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Las medidas cautelares inconsultas y mal fundadas, un síntoma de la época, llegarán a la Corte Suprema. Un tribunal de Mendoza (tierra del sol, del buen vino y del Grupo Vila-Manzano) ratificó una medida de no innovar contra la ley de servicios de comunicación audiovisual (LdSCA). La argumentación de Sus Señorías es paupérrima, como es regla en las que se han sucedido en los meses recientes. Al promotor del recurso, el diputado Enrique Thomas (del peronismo itinerante), no se le pidió fianza por los daños que podrían derivarse de su planteo, si fuera rechazado más adelante. Las irresponsabilidades de camaristas y litigantes compulsivos van de la mano.

Las medidas cautelares admitidas generan consecuencias similares a las de sentencias definitivas. Son bartoleadas por jueces acaso vanidosos, acaso sumisos ante los poderes fácticos, acaso irresponsables, acaso algo peor (tache lo que no corresponda o elija su propia calificación). Un prurito formal es el pobre fundamento de la decisión de la Cámara mendocina que frena una ley sancionada en el Congreso, por mayorías muy amplias, con apoyo de un abanico que trascendió largamente al oficialismo nacional. Si eso no es la peor variable de la judicialización, le pasa cerquita.

En la Corte Suprema y en estadios superiores del Poder Judicial cunden la preocupación y las críticas por esa seguidilla de fallos. Así se comentó en esta columna y en una recomendable nota de la colega Irina Hauser publicada la semana pasada en Página/12. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, dejó clara su posición expresando que “los jueces no deben gobernar”. Eugenio Raúl Zaffaroni, en declaraciones periodísticas, describió la judicialización como un problema mundial, no para promover pasividad sino para alertar sobre sus riesgos.

Esta Corte tiene voluntad de mejorar la calidad institucional, reparando desaguisados cometidos durante la década del ’90 y a comienzos de este siglo. Desquicios legales, confiscaciones de jubilaciones o de ahorros, violaciones de derechos humanos, pasividad en la defensa del medio ambiente han sido reparados, así fuera en parte, por sucesivas intervenciones del tribunal.

Los Supremos, dentro de lo posible, prefieren expedirse en momentos no candentes, para que sus decisiones no parezcan inscriptas en el fragor de la lucha política cotidiana. En el caso de la ley de medios no podrán: el recurso extraordinario llega cuando la cuestión está que arde. La mencionada ley y el poder del mayor multimedios nacional están en el centro de la polémica. Tanto que, por primera vez con esa magnitud y masividad, fue uno de los ejes de la movilización del 24 de marzo en la Plaza de Mayo.

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Una papa ardiente: Supuestos constitucionalistas que nunca dictaron Derecho Constitucional ni escribieron sobre la materia más que gacetillas, enuncian un rebusque para que el Tribunal rechace el recurso del Estado nacional. Las medidas cautelares, recuerdan, no habilitan por lo general la competencia de la Corte. Esta regla es válida pero no absoluta. Parte de un supuesto desvirtuado por magistrados volubles: en principio las medidas cautelares son excepcionales, se dictan por razones de urgencia y sus efectos son reparables más adelante. La suspensión de la vigencia de la ley de medios, como la del Fondo de Desendeudamiento, bien miradas, persiguen y consiguen el efecto contrario: perpetuar la parálisis, sin el debate propio de un juicio completo.

La gravedad institucional es evidente: un diputado ha frenado una ley dictada por su Cámara tras quedar en minoría en la votación. Thomas puede aspirar a ganar varios premios de Platino y a ser paseado en triunfo por las radios, pero su mala praxis no debe ser santificada en los tribunales.

En junio de 2007, en una circunstancia poco recordada, la Corte decidió que la gravedad institucional es más importante que los ritos procesales. Citando precedentes, resolvió que “en situación de grave riesgo institucional la actuación de esta Corte está justificada para permitir el desenvolvimiento armonioso de la actuación de las autoridades federales y provinciales”. Se trataba, coincidentemente, de un pleito en el que estaba implicado el Grupo Clarín: se caratulaba “Multicanal S. A. y otro c/ Conadeco y otro s/Acción declarativa de certeza”. Se debatía la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Un tribunal del ahora célebre fuero contenciosoadministrativo de la Capital trataba el reclamo de Multicanal. Por esos avatares de la política doméstica, en aquel entonces el gobierno de San Luis estaba enfrentado con el Grupo. Un juez de esa provincia se declaró, a su vez, competente para intervenir en la Declaración de certeza. La contienda entre jueces de un mismo rango fuerza a llevar el expediente a instancias superiores y a otra jurisdicción. La movida del juzgado de San Luis inducía a un trámite engorroso y largo. Esos menesteres, imprescindibles, suelen insumir meses o años, que suele ser el designio principal de quien chicanea.

La Corte zanjó el conflicto ahorrando tiempo, obviando las etapas habituales: lo resolvió a favor del Grupo Clarín. La solución de fondo, razonable, había sido sugerida en el dictamen de la Procuración General. En aras de la celeridad y de la solución práctica, el Tribunal incurrió en lo que podría llamarse un pequeño per saltum, virtuoso.

La decisión que ahora le llega es de enorme dimensión política y concierne a todos los grupos multimediáticos. Es una papa ardiente, que será mucho más discutida que “Multicanal c/Conadeco”. La buena lógica aplicada entonces, privilegiar la “economía procesal” (ahorrar etapas y perdederos de tiempo) debería replicarse ahora.

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Otra señal en danza: En paralelo, los cortesanos maquinan pronunciarse sobre los Decretos de necesidad y urgencia (DNU). A su ver, el Ejecutivo abusa de esa herramienta y sería prudente hacerle llegar “una señal”. En este tema, el Tribunal tiene a la mano varios expedientes añosos, que controvierten DNU de presidencias anteriores. Ese es su formato preferido, como ya se dijo: sentar doctrina sin causar estrépito en la coyuntura. Pero en la vida nada es perfecto: los DNU del pasado se dictaron bajo otra legislación que los actuales. Y muchos de los que están sometidos a la Corte se entreveran con facultades de la Ley de emergencia económica, de por sí muy polémica. Tanto que los jueces del Tribunal disienten entre sí sobre su constitucionalidad. Un fallo forzaría un debate prolongado, concesiones mutuas, tal vez un pronunciamiento no unánime.

De cualquier modo, en términos políticos, poner en la palestra esa cuestión en combo (jamás confeso, pero patente) con la LdSCA podría servirle al tribunal para hacer equilibrio en la brega entre oficialismo y oposición.

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La chicana está de moda: En un reportaje concedido a Radio Nacional, el joven abogado Rodolfo Yanzón, que representa a querellantes en la causa ESMA, hizo una sugestiva interpretación sobre el discurso de los marinos represores. Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz reproducen, sin duda, un ánimo desafiante que siempre exhibieron los cuadros de la Armada. Pero, además, prolongar sus alocuciones gana tiempo, prolonga el juicio oral. Ellos están convencidos –explica Yanzón, que los ha observado bien– de que cada minuto que ocupan alegando es un minuto menos del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y suponen que, cuando eso suceda, estarán más cerca de zafar de una sentencia condenatoria. El letrado acotó que esa inferencia es errada, que la búsqueda de verdad y justicia trasciende a este gobierno y está arraigada en la sociedad. El cronista piensa de igual manera. La masividad y la composición generacional de la movilización del miércoles pasado robustecen esa interpretación. Pero los marinos leen la realidad de otro modo: apuestan a la dilación, al cambio de escenario político.

Traspolando un poco pero quizá sin exagerar, es patente que una ola chicanera recorre el sistema político y se ancla en los tribunales. La oposición traba en el Foro lo que perdió en el Congreso. La familia Noble difiere hasta el infinito la producción de una prueba que, producida, podría despejar dudas y sacar de la agenda pública el debate sobre su conducta personal durante la dictadura. Los represores, ya se dijo.

Una de esas cuestiones coloca a la Corte en el ojo del huracán. Las presiones que recibirá superarán cualquier antecedente de su breve historial, muy superior al viento de fronda que azotó la discusión de los pliegos de Zaffaroni y Carmen Argibay. El enardecimiento de las corporaciones mediáticas (que se traslada al estilo y al contenido de sus diarios, radios y canales de TV) es inédito. El tribunal hubiera preferido que las cámaras señalaran el rumbo sensato, contrario al elegido por jueces funcionales al poder mediático. Pero los magistrados mendocinos optaron por alinearse tras el poder real.

Hasta ahora, la Corte (con aciertos y errores, que los tuvo) se apañó más que bien para rectificar desviaciones de los otros poderes del Estado. Poco incursionó en las del propio estamento judicial ni en limitar la prepotencia y las prerrogativas del establishment. Son tareas congruentes con su trayectoria, sí que más difíciles. Ahora, en un clima político caldeado y en medio de un pressing formidable de los poderes fácticos, le cabe el desafío de actuar a la altura de sus antecedentes, de sus convicciones y de sus responsabilidades.

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