A más de un empresario la crisis del Central lo sorprendió en las playas amagando opacar el relax estival que muchos terminan este fin de semana. No porque ninguno profese incondicional amor a Martín Redrado ni porque sean militantes del Fondo del Bicentenario, aunque en la tribuna patronal en general cae bien la idea oficial de otorgar garantías a los acreedores públicos. Lo que les hizo fruncir el ceño es la posibilidad de una crisis política prolongada que quite previsibilidad a las decisiones del Gobierno. Justo ahora que están acariciando buenos pronósticos para la economía de 2010.

Uno de los más conspicuos dirigentes de la Unión Industrial Argentina no ahorró improperios cuando se enteró del conflicto desde una paradisíaca playa de Brasil. De inmediato tomó contacto telefónico con otros miembros del cuerpo directivo de la entidad que estaban preparando sus valijas para un viaje institucional a Japón –el presidente Héctor Méndez, entre ellos– con el afán de tener información de primera mano sobre el entredicho y poder definir cómo y cuándo comunicaban el último registro del índice de evolución industrial que elabora el Centro de Estudio de la UIA, según el cual la actividad creció un 3,2 por ciento en noviembre (ver aparte).

A diferencia de lo que ocurrió en otro momento, cuando el indicador patronal se daba de bruces con el oficial (uno acusaba un retroceso mientras que el otro una suba en la actividad), tenían una buena noticia a difundir, lo que hubiese permitido relajar la relación con el Gobierno. Pero hubo duda ante la chance de que la crisis eclipsara ese dato, que finalmente fue publicado ayer. “Para peleas ya tenemos el 2011. Todo venía bien. El interior está mejor y estamos proyectando un crecimiento del 6 por ciento para el año. ¿Por qué justo ahora?”, se lamentaba el industrial.

El reclamo reiterado y formal del empresariado es que se respete la “institucionalidad”, aunque sin precisar qué significa eso exactamente. Es el caso del cauto titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, quien en diálogo con este diario reclamó aquel respeto pero dejando en sombras si esa recomendación supondría que el presidente del Central acate un decreto con rango de ley o que el Ejecutivo se abstenga de instruirlo para que libere las reservas.

Enrique Wagner, máximo responsable de la Cámara Argentina de la Construcción, pondera las ventajas de poder ofrecerles una garantía a los acreedores, pero advierte que no sabe si eso es legalmente factible. “Ofrecer un seguro que da certidumbre a los acreedores baja la tasa de interés y facilita el financiamiento externo, todo eso es muy positivo. La cuestión es si se puede conseguir por este camino. Y el problema es que la situación de conflicto se mantenga”, interpretó.

A pesar del temor, el constructor, generalmente afín a las políticas de la Casa Rosada, no pierde el optimismo, basado en las propias proyecciones de la cámara, que pronostican un buen año para el ladrillo. “Aun con este ruido, el riesgo país se mantuvo estable, mientras que en otras crisis subía inmediatamente, lo que prueba que la economía es sólida”, se entusiasmó Wagner ante este diario.

Cristiano Ratazzi, mucho más suelto a la hora de criticar las políticas oficiales, pidió “respetar la Constitución, la autonomía del Banco Central y la independencia de poderes”, aclarando que es algo que “faltó en la Argentina en los últimos 80 años”. Para el presidente de Fiat, Redrado respetó la Carta Orgánica. “Pero si se siguen los pasos formales para la destitución, no estoy en contra”, relativizó. Quizá lo que importa es que, según subrayó, el 2010 se presenta “muy bueno” para la industria automotriz.