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Ni siquiera el decreto de estado de sitio estuvo bien hecho. De las 29 detenciones ordenadas por el gobierno de la Alianza hace un año, siete corresponden a personas con pedido de averiguación de paradero. Uno vive en La Pampa y no conoce Buenos Aires y otro estaba en España al momento de los hechos. Además de esta evidente desprolijidad, revelada por Página/12 hace dos meses, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers determinaron que el decreto 1682/01 “falta a la verdad” porque esas personas no estaban atentando contra el orden sino manifestándose en contra de la represión. Por eso pidieron el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa, del ex ministro del Interior Ramón Mestre y del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Virgilio Loiácono por el delito de abuso de autoridad. Y aprovecharon la oportunidad para insistir en que De la Rúa y demás funcionarios políticos y policiales sean interrogados por las cinco muertes ocurridas durante la masacre con que sofocaron la rebelión popular que precipitó su retirada.
El ex presidente sólo había sido indagado por la presunta ilegalidad de aquellas 29 detenciones y la jueza María Servini de Cubría le dictó la falta de mérito, que ahora los fiscales piden se transforme en procesamiento. Ellos tienen a su cargo la investigación de lo que pasó en las calles durante la represión del 20 y antes de fin de año estarían en condiciones de elevar a juicio oral la parte de la causa referida al asesinato de Gustavo Benedetto, por la que están acusados el ex teniente coronel Jorge Varando y el subcomisario Omar Bellante. “Más allá de las connotaciones políticas, ideológicas, históricas y sentimentales que el aniversario del 20 de diciembre pueda representar, no podemos dejar de insistir en la imperiosa necesidad de avanzar en el estudio de las situaciones procesales de los máximos representantes del poder político y de la Policía Federal que intervinieron en los acontecimientos”, escribieron Luis Comparatore y Patricio Evers. Por eso reiteraron, por cuarta vez, la necesidad de convocar nuevamente a indagatoria a los jefes policiales de aquel operativo, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, a De la Rúa y a Mestre, tal como lo ordenó la sala I de la Cámara Federal. El ex presidente y su ex ministro político quieren evitar por todos los medios dar explicaciones ante la jueza sobre las muertes de los manifestantes, aunque en la mayoría de sus escritos ya lo han hecho. Por eso sus abogados presentaron recursos ante ese tribunal para cuestionar el llamado a indagatoria ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Si los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani lo rechazan podrán acceder igual al Máximo Tribunal pero deberán hacerlo “en queja”.
Por orden de la Cámara, fueron interrogadas 22 de las 29 personas mencionados en el decreto: muchos de los detenidos fueron aprehendidos por protestar ante los abusos cometidos por la policía al reprimir a los manifestantes, otros estaban en la Plaza de Mayo por curiosidad, uno de ellos iba a su trabajo y otros ni siquiera habían llegado al lugar. Los fiscales concluyeron que los detenidos no se encontraban en actitud violenta, y aunque admitieron que el Presidente puede arrestar personas sin probar que hayan cometido un delito, señalaron que “no se puede tolerar que el Poder Ejecutivo no brinde razones plausibles para detener elementos de juicio mínimos que sean verosímiles”. Comparatore y Evers describieron que aunque había pocos manifestantes en la Plaza de Mayo hubo una “decisión política” de despejarla. Por eso el ex jefe de la Federal ordenó a sus subordinados que quería “50 detenciones”, lo cual le valió el procesamiento por abuso de autoridad. Y consideraron demostrado que tanto De la Rúa como Mestre “tenían la suficiente información como conocer que el decreto PEN 1682/01 reflejaba falsamente una privación de libertad de 29 personas que no guardaban ninguna relación con el estado de sitio”, y por lo tanto también cometieron el delito de abuso de autoridad.