A menos de un mes del inicio del juicio por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia y ciudadano norteamericano desde 1987, obtuvo el jueves una señal alentadora por parte de su patria adoptiva. Pese a que hace ya dos años admitió en un memorándum de su empresa RGB Group Inc. que dedicaba “tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre”, el juez Robert Dubé, miembro de la Corte de Florida, le concedió sin fundamentos ochenta días de prórroga: no dictará la sentencia de extradición el 2 de abril, como había previsto, sino el 23 de junio. El expediente, al que accedió Página/12, incluye un dato notable: Bravo acaba de viajar a Guantánamo como jefe de la Fuerza de Tareas sobre Tratamiento de Enemigos Combatientes de la American Bar Association.

El Ñato Bravo era jefe de turno la madrugada de la masacre. Los sobrevivientes María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, caídos para siempre en la siguiente dictadura, lo señalaron como el encargado de rematar a los fusilados. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ordenó su detención el 9 de febrero de 2008. Diez días después Página/12 reveló que Bravo vivía en Florida y era dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares norteamericanas.

El 7 de marzo de 2008, según escribió el fiscal Jeffrey Sloman cuando pidió no dilatar la extradición, el marino devenido empresario admitió en un memorándum dirigido a clientes y colegas que debía dedicar “tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre”, e informó que daba “un paso al costado” con el fin de “eliminar distracciones” que pudieran afectar a la empresa. “No voy a permitir que acusaciones basadas en hechos distorsionados sigan sin tener respuesta”, advirtió. “Como ciudadano norteamericano estoy listo para responder a estos cargos a través de nuestro sistema judicial (sic) y cuando sea el momento. Mis abogados también tomaron medidas para confrontar esta persecución política vengativa”, sostuvo.

La detención se concretó el 25 de febrero, cuando la tarea de higienizar su nombre con el respaldo de sus abogados llevaba casi dos años. A la semana recuperó la libertad, luego de pagar en efectivo 25 mil dólares sobre un total de 1,2 millón que el juez Dubé le fijó como fianza. El magistrado le retuvo entonces el pasaporte, le prohibió salir del estado de Florida, le retiró el permiso para navegar y anunció para el 2 de abril la audiencia para dirimir la extradición.

Al solicitar la prórroga, el abogado Neal Sonnett argumentó que su cliente no era extraditable por cuanto el pedido de la Argentina se enmarcaba en una “ofensa política” que no describió. Agregó que Bravo fue amnistiado en 1973, causal que el juez Sastre y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron ante planteos de otros imputados por considerar que el fusilamiento de los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson era un delito de lesa humanidad, imprescriptible e inamnistiable. Al enumerar las tareas que le impidieron a Bravo avanzar en la lectura del expediente, que recibió en castellano e inglés, Sonnett apuntó un “procedimiento quirúrgico”, viajes de negocios, su actuación como miembro del directorio de la American Bar Association y como jefe de la Fuerza de Tareas de Tratamiento de Combatientes Enemigos de ese organismo, “incluido un viaje a Guantánamo la semana pasada”. La misión de la task force sería la elaboración de leyes para fijar estándares claros sobre los procedimientos aplicables a los “combatientes enemigos” que tienen ciudadanía norteamericana en la cárcel de la Bahía de Guantánamo.

El fiscal Jeffrey Sloman, que representa en el caso los intereses del Estado argentino, argumentó que la detención no pudo haber tomado por sorpresa a Bravo, explicó que llevaba dos años preparando su respuesta al pedido de extradición y citó como pruebas el memo de RGB Group Inc. y un artículo con declaraciones de su abogado publicado por el diario Miami Herald en marzo de 2008. El fiscal destacó “la naturaleza y el propósito limitado de una audiencia de extradición”, explicó que no era el momento “de contradecir evidencia” ni de “establecer una defensa de los crímenes alegados”, le reclamó al juez Dubé que “procediera expeditivamente” pero no logró conmoverlo. En media carilla, sin emitir ningún fundamento, el magistrado resolvió postergar su sentencia para el 23 de junio. Ese día se sabrá si garantiza la impunidad de Bravo o si concede la última palabra al Departamento de Estado.

Los imputados en condiciones de ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia son seis: los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Amadeo Marandino como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de facto de Agustín Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento. El Centro de Información Judicial informa en su sitio web que el juicio comenzará el próximo 22 de abril.

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