaria argumentó que no era su papel en el sindicato y en la obra social controlar si una historia clínica era verdadera o falsa ni confeccionaba las liquidaciones para la APE, y tampoco tenía relación con el día a día de la provisión de medicamentos. Sus abogados señalaron que ni el juez Norberto Oyarbide ni el fiscal Luis Comparatore les exhibieron casos concretos de historias clínicas falsas o liquidaciones a la APE fraudulentas y que tampoco se presentaron escuchas en las que apareciera la voz de Zanola. “Es una acusación general, sin fundamentos”, señalaron los letrados. De todas maneras, el juez y el fiscal insisten en que el nivel de desfalco al Estado, a través de la APE, es tan grande que no se hubiera podido hacer sin el conocimiento y el liderazgo de Zanola, por lo que lo acusan de ser el jefe de la asociación ilícita.

Como adelantó en exclusiva Página/12 el 10 de septiembre pasado, Zanola sería detenido esencialmente por la maniobra que consiste en cobrarle al Estado por tratamientos inexistentes. Ayer, el fiscal Comparatore justamente aclaró ese punto: “No tenemos todavía ninguna pericia que indique que se hayan suministrado medicamentos adulterados. Hay sí unos pocos casos de productos vencidos. Lo principal está en los troqueles falsos de medicamentos que nunca se le entregaron a nadie, pero que se le cobraban a la APE”. En ese marco, el juez y el fiscal consideran que semejante fraude no se podía consumar sin la existencia de una banda en la que participaran dirigentes de La Bancaria, droguerías y hasta médicos, todos ellos supuestamente liderados por Zanola. Esa es la razón por la que, además del titular de los bancarios, están detenidos titulares de las droguerías –como Lorenzo y Solange Forza–, personal jerárquico de esas empresas, integrantes de La Bancaria y hasta el director médico del Policlínico, Jorge Fainstein. El caso de este último es extraño porque, por lo que se sabe, no hubo participación médica en la maniobra.

Federico Figueroa fue el abogado que ayer asistió a Zanola en la indagatoria. “Vamos a analizar las pruebas, una por una, y responderemos. Piense que esta causa tiene 18.000 fojas. Hasta ahora, no hay nada que vincule a Zanola con la imputación. Y en algún momento nos hablaron de escuchas telefónicas, pero la realidad es que no hay ni una sola en la que esté la voz de Zanola”, le explicó el letrado a este diario. Los defensores del titular de La Bancaria argumentaron que se acusa a Zanola de ser jefe de una asociación ilícita, pero que no se precisó quiénes la integran ni cuáles son las liquidaciones a la APE que serían fraudulentas.

Por supuesto que en el juzgado y en la fiscalía dan una versión completamente distinta. Señalan que hay decenas de casos en los que se le cobraron a la APE tratamientos que no se hicieron y medicamentos que no se le suministraron a nadie. Por ejemplo, mencionan el allanamiento a una imprenta en la que detectaron la confección de troqueles falsos destinados a probar fraudulentamente el suministro de medicamentos que no se entregaban pero sí se le cobraban al Estado. En una causa paralela que instruyó el juez Ariel Lijo, se citó a un bancario jujeño al que se le había proporcionado un tratamiento complejo: “Yo nunca tuve ni un resfrío”, declaró. Ese sería el modelo: pacientes inexistentes o personas que tienen existencia real, pero que no fueron sometidos a ningún tratamiento. El expediente de Lijo ahora unificó con el de Oyarbide y éste último quedó a cargo.

Por ahora, el acento de los defensores de Zanola está puesto en conseguir la libertad del dirigente gremial. Argumentan que no existe peligro de fuga y que tampoco Zanola puede entorpecer la causa. La apelación ya está en la Cámara Federal, que seguramente va a resolver esta misma semana o la próxima. “Esto es una especie de secuestro legal”, disparan los letrados del bancario.

Según el cálculo de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, la defraudación al Estado podría sumar hasta 200 millones de pesos, incluyendo a distintas obras sociales. La cifra surge de las liquidaciones a la APE que no tienen documentación consistente que las respalde. Ayer, el fiscal Comparatore mencionó a las obras sociales de Camioneros y Aeronavegantes, pero también están en análisis las obras sociales de los trabajadores de prensa, hipódromos, loterías, municipales de Avellaneda y gráficos. La base de las sospechas es el listado de droguerías proveedoras. Entre esas empresas hay varias a las que señala como especialistas en troqueles truchos.

En la causa por la denominada mafia de los medicamentos ya hay doce detenidos. Seis apresados en una primera etapa y otro tanto que se sumaron ayer con la cúpula del Policlínico Bancario y la viuda de Sebastián Forza. Oayrbide y su equipo vienen acumulando denuncias, testimonios y pruebas desde hace más de un año. El entramado tuvo una vuelta de complejidad con la aparición de los tres cadáveres en General Rodríguez el invierno pasado. Una causa que quedó en manos de la Justicia de Mercedes.