Familiares de las 65 víctimas fatales del accidente del avión de LAPA, ocurrido el 31 de agosto de 1999, denunciaron ayer que la causa “podría prescribir para todos los casos en los que hubo absoluciones”, las que todavía no pudieron ser apeladas por la parte querellante debido a que el Tribunal Oral Nº 4 recién dará a conocer los fundamentos del fallo el 31 de marzo próximo, a las nueve de la noche. “Hubo seis absoluciones y dos condenas, pero recién vamos a poder apelar el fallo a partir del 1º de abril, después de analizar los fundamentos, cuando la acción penal, en el caso de los que no fueron condenados, prescribe el 11 de mayo” próximo, explicó a Página/12 el abogado querellante Hugo Wortman Jofré. Esto significa que la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación va a tener muy poco tiempo (algo más de un mes) para analizar y resolver la apelación “en una de las tres causas más grandes de la historia”, junto con el juicio a los ex comandantes, realizado en 1985, y la causa por el atentado contra la AMIA, subrayaron Mateo García y Miguel Correa, en representación de los familiares.

“La prescripción, como están dadas las cosas, va a ser una bomba de tiempo que va a quedar en las manos de la Sala IV de Casación”, cuyos integrantes son Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda. La querella, representada por Wortman Jofré, que acusó a los ocho imputados por el delito de “estrago doloso”, es la única en condiciones de solicitar que se revea el fallo. Los familiares precisaron las razones de su preocupación: “Lo más grave es que podría prescribir la acción penal contra quienes nosotros consideramos los máximos responsables: Guillermo Deutsch y Ronaldo Boyd”, presidente y vicepresidente de la compañía, para quienes los querellantes habían pedido 15 años de prisión efectiva.

Los únicos condenados por el Tribunal Oral Nº 4, a tres años de prisión en suspenso –sin aplicación efectiva–, fueron Valerio Diehl, ex gerente de Operaciones de Lapa, y Gabriel María Borsani, jefe de línea de los aviones 737-200, uno de los cuales fue el accidentado. En los casos de Diehl y Borsani, la acción penal seguirá vigente porque ambos fueron condenados y esto interrumpe la prescripción de la causa, aun cuando la pena no esté firme. En cambio, el 11 de mayo prescribiría la acción penal contra los seis absueltos: Nora Arzeno, gerente de Recursos Humanos de Lapa; Federico Chionetti, gerente de Operaciones; los ya nombrados Deutsch y Boyd, y los ex jefes de la Fuerza Aérea Damián Peterson y Diego Lentino.

En el caso de los dos militares, en el fallo del Tribunal Oral Nº 4 ambos fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal, respecto de la acusación fiscal por “estrago culposo”. En el caso de que la Cámara de Casación interprete que deben ser acusados por “estrago doloso”, esos sobreseimientos podrían ser modificados.

“El problema –insistieron los familiares de las víctimas– es que todo parece encaminarse hacia la prescripción de la acción penal contra los seis que fueron absueltos, porque a Casación le están dejando muy poco tiempo para analizar el voluminoso expediente.” El fallo, que terminó con dos condenas y seis absoluciones, fue firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini, con el voto en disidencia de Cristina San Martino, quien, según trascendió, habría pedido penas de prisión efectiva para todos los imputados, con la única excepción de Nora Arzeno.

El principal argumento de la querella podría basarse en la postura de la doctora San Martino, de acuerdo con lo que adelantó en su momento el abogado Wortman Jofré. En diálogo con Página/12, los representantes de la Asociación de Víctimas Aéreas, que nuclean a los familiares de las personas que murieron en el accidente, revelaron ayer el contenido de un diálogo que mantuvieron, en agosto del año pasado, con la jueza, quien en ese momento había sorprendido a todos con la presentación de su renuncia al cargo, lo que podría haber provocado una demora mucho más prolongada en un proceso que lleva más de diez años.

“Cuando nos entrevistamos con San Martino para pedirle que no renunciara, ella nos dijo que nosotros, cuando finalizara el juicio, íbamos a entender el porqué de su determinación. Lo que ella nos expresó textualmente era que el juicio se estaba alargando ‘de manera innecesaria y por eso, con lo que hago, estoy alertando para que este juicio no se cierre’”, aseguraron García y Correa. Finalmente, la renuncia quedó en suspenso y recién se hará efectiva a partir del 1º de abril próximo.

“El juicio oral demoró dos años, pasaron cerca de 600 testigos y muchas veces las audiencias fueron increíblemente breves. En algunas semanas hubo tres audiencias y en otras apenas una o ninguna. Cuando llegaron los alegatos, se produjo un paréntesis innecesario entre el 7 de enero y el 2 de febrero, cuando apenas habían quedado pendientes las palabras finales de dos de los imputados, que se hicieron en dos días sucesivos, cuando en cada caso no duraron más de diez minutos.” Por todo lo expuesto, los representantes de los familiares insistieron en que “por parte del tribunal hubo una clara intención de alargar las cosas y esto nos está poniendo ahora al borde de la prescripción”.

Wortman Jofré presentó dos escritos ante el Tribunal Oral Nº 4 para que se adelante la lectura de los fundamentos, pero las respuestas “fueron negativas”. Ante esa situación, acudió el miércoles en queja ante la presidencia de la Cámara de Casación “por el retardo de justicia, que en definitiva va a terminar con una sanción al Estado argentino, dado que nos vamos a presentar en forma preventiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque estas demoras nos llevan a la prescripción”.

Ayer, los familiares y el querellante se presentaron ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por Diana Conti, para exponer la situación planteada. Antes mantuvieron reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la presidencia y la fiscalía de Casación, y solicitaron una audiencia urgente con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.