Paula Aballay, esposa del líder del gremio bancario Juan José Zanola, fue excarcelada ayer por orden de la Sala I de la Cámara Federal. De entrada, la Cámara había dicho que Aballay –acusada de liderar la banda que realizó maniobras con medicamentos robados, falsos o inexistente– podría entorpecer la investigación si lograba la libertad. Pero ayer, los dos integrantes de la sala de feria cambiaron la óptica: dijeron que Aballay ya está procesada, que las pruebas están expuestas en las 300 páginas del procesamiento que redactó el juez Norberto Oyarbide y que, por lo tanto, sus posibilidades de obstruir la investigación habían disminuido. El argumento seguramente va a ser usado por las defensas de todos los demás imputados. A Zanola incluso le rechazaron la prisión domiciliaria, pese a tener más de 70 años. Y lo mismo Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, que pidió cumplir el arresto en su domicilio por tener un hijo de cinco años. El problema es que quienes resolvieron la situación de Aballay salieron de vacaciones. La semana que viene habrá otros camaristas.

La esposa de Zanola encabezó el Policlínico de la Obra Social de los bancarios. Oyarbide la acusa de haber hecho un megaacuerdo con San Javier, la droguería con la que supuestamente se hacían las maniobras. El magistrado, en su procesamiento, transcribe, por ejemplo, el testimonio de una testigo que dice que Aballay le ordenó borrar las fechas de vencimiento de medicamentos. Además se encontraron al menos tres historias clínicas falsas, lo que sería la evidencia de la principal maniobra: supuestamente se les daban remedios contra el cáncer y otras enfermedades graves a pacientes inexistentes o que no tenían ningún mal. Y lo cierto es que los medicamentos no se fabricaban ni se le entregaban a nadie. Se imprimían sólo los troqueles que luego se utilizaban para cobrarle al Estado, a través de la Administración de Programas Especiales, sumas enormes por tratamientos que no se hicieron.

Los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler consideraron que nunca hubo ni hay actualmente peligro de que Aballay se fugue y que a raíz del extendido procesamiento la esposa de Zanola no tiene posibilidad de perjudicar la investigación. La Sala I tiene tradición de conceder las excarcelaciones y sólo en casos muy nítidos de peligro de fuga o de obstaculización de la Justicia dejan a los imputados en prisión. Tal vez por eso, el abogado de la ex titular del Policlínico Bancario insistió en un proceso abreviado y, por esa vía, consiguió que dejaran a su defendida en libertad. “A Aballay no la acusan de ninguna muerte. No veíamos razones de peso para dejarla en el penal de Ezeiza”, le dijo a este diario uno de los camaristas.

La decisión fue sorpresiva. En diciembre, Oyarbide y la Sala II le habían denegado la excarcelación a Aballay, por lo que su defensa apeló la decisión a la Cámara de Casación. En realidad se esperaba una resolución de ese tribunal, pero los camaristas de la Sala I decidieron ayer mismo. Parece cantado que el resto de los imputados va a insistir la semana próxima en conseguir la libertad. Para entonces ya actuará como sala de feria la Sala II, considerada más dura para otorgar excarcelaciones. Muy temprano el lunes, el abogado de Solange Bellone, Miguel Angel Pierri, va a presentar un escrito ante Oyarbide señalando que la excarcelación concedida por la sala de feria sienta jurisprudencia y que el mismo beneficio tiene que otorgarse a su defendida. “Si le dieron la libertad a Aballay, acusada de organizar la asociación ilícita, con mucha más razón se la tienen que otorgar a Solange, a quien se le imputa mucho menos, ser integrante de esa supuesta asociación ilícita. Y, además, tiene un hijo de cinco años. La lógica es que el propio juez nos conceda la excarcelación”, le dijo Pierri a Página/12. Todo indica que, de la misma manera, Zanola pedirá que lo dejen en libertad (ver recuadro).

Aballay dio a conocer el jueves una carta en la que acusaba a Oyarbide de armar la causa de los medicamentos. El argumento de la esposa de Zanola fue que la denuncia estaba hecha desde hace dos años y que Oyarbide avanzó en la investigación cuando se venían las elecciones en el gremio bancario. La cuestión de fondo se va a resolver a partir de febrero. Para el día 3 de ese mes está prevista la audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal y allí los defensores intentarán contestar a las acusaciones de Oyarbide.