“No tiene imperium. La jueza en lo Contencioso y Administrativo Federal María José Sarmiento no puede pronunciarse porque todavía está vigente el trámite legislativo que analiza los DNU.” Este es uno de los argumentos principales que utilizaría el Poder Ejecutivo para presentar la apelación al fallo de la jueza que dejó sin efecto la conformación del Fondo del Bicentenario. Así lo señalaron a Página/12 diferentes letrados que están asesorando al Gobierno. El Ejecutivo tiene tiempo para efectuar la apelación hasta el próximo martes. Por otro lado, la Bicameral de Seguimiento de los DNU se reunirá el miércoles para analizar el decreto que dispuso la remoción de Martín Redrado del Banco Central. Seguramente, el Ejecutivo realizará una segunda apelación sobre otro fallo de Sarmiento, quien reinstaló a Redrado al frente de la autoridad monetaria.

El fallo de la jueza Sarmiento fue en respuesta a una demanda iniciada por los diputados Federico Pinedo (PRO), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), Patricia Bullrich (CC) y Juan Carlos Vega (CC). “La Corte Suprema fijó en el fallo Rodríguez (1997) que ningún diputado puede presentarse a la Justicia cuando todavía está vigente el trámite legislativo. Tampoco un magistrado puede interferir en el tramo legislativo”, afirmó a este diario el abogado Lisandro Teszkiewicz, integrante de Abogados por la Justicia Social, una organización que suele asesor al oficialismo.

Esta es una de las definiciones jurídicas que podría utilizarse en la apelación del Gobierno, que tiene tiempo hasta el próximo martes para realizar la presentación. La definición más política la dio Jorge Capitanich, gobernador del Chaco y uno de los que asesoró a la Presidenta en el dictado del DNU para echar a Redrado: “Los jueces que quieran gobernar tienen que presentarse a elecciones”.

El oficialismo perdió las mayorías parlamentarias en ambas cámaras, sin embargo, ahora necesita del Congreso para utilizar el argumento de la vigencia del trámite parlamentario. El objetivo es ganar tiempo e intentar conformar el Fondo del Bicentenario para utilizarlo cuanto antes. “Se está jugando con los plazos, al igual que Redrado cuando decidió atrincherarse en el Central”, indicó a este diario un integrante del oficialismo parlamentario.

El segundo argumento que podría utilizar el Ejecutivo para apelar el primer fallo de Sarmiento tiene que ver con un posible “riesgo económico y político” al no contar con el Fondo. “Antes de la reforma constitucional del ’94 –momento en que se creó la figura de los DNU–, la Corte Suprema aceptó la validez de un decreto de necesidad y urgencia (Fallo Peralta), basándose en la doctrina de la excepción. En los fundamentos de la resolución, la Corte señaló que se aceptaban los alcances del decreto 36/90 porque su no acatamiento generaba riesgos para las instituciones, ya sea por un tema político o por uno económico”, indicó a este diario Teszkiewicz.

“Estos son algunos de los argumentos básicos que utilizará el Gobierno para apelar el fallo. Los DNU tienen vigencia y no existen conflictos de poderes (con el Judicial y el Legislativo) hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre el tema”, afirmó a Página/12 la kirchnerista Diana Conti.

La apelación debería caer en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. En cualquier época del año se sortean las salas donde recaen los trámites pero como ésta es una época de feria judicial, hay una sola sala habilitada, que podría ser la número tres, a cargo de Sergio Fernández, un juez que posee buenas relaciones con el Ejecutivo.