Al atardecer del 6 de julio de 1976, once presos políticos del penal salteño de Villa las Rosas fueron trasladados por oficiales del Ejército y fusilados a un costado de la Ruta 34, en un paraje conocido como Palomitas, departamento de General Güemes, a más de 30 kilómetros de la capital de Salta. El caso pasó a la historia como la Masacre de Palomitas. Esta semana, con más de un tercio de siglo de demora, la Justicia federal de Salta comenzó a juzgar por esos crímenes a los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche. Otros cinco represores ya están procesados con prisión preventiva. Como el juicio tramita por el viejo código de procedimientos penales, los testimonios se realizan a puertas cerradas y sólo se registran por escrito.

La Red de Derechos Humanos del NOA denunció la semana pasada “la llamativa morosidad de la Justicia federal” en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, y destacó que a más de cinco años de la nulidad de las leyes de impunidad “los imputados siguen gozando de una siniestra impunidad”. Hasta el momento hubo un solo juicio, en Tucumán, que concluyó con las condenas de los célebres Menéndez & Bussi (el ex gobernador tucumano sigue gozando de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena). El segundo juicio comenzó el mes pasado, en Salta. Por el secuestro y la de-saparición del escribano Melitón Bustos, el Tribunal Oral Federal de Salta juzga a los militares Luis Angel Zirpolo, con arresto domiciliario en su casa de Tucumán, y Carlos Alberto Arias, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El proceso se reiniciará recién el 3 de febrero.

El primer juicio por la Masacre de Palomitas, que instruye el juez federal Carlos Olivera Pastor, arrancó el miércoles con el testimonio de los coroneles Joaquín Cornejo Aleman y Guillermo Zuviría. Ambos fueron ofrecidos como testigos por el defensor del imputado Espeche, quien hasta abril gozó de arresto domiciliario en Comodoro Rivadavia, donde creó la firma de seguridad Espe SRL. El privilegio concluyó cuando trascendió que se movía con absoluta libertad. Según la información difundida por H.I.J.O.S. regional Salta, ambos militares aseguraron que el entonces capitán Espeche no tenía posibilidad de negarse a cumplir con la orden de trasladar a los presos desde el penal, que le había impartido el coronel Mulhall, entonces jefe de la Guarnición Militar Salta. Cornejo Aleman, que era segundo jefe del Regimiento de Caballería de Salta, declaró bajo juramento que el día del fusilamiento estaba en Buenos Aires y que se enteró por teléfono aunque no le brindaron detalles. “De eso no se hablaba”, admitió el militar, quien reconoció que es familiar de Pablo Outes, uno de los fusilados, y que nunca habló del hecho con la familia. El coronel Zuviría, amigo personal de Espeche, explicó que como jefe de una subunidad Espeche estaba obligado a acatar la orden superior.

La causa por la masacre se reabrió en 2002. En mayo de 2003 el juez federal Miguel Medina (investigado por el Consejo de la Magistratura por la demora en la instrucción) procesó a los tres militares que seis años después juzga el subrogante Olivera Pastor. Mulhall, que llegó a ser interventor de la provincia, fue el encargado de entregarle al juez federal de facto Ricardo Lona una nota con la versión oficial de la masacre: “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”. Gentil era el interventor de la policía y Espeche, quien encabezó la comisión militar que los retiró del penal. Según el informe de la Red de Derechos Humanos, hay otros cinco represores procesados por la masacre: Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Luis Donato Alvarez, Andrés del Valle Soraire y el condenado Menéndez.

Las causas por delitos de lesa humanidad en el NOA proseguirán el mes próximo con un nuevo juicio a Bussi, Menéndez y otros seis imputados por crímenes en la Jefatura de Policía de Tucumán. Aún sin fecha confirmada, también se realizaría en 2010 el juicio por la de-saparición del ex gobernador salteño Miguel Ragone, que también tiene entre los acusados a Menéndez, Mulhall, Gentil, Guil, y otros cuatro represores.