“Un modelo de desigualdad mantiene el virus de la ideología genocida”, define Gianni Tognoni, italiano, doctor en filosofía y en medicina, uno de los mayores especialistas mundiales en políticas sanitarias. Tognoni dirige el Instituto Mario Negri Sud, que realiza investigaciones independientes sobre la industria farmacéutica. En los ’70 mostró cuáles son los medicamentos que mejoran el pronóstico de las enfermedades y cuáles son sólo herramientas de mercado, y siguió propiciando legislaciones en todo el mundo tendientes a que “la salud sea un derecho y no un capítulo del mercado”, según describe en diálogo con Página/12. “Hay que crear redes de epidemiología comunitaria, como estamos haciendo en Argentina, que practiquen una cultura médica vinculada con la gente, y lo mismo debería ocurrir con el sistema judicial”, apunta. A su criterio, los juicios por delitos de lesa humanidad no deben quedar en las paredes de los tribunales, sino estar “dedicados a toda la sociedad”.

Tognoni conoce la realidad argentina desde antes del inicio de la última dictadura, una relación que profundizó cuando empezó a recibir en su casa a exiliados. Trabajó en el Tribunal Russell II, donde el caso argentino fue presentado a partir del impacto de las transnacionales en la doctrina de seguridad nacional. A poco de haber sido creado, en 1979, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), del que Tognoni es secretario general, tuvo como uno de sus primeros casos al argentino. Fue la primera vez que se presentaba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

“Argentina mira su historia no sólo para enjuiciarla, sino también para articular sus planes de futuro, donde la memoria fue experimentación del terror y ahora la sociedad coincide en que los protagonistas siguen en ella y que las consecuencias dejan huellas no sólo de culpabilidad, sino también culturales y sociales”, afirma al abordar la temática del seminario que lo convocó, organizado por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Tres de Febrero. “No estamos discutiendo sólo el punto de vista penal de las condenas, sino también sobre un derecho propositivo y preventivo para evitar que las consecuencias de lo que pasó sigan violentando hoy la vida de las personas. Estamos viendo cómo comunicar sin prolongar la contaminación de violencia de la dictadura, para salir de la parálisis que pretende el terror, que golpea a uno para frenar a miles. Por eso, además de juzgar a los victimarios por las víctimas, hay que pensar en las mayorías, en las nuevas generaciones, a las que hay que contar esta historia con un criterio de lectura del presente. Los juicios deben servir para transformar la doctrina jurídica, por eso deben seguir articulados con todos los ejercicios de la memoria que se están haciendo. Lo jurídico no debe quedar en los juicios, sino ser dedicado a toda la sociedad”, afirma Tognoni.

–La Federación Internacional de Derechos Humanos consideró que Argentina es el mayor tribunal juzgando delitos contra la humanidad, pero marcó problemas prácticos que prolongan los juicios y hacen que los victimarios mueran antes de ser juzgados.

–Es una probabilidad muy alta. A nivel internacional es peor. Para garantizar los derechos de los imputados los juicios se retrasan de manera infinita sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas, y eso es un desafío. No se trata sólo de los juicios de los tribunales. Argentina en este sentido es una escuela pública de derecho, un modelo para muchos países. En el debate sobre la calificación de estos delitos estoy de acuerdo con que se los llame genocidio, no se trata de juzgar actos separados, sino un proceso. La verdadera culpabilidad es haber hecho de la eliminación de muchas personas un proyecto. El concepto de genocidio es más que una categoría penal, explica un proceso en el que fue posible y tolerable eliminar a una parte de nosotros, que una sociedad declare a algunos de sus miembros como enemigos o terroristas, algunos humanos y otros no, y ese riesgo sigue. Hoy, en nombre de una seguridad global, se pretende discutir la pena de muerte. O, como en Italia, declaran a los migrantes clandestinos criminales que ponen en riesgo la civilización.

–¿No es un retroceso civilizatorio?

–Claro, por eso la memoria debe servir para la prevención, como dice la Convención sobre Genocidio. Mi experiencia en el Tribunal de los Pueblos es que hay que juzgar con vistas al futuro. Los juicios no deben ser sólo la propaganda contra alguien, sino la herramienta para que esos hechos no se repitan. El derecho de existencia de las personas no puede ser puesto en discusión, cada vida debe ser sagrada. El mensaje de las Abuelas y de las Madres es que cada vida es imprescindible.

–¿En Argentina, entonces, hubo un genocidio?

–Esa es mi opinión. De hecho, el Tribunal de los Pueblos en su primera sentencia, en 1980, había discutido formalmente esto, pero una definición académica no permitía hablar de genocidio. Una vez que se pudo documentar mejor, no quedaron dudas. Era la legislación que venía detrás de la realidad, cuando debe ser al revés. Por eso, ahora un grupo de juristas tiene que proponer una modificación formal de la definición de genocidio que existe en Naciones Unidas, que era intocable por razones políticas. Tiene que ser más amplia y coincidente con lo que ocurre en la realidad. En la actualidad se violan derechos humanos ya no torturando, sino con mecanismos económicos y sociales que producen los mismos efectos.

–¿Se trata de crear los anticuerpos para que esto no vuelva a pasar?

–Frente a otros países, Argentina desarrolla una capacidad de inmunización importante. La inmunización sirve si se hace sobre la mayoría de la población, si no, la infección permanece y puede volver aún más dañina. Argentina tiene que decidir qué modelo de sociedad quiere. Si sigue siendo de desigualdad se mantiene el virus más importante de la ideología genocida. Cuando las desigualdades aumentan, se corre el riesgo de que algunos se consideren más importantes que otros. Si las distancias culturales y socioeconómicas se consideran normales, esto significa que la gente no reconoce los derechos universales de todos y de todas. El pasaje del derecho a la economía, del derecho a la cultura, del derecho a la organización social sigue siendo el principal problema. De hecho, todavía la Corte Penal Internacional no reconoce los crímenes económicos como algo a enjuiciar. En Argentina están siendo enjuiciados los ejecutores de quienes garantizaban el modelo de venta del país.

–Si hay algo emblemático de la representación del pasado en el presente es la desaparición de Jorge Julio López. ¿Conoce el caso?

–Es la demostración de que, a pesar de todo, el pasado continúa. Desaparece un testigo que cumplió su deber en uno de los juicios más originales, y que no se pueda hacer nada es dramático, es un criterio de no credibilidad. Uno pretende tener testigos y luego no puede protegerlos. Significa que hay un sistema como la mafia en Italia. Es impresionante porque no pasó con (el ex presidente Carlos) Menem, pasó ahora. Y a pesar de cambiar las cúpulas militares, no se sabe o se dice no saber. Es difícil conmemorarlo, no parece pertenecer al Estado, aunque fue un testigo clave. Lo recuerda la población, pero el Estado no se responsabiliza.

–¿Es posible juzgar a todos los represores por todas las víctimas?

–Más allá del juicio penal, hay que juzgar el genocidio. Cada individuo es expresión de un pueblo que desapareció, y eso debe entrar en la conciencia de la gente, si no quedarían como juicios comunes a simples ladrones. Así son los mecanismos de impunidad del mundo, pretender que sólo los casos condenables son aquellos donde se dan todos los elementos de juicio. En 1991 hicimos un tribunal de los pueblos en América latina y vimos que las dictaduras saben que el derecho existente no puede demostrar su culpabilidad. Al final se quedan impunes, lo cual infecta a la sociedad con un no respeto de las normas. Aunque (el represor Alfredo) Astiz no hable, hay evidencias históricas más importantes que su palabra.

–¿Qué es el Tribunal de los Pueblos?

–Una iniciativa nacida a mediados de los ’70, cuando se comprueba que el derecho de los Estados no tenía la voluntad de enfrentar violaciones masivas a los derechos humanos. Nació como consecuencia del Tribunal Russell II sobre dictaduras en América latina, con la idea de que lo que ocurría allí podía repetirse con formas diferentes en otras partes del mundo. Es una oportunidad para los pueblos de tomar la palabra, con testigos y documentación, y poder juzgar bajo una interpretación del derecho internacional las violaciones denunciadas. Además del caso argentino, trabajamos con la dictadura de Marcos en Filipinas, la invasión soviética a Afganistán, el genocidio en Guatemala, el caso del Tíbet y el de Argelia, entre otros. Denunciamos que los programas de asistencia dicen que los niños son prioridad y en los hechos esto no ocurre.

–Dado que sus decisiones no son vinculantes, ¿cuál es la eficacia del Tribunal de los Pueblos?

–Podemos dejar constancia de los hechos, por eso las sentencias son herramientas para los pueblos, pasan a formar parte de procesos de concientización. Medir eso no es fácil. La presión que pusimos en París con los desaparecidos argelinos fue grande e hizo que el gobierno lo publicara por primera vez y permitiera a las familias pedir por ellos.