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Las metas de inversión proyectadas en 2005 por la Ley de Financiamiento Educativo han sido alcanzadas en tiempo y, afortunadamente, coinciden en ello especialistas de diversos signos políticos, así como los sindicatos docentes. Se llegó a una inversión del 6 por ciento del PBI en educación, ciencia y tecnología; el gasto total consolidado en educación y la inversión por alumno aumentaron un 60 por ciento entre 2005 y 2008; el salario docente lo hizo más del 100 por ciento; se construyeron más de 700 escuelas y se avanzó significativamente en las metas de inclusión. Además se tomaron decisiones políticas importantes, como la designación universal por hijo, que impacta fuertemente en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias más vulnerables, y que también tienden a la inclusión y retención de niños/as y adolescentes en el sistema educativo.

En diversos ámbitos se empezó a discutir la nueva ley de financiamiento o modificatoria de la actual y puede pronosticarse que se llegará a un consenso importante. Hay cada vez más coincidencias en la necesidad de dictar otra ley para el financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que cuenta ahora con su propio ministerio y cuya importancia merece un tratamiento diferenciado. Hay consenso en que la nueva legislación de Financiamiento Educativo establezca un porcentaje (2 por ciento probablemente) específicamente para la educación superior, cuyo destino debería ser orientado por una normativa de ese nivel educativo. Asimismo, en el nuevo texto debería plantearse mejorar las metas de inversión ya logradas: alcanzar alrededor del 10 por ciento del PBI en 2015 y aumentar la inversión por alumno, entre otras. Uno de los temas que presenta mayores dificultades es la relación entre el irresuelto pacto de co-participación nacional y la proporción de la inversión en educación de la Nación y las provincias, que en la actualidad es de 40 y 60 por ciento respectivamente y requiere una paulatina mayor equidad.

La nueva ley deberá proyectar que se complete la inclusión obligatoria de todos los niños de 5 años en el nivel preescolar (en el caso de la provincia de Buenos Aires desde los 4, como establece la Ley 13.688/07) y se universalice la oferta para los niños de 2 a 5 años; que la secundaria alcance al 100 por ciento de los adolescentes; que se llegue a porcentajes mínimos de analfabetismo con terminalidad (que sólo se logra con intensas y continuadas campañas, que se vienen haciendo, cuya interrupción suele ser catastrófica), así como fortalecer y mejorar las modalidades que establece la Ley de Educación Nacional (adultos, contextos de encierro, especial, intercultural). Además, resulta indispensable fortalecer todo el sistema de información educativa que incluya indicadores de inversión y subvención de la educación de gestión privada, así como de los emprendimientos de gestión social, que están cobrando un espacio inédito y requieren legislación, supervisión y en algunos casos financiamiento.

Importan tanto las metas cuantitativas como las cualitativas, que son las que establecen reglas del juego entre los distintos sectores involucrados en el proceso educativo. Ese fue otro de los aciertos de la Ley de Financiamiento Educativo del 2005, al establecer las convenciones colectivas de trabajo como el mecanismo idóneo para discutir y acordar con los docentes el conjunto de problemas comunes. La paritaria nacional tiene el agregado de ser un dispositivo de fuerte articulación del sistema escolar, disgregado en la década de los ’90, en el marco de una política de reconstitución del sistema educativo nacional sobre bases federalistas.

La ley puede ser fruto de un consenso con el sector docente y contar con el apoyo de las fuerzas políticas, que se vea reflejado en varias metas. La primera debería ser llegar a acordar en la paritaria nacional mecanismos salariales por cinco años basados en un salario básico testigo nacional, acompañado de una ecuación que permita la movilidad periódica, dejando a las paritarias provinciales la resolución de plus salariales por regionalización, capacitación y otros. Dar una solución de mediano plazo al problema de la retribución del trabajo docente no sólo evitaría el clima de irritación e inseguridad que se produce cada vez que el pedido de aumento llega al borde del paro, o al paro mismo, sino que permitiría abrir en las paritarias otros temas que impactan directamente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Por otra parte, la nueva ley debería incluir como meta una actualización del régimen laboral docente, tanto público como privado, destinado principalmente a establecer una carrera docente con diseños institucionales acordes a las necesidades educativas de niños y adolescentes que requieren nuevos roles asociados a la tarea de enseñar.

De inmediato surgen otros objetivos de enorme importancia: la reparación del 100 por ciento de los edificios escolares, lo cual incluye las obras medianas indispensables para la inclusión de los alumnos en la secundaria obligatoria, la conclusión del programa de construcción de nuevas escuelas, la digitalización de todas las aulas y la reunificación de los cargos docentes. Esta última meta aborda problema profundos: terminar con los profesores-taxi que deben concurrir a cuatro o cinco establecimientos públicos y privados para reunir su salario, es la posibilidad de organizar equipos docentes, lograr una mayor concentración de los maestros y profesores en su trabajo, que conozcan bien a sus alumnos, en fin, aquellas condiciones indispensables para que se establezca el vínculo de enseñanza-aprendizaje, tan dañado en las últimas décadas, y donde residen los procesos más importantes de la educación.

El texto legal que ordene el financiamiento de la educación, de cara al Bicentenario, debe reflejar una filosofía de la educación, una política educativa y acuerdos sociales para un tema que merece el mayor de los esfuerzos de todos los sectores políticos y sociales.

* Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (Frente para la Victoria).