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La jueza federal María Servini de Cubría fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado a la policía cachear a 12 mil desocupados que marchaban a la Plaza de Mayo el 26 de noviembre pasado, cuando se cumplieron cinco meses de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. La demanda fue presentada por el consejero Beinusz Szmukler, quien planteó que la jueza, si efectivamente dio esa orden, violó derechos garantizados en la Constitución nacional, como los de manifestarse, expresar opiniones, a peticionar y reunirse. El consejero solicitó además que el caso sea investigado por la Comisión de Acusación, para que se resuelva si el accionar de Servini es motivo para su remoción.
“La Constitución establece que los jueces actúan para resolver causas”, dijo ayer Szmukler a Página/12. Para avanzar sobre los derechos de rango constitucional, “tiene que existir una justificación de enorme importancia. La gente no estaba haciendo nada que la convirtiera en peligrosa. Más que un acto de prevención, pudo mediar en el hecho discriminación o por lo menos un exceso, lo que debería ser investigado”.
El episodio ocurrió sobre el Puente Pueyrredón, cuando los piqueteros se movilizaban desde la estación de trenes de Avellaneda hacia la Casa Rosada. La policía los frenó en su ingreso a la Capital y puso como condición para dejarlos pasar revisarlos uno por uno. Los desocupados respondieron que movilizarse no los convertía en sospechosos ni delincuentes. Sobre el cruce hubo siete horas de tensión, el despliegue de un operativo conjunto de Gendarmería, Prefectura y la Federal y corridas entre los manifestantes que estaban en la parte de atrás de la columna, que en un momento pensaron que habían empezado a reprimir.
El jefe del operativo, comisario Alberto Capuchetti (el segundo en poder dentro de la Federal), le dijo al diputado Luis Zamora que estaba exigiendo el cacheo cumpliendo órdenes de Servini de Cubría. Zamora le pidió entonces ver la orden, pero el comisario respondió que no podía porque la había recibido de manera verbal. Los diputados Alfredo Villalba y Alicia Castro presentaron un escrito en el juzgado para suspender la medida, pero un empleado ofreció el mismo argumento: no se podía levantar aquello que no había sido ordenado. Los reclamos se dirigieron entonces al Gobierno, donde aseguraron que la orden sí existía. Tras largas horas de negociación con el Gobierno, los piqueteros cruzaron sin ser cacheados.
En un documento al que accedió este diario, enviado por Servini al Ministerio de Seguridad el mismo 26 de noviembre, la magistrada sostiene que se ha “limitado a encomendar al Sr. jefe de Policía que arbitre los medios para permitir el ingreso de los manifestantes a esta Capital siempre que lo hagan sin portar elementos contundentes, palos y/u otros objetos que puedan hacer peligrar la seguridad tanto de las personas como de bienes, debiendo impedirse el ingreso de aquellos que porten bolsos, mochilas y/o bultos e impidan la verificación de su contenido”.
La denuncia del consejero fue acompañada por la fotocopia del artículo que publicó Página/12 el 27 de noviembre con la crónica de lo ocurrido. La presentación apunta a determinar si la conducta de la jueza “pudo poner en riesgo la seguridad y los bienes de las personas”, ya que la situación generada y su extensión a lo largo de siete horas “pudo haber terminado en una tragedia”.