Si bien existe clima de diálogo y colaboración entre el gobierno argentino y el Vaticano con respecto al diferendo planteado en torno del obispado castrense desde hace casi cuatro años, no hay por el momento avances significativos que aseguren una solución en el corto plazo. En lo anterior coinciden tanto voceros de la Cancillería argentina como de la jerarquía católica consultados por Página/12 a raíz de recientes declaraciones atribuidas al embajador ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, por un diario capitalino.

Según el diario La Nación el embajador Cafiero confirmó la voluntad de ambas partes de constituir “un grupo de estudio” entre Argentina y la Santa Sede para “avanzar en un acuerdo que garantice la asistencia espiritual del personal militar”.

El diferendo se inició en febrero del 2005 a raíz de una carta que el entonces obispo castrense, Antonio Baseotto, dirigió al ministro de Salud de la época, Ginés González García, en la que criticaba la postura de este último a favor de la despenalización del aborto y afirmó, usando una cita bíblica, que quienes “escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra al cuello y los tiren al mar”. Un mes después el presidente Néstor Kirchner desconoció la condición de obispo castrense de Baseotto y le quitó todo reconocimiento oficial. A pesar de ello la Iglesia lo mantuvo en el cargo y en mayo del 2007, al cumplir los 75 años que establece la ley eclesiástica para la jubilación, el obispo Baseotto presentó su renuncia. Aceptada ésta, el obispado castrense ha permanecido vacante y es administrado por el sacerdote Pedro Candia.

Desde que Juan Pablo Cafiero asumió la embajada argentina ante el Vaticano al final del 2008 –después del rechazo romano a la postulación de Alberto Iribarne, dada su condición de divorciado– las relaciones crecieron en intensidad y en capacidad de diálogo. Sin embargo, las posiciones fundamentales no han variado.

La pretensión argentina apunta lisa y llanamente a la eliminación del obispado castrense como institución. Dentro de la política de integración en la sociedad impulsada por el gobierno para las Fuerzas Armadas, la idea –sostienen en la Cancillería– es que “los militares sean asistidos religiosamente a través de las mismas diócesis, parroquias y capillas a las que concurren el resto de los fieles católicos”. Del lado eclesiástico, si bien admiten que puede haber reformas al estatuto actual del obispado castrense, la intención es darle continuidad a esa institución. En algunas conversaciones se manejó la posibilidad de que, como parte de esa reforma, la Iglesia Católica pierda la exclusividad que hoy tiene en cuanto a la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, aceptando que otros cultos puedan crear también sus propias capellanías. Esta alternativa es totalmente descartada por el gobierno argentino, basándose en la idea de que la asistencia religiosa de los militares tiene que hacerse directamente en las respectivas comunidades religiosas a las que los uniformados profesan afiliación.

El embajador Cafiero, con conocimiento de la Cancillería, ha venido trabajando en la idea de una “comisión mixta” que destrabe el diferendo y por el momento esa posibilidad está abierta. Sobre este tema también se habló antes de la visita que la presidenta Cristina Fernández hizo el año anterior al Vaticano. Pero hasta ahora tanto el nuncio apostólico en Buenos Aires, Adriano Bernardini, como los hombres que manejan la diplomacia vaticana en Roma, insisten en que antes de dar nuevos pasos se necesita “normalizar” la situación del obispado castrense, ahora a cargo de un sacerdote. La propuesta romana es nombrar a un “administrador apostólico”, que si bien no tendría el cargo de obispo castrense haría las veces del mismo. El candidato más mencionado para ese puesto es el actual obispo de Chascomús, Carlos Malfa. El nombre de Malfa es bien recibido en la Cancillería, pero la propuesta, dicen, significaría volver atrás legitimando una institución que se pretende eliminar.

Así planteadas las cosas es improbable que se arribe a acuerdos sobre este punto, aun cuando la comisión mixta se constituya y las relaciones se mantengan en términos de cordialidad y diálogo. Mientras el Gobierno se mantiene en su posición de desconocer al obispado castrense, el Vaticano alarga los plazos confiando en que un futuro cambio de autoridades en la Argentina le permita insistir con éxito en su punto de vista.

El ordinariato castrense existe en la Argentina desde 1957, fue elevado a la condición de obispado por la Santa Sede en abril de 1986 y el acuerdo ratificado por el gobierno argentino el 24 de agosto de 1992, durante el mandato del presidente Carlos Menem. Actualmente hay más de una treintena de capellanes militares, pero sólo cuatro de ellos conservan el grado militar que antaño ostentaba la totalidad de los sacerdotes con ese destino.