El Gobierno apeló ayer ante la Justicia las dos medidas cautelares que había dictado la jueza María José Sarmiento. El viernes, la magistrada había bloqueado la creación del Fondo del Bicentenario dispuesto por un decreto presidencial. También había suspendido los efectos de la remoción de Martín Redrado del Banco Central. La reacción oficial fue más rápida de lo que se esperaba. El Ejecutivo presentó las apelaciones ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, explicó que la presentación se realizó directamente ante el tribunal de alzada, que se encuentra de feria y había habilitado día y hora “atento a las razones de extrema gravedad”. Fernández también cargó contra la magistrada por no querer recibir la apelación del Ejecutivo ni el viernes ni ayer en su domicilio particular. “La jueza nos había informado que el plazo para presentar las apelaciones respectivas a los fallos emitidos por ella vencía mañana (por hoy). Como se negó a recibirnos en su casa, debíamos esperar hasta el lunes y, para ese entonces, los plazos de apelación habrían vencido”, cargó el jefe de Gabinete. En el último intento por entregarle los escritos, la policía había encontrado a la jueza paseando a su perro junto a su marido.

La presentación que ayer hizo el Gobierno está constituida por dos apelaciones, una contra el bloqueo del Fondo del Bicentenario y otra contra la suspensión del desplazamiento de Redrado. El contenido de los escritos fue elaborado por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino; el ministro de Justicia, Julio Alak, y el propio jefe de Gabinete.

El procedimiento habitual en estos casos es que la apelación a una medida cautelar se presente en el mismo juzgado que emitió la resolución. Sin embargo, como la jueza hizo lugar a un amparo de Redrado a tres horas de haber recibido el escrito y al mismo tiempo no quiso recibir la apelación y la pospuso hasta mañana a primera hora, en el Ejecutivo decidieron presentar las apelaciones directamente ante la mesa de entradas de la Cámara. Aparte, en el Gobierno temían que la jueza hiciera una interpretación inesperada de la legislación, que sostiene que existen 48 horas de plazo para presentar las apelaciones. Generalmente se trata de 48 horas hábiles, pero como Sarmiento ya había dictado una medida fuera del horario judicial, podría haber considerado que el sábado y el domingo estaban habilitados y que corrían los plazos.

Según algunos constitucionalistas, la jueza podría haber incurrido en la figura de “retardo de justicia” o “negativa de justicia” al no facilitar la recepción de las apelaciones del Ejecutivo el mismo viernes. Uno de los argumentos que plantean es que la magistrada, al dictar una medida cautelar el viernes a la tarde y fuera del horario judicial, había habilitado día y hora para analizar en su juzgado la remoción de Redrado del Banco Central. Eso la obligaba, también, a habilitar día y hora para recibir una apelación ese mismo día si la otra parte así lo deseaba. “Tendría que haber dejado una guardia en su juzgado”, dijo a Página/12 el constitucionalista Eduardo Barcesat.

Zannini, Guglielmino, Alak y Fernández estuvieron sin dormir desde la noche del viernes hasta la tarde del sábado. Durante todo ese tiempo permanecieron en la Casa Rosada. Allí recibían los llamados de la Presidenta desde la quinta de Olivos. Alak y Fernández comenzaron su cumpleaños a puro vértigo. Ambos nacieron un 9 de enero. Anoche, los funcionarios evaluaban cuál podría ser el próximo movimiento de la magistrada.

“Sería un escándalo que la misma jueza que en tres horas le concedió el amparo a Redrado, a no-sotros nos llevara hasta el jueves usando chicanas”, comentó a Página/12 uno de los funcionarios que trabajó en la redacción de las apelaciones. En el Gobierno saben que la jueza dispone de 48 horas para expedirse sobre las apelaciones y que tiene dos alternativas: pasar el caso a la Cámara manteniendo los efectos de su medida cautelar, o elevar el litigio al tribunal de alzada pero suspendiendo la aplicación de sus dos resoluciones. El funcionamiento del Central dependerá de lo que decida la magistrada: si siguen vigentes las cautelares, Redrado podrá mostrarse ante las cámaras como el titular de la autoridad monetaria hasta que la Cámara eventualmente decida lo contrario.

“La situación va a seguir siendo confusa, pero confiamos en que la Cámara va a acoger favorablemente”, comentó anoche a Página/12 uno de los ministros que están trabajando en el tema. La Cámara en cuestión todavía está vacante: como está de feria y éste es el primer caso que obliga a su intervención, el lunes se deberá realizar un sorteo para que el tribunal se complete con tres camaristas de distintas salas.

En las últimas 24 horas, mientras se preparaban las apelaciones, la Casa Rosada observó con agrado cómo varios gobernadores y senadores salían a respaldar el Fondo del Bicentenario y cuestionaban a la oposición, sobre todo a Julio Cobos. El primero había sido el chaqueño Jorge Capitanich. Ayer se sumaron los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires) y Sergio Urribarri (Entre Ríos), la diputada Adela Segarra y el senador Eduardo Torres. Todos coincidieron con las denuncias de Néstor Kirchner sobre la existencia de un plan para hacer caer al gobierno de CFK. “Cobos está organizando, orquestando y liderando a la oposición para trabajar a favor de la caída del gobierno que él integra”, dijo Urribarri. “La oposición está en un claro intento de desestabilización, sin importarle los verdaderos intereses del país”, dijo Torres. “Hay grupos que están conspirando”, coincidió Segarra.